Septiembre negro de AMLO: frentazos y aprietos de una administración popular

EMEEQUIS.– El noveno mes de 2022 podría constituir un punto de inflexión para la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la acumulación de frentazos y dificultades.

Los expedientes negativos son tantos y de tal calibre que la popularidad presidencial en sondeos de opinión ha terminado por no decir nada. 

El conflicto derivado del involucramiento activo de las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa descrito en el Informe Encinas; el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las revelaciones sobre su precaria salud, los secretos de su delicada relación con la milicia, el anuncio de un libro por salir que aborda presunto blanqueo en el historial financiero de López Obrador; la dificultad para aterrizar su agenda en el Congreso de la Unión…

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Son sólo algunos de los problemas graves de la gestión al arranque de su último tercio, y salvo el tema legislativo, el resto parecen constituir agendas sin retorno.

Son los idus de agosto que esta vez parecen haberse cebado sobre septiembre, y que presagian ya un octubre tormentoso. 

IGUALA Y LA MILICIA: ENTRE LA AFRENTA Y EL DELITO

La difusión que la periodista Peniley Ramírez hizo de las secciones ocultas del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, dejó al descubierto la participación activa de mandos y tropa del Ejército y de la Marina en los hechos del 26 de septiembre en Iguala y sucesos derivados.

Entre otras revelaciones, las secciones tachonadas incluyen alusiones a la posibilidad de que los cadáveres de los normalistas desaparecidos y fragmentos de los mismos fuesen depositados en las instalaciones del Batallón 27 del Ejército Mexicano; así como la intervención de la Marina Armada de México en el traslado de restos del tiradero de Cocula.

La difusión metió en un dilema a López Obrador, pues tuvo que moverse sobre el delgado filo de la lealtad a las fuerzas armadas y la promesa de justicia a los padres de los normalistas.

El tabasqueño había asegurado en agosto que los militares que participaron en la desaparición de los estudiantes eran solamente unas cuantas “manzanas podridas”, y la semana pasada se quejó de que la Fiscalía General de la República (FGR) girase órdenes de  aprehensión contra 20 militares implicados. 

“Son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército”, aventuró.

En consecuencia, la fiscalía retiró 16 órdenes de aprehensión. Pero no se resolvió el dilema.

Otras revelaciones del informe sin tachaduras enfrentan al gobierno de AMLO a decisiones sobre la eventual responsabilidad penal del expresidente Enrique Peña Nieto, quien habría ordenado una negociación con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Para colmo, Abarca fue exonerado el 14 de septiembre por un juez federal de toda responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Con ello, sumaron 97 imputados relacionados con las investigaciones que han sido absueltos, según reportó el diario Milenio.

Pero hay más todavía: el exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de copartícipe del “crimen de estado” perpetrado en la noche de Iguala y sus secuelas, autor de la “verdad histórica” y pez gordo de la caza obradorista en el caso, consiguió suspensión definitiva de su vinculación a proceso.

GUACAMAYAS: EXPUESTA, RELACIÓN DE ALTO RIESGO

El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo Guacamaya no sólo exhibió una gran vulnerabilidad de los sistemas del gobierno federal bajo la era obradorista.

Sino que, sobre todo, expuso una relación de elevada compenetración y alto riesgo entre el titular del Poder Ejecutivo y las fuerzas armadas. Una relación que ha puesto en manos de las élites castrenses un trozo mayúsculo de información sensible del Estado y de la administración en curso.

Pero además, el ciberataque abrió un voluminoso archivero de gordos expedientes a la prensa, que tras expurgarlos ha puesto en la mesa pública secretos sobre operativos, tramas de negociaciones entre militares y el Cártel de Sinaloa, como en el caso del culiacanazo y la liberación de Ovidio Guzmán; reportes sobre la comprometida salud de López Obrador, movimientos financieros de su círculo de confianza, o documentación sobre espionaje a opositores como el líder de FRENA y revelada por EMEEQUIS.

Los expedientes abiertos no sólo pondrán aún mucha información a la luz pública, sino que además, la mayoría de los temas lucen como sendas sin retorno. 

UN LIBRO DE ALTA TENSIÓN SOBRE PRESUNTO BLANQUEO DE AMLO

El mes cerró con nubarrones para el presidente por el anuncio del libro de la periodista Elena Chávez, expareja de César Yáñez, sombra de AMLO durante décadas, sobre el tráfico de influencias políticas del tabasqueño para obtener recursos procedentes del sector público, pero fuera de los circuitos legales de fiscalización .

Yáñez fue vocero y encargado de prensa del tabasqueño desde los 90s, luego cuando dirigió por primera vez el PRD, después en la jefatura de Gobierno y hasta el arribo al poder del grupo en 2018. Ha sido ya coordinador de Política y Gobierno en Presidencia y actualmente es subsecretario de Gobernación.

Elena Chávez, exreportera de Excélsior y UnoMásUno, entre otros diarios, anunció la publicación de El Rey del Cash. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. 

“Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso se sirvieron también con la cuchara grande”, dice la periodista en la contratapa.

Aunque el lanzamiento es hasta octubre, el título causó gran expectativa debido a la develación de un misterio que hasta ahora ha sido inexpugnable, y también por la filtración de las maniobras oficiales para impedir la publicación, en las que tendría un papel preponderante la secretaría de Gobernación.

Es el escándalo siguiente, anunciado casi de modo simultáneo con el hackeo a Sedena. 

CAMPO MINADO

A la suma de explosiones se agrega la derrota política en el Senado del 21 de septiembre, cuando el obradorismo no pudo reunir los votos suficientes para reformar la Constitución con el fin de ampliar a 2028 el control militar de la seguridad pública.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos se vieron precisadas entonces a presentar a la Mesa Directiva del Senado el retiro del dictamen. Quizá este sea el único frente que AMLO pueda encauzar hacia sus propósitos, pues hay una amplia operación oficial para ello.

En caso de que el control de daños le resulte en el legislativo, acaso sirva apenas para dar la impresión de que la agenda oficial marcha adecuadamente, pero será un delgado cortinaje para cubrir las tramoyas de una zona minada.

Más difícil será enderezar temas como la inflación desbordada, cercana a los dos dígitos; el nuevo desborde de la violencia criminal en Zacatecas, Zapopan, Michoacán, Guanajuato…

@estedavid

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