Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
Con, 77 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones, el Senado de la Republica aprobó reformas al Código Penal y la Ley General de Salud para que se prohiban los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, conocidas como “terapias de conversión”.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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EMEEQUIS.- Luego de diversas batallas legislativas durante todo el sexenio, este jueves el Senado de la República aprobó que el Código Penal y la Ley General de Salud se reformen para que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) conocidos como “terapias de conversión” sean prohibidos y sancionados al considerarse como actos de tortura.
Patricia Mercado, una de las senadoras que trabajó en conjunto con miembros de la sociedad civil para promover la iniciativa de ley, celebró la aprobación del dictamen.
“Nos costó casi seis años hasta ser el último dictamen en aprobarse”, dijo la senadora a través de sus redes sociales.
En la discusión en el pleno, 77 senadores votaron a favor, 4 en contra y 15 senadores se abstuvieron.
En los dictámenes -que se espera que el Ejecutivo Federal firme el documento y lo publique en el Diario Oficial de la Federación- se adiciona el artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y el artículo 465 Ter a la Ley General de Salud.
En dichos artículos la persona que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona podrá ser sancionada con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 108 y 216 mil pesos.
Asimismo, en el proyecto de decreto quedó establecido que la presentación de una denuncia es motivo suficiente para dar inicio con la investigación de los hechos.
En el caso de los familiares que estén involucrados en obligar o financiar las prácticas de una ECOSIG para la víctima, también serán sancionadas con una amonestación o apercibimiento a consideración del juez; mientras que las personas que tengan además relaciones laborales, académicas, médicas o cualquiera en la que la víctima sea subordinada serán destituidas e inhabilitadas para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Los profesionales de la salud que se involucren en este tipo de prácticas que buscan restringir e impedir una orientación o identidad sexual, así como la expresión de género de una persona podrán ser sancionados de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.
De acuerdo con la ONU, las ECOSIG son muy frecuentes en África, América Latina, el Caribe, Europa del Este y Asia.
Las “terapias de conversión” causan profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren. Por ese motivo, los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que esas terapias pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Hasta el momento, México se suma a países como Ecuador y Malta que lo consideran un delito, mientras que Canadá, Francia, Alemania y Albania las han prohibido. También, en países como España y Estados Unidos hay legislaciones locales que sancionan estas prácticas.
Expertos de la ONU señalan que debe continuar la labor para erradicar la violencia y la discriminación, así como de concientizar a organizaciones religiosas.
@emeequis
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
“En la configuración actual, la cobertura de 21 extintores de CO₂ no abarca de forma integral todas las zonas sensibles del aeropuerto”, dice el documento, que sugiere la compra de al menos 140 de estos equipos.
“Era un gran compañero, siempre con una sonrisa, y un padre que adoraba a su hijo”. Así recuerdan en Canal Once a Dante Gutiérrez Reyes, camarógrafo asesinado el domingo.
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