Prisión preventiva y el espanto de Ciudad Gótica

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEQUIS. El secretario de Gobernación, Adán López Hernández y la consejera Jurídica de la presidencia de la República, María Estela Ríos González, en unas cuantas líneas describieron el talante poco garantista de la 4T. 

Al refutar la posibilidad de que se cancele la prisión preventiva oficiosa, mostraron una concepción conservadora sobre los derechos humanos y las garantías procesales que les van aparejadas. 

Son coherentes con lo que ha impulsado el presidente López Obrador desde 2019, cuando por medio de una reforma a la Constitución, se aumentó el catálogo de conductas delictivas susceptibles de prisión inmediata y sin discusión. 

La argumentación es que los jueces no deben valorar los indicios con que cuentan las procuradurías, la situación particular del inculpado, y los riesgos de fuga, sino dejar encerrados a los presuntos responsables de un delito, para que no evadan la justicia. 

Es la persistencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener. 

Dentro del debate público, se ha colocado la idea de miles de delincuentes saldrían de las cárceles y entre ellos algunos de los más célebres. Sería algo así como entrar en Ciudad Gótica, donde los portones de los centros penitenciarios son abiertos para que salgan los rufianes. 

No es así. Lo que está en tela de juicio es el encarcelamiento obligatorio, no su necesidad. Ningún reo de relevancia alcanzaría su libertad, pero sí miles de inculpados que no han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente.

En efecto, nadie quiere que los delincuentes salgan de prisión, antes de culminar sus procesos, lo que está a discusión es la calidad misma de las indagatorias. 

López y Ríos señalan que una resolución de la Suprema Corte en contra de la prisión preventiva oficiosa crearía impunidad, lo cual es dudoso, porque ahora la ineficacia, en el caso de homicidio doloso, ronda en el 90 por ciento, de acuerdo al estudio Percepción de Impunidad 2022.

México ocupa el puesto 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad, por problemas estructurales en los sistemas de seguridad y justicia. 

También es curioso que un gobierno tan poco abocado al combate a los delitos, ahora se escandalice por la posibilidad de obligar a las fiscalías para realizar mejor su trabajo. Ese es el centro del asunto, que, aunado a la presunción de inocencia, dan una dimensión de lo que en realidad está en juego a partir del proyecto de ministro José María Aguilar. 

Una de las criticas es que se hacen al proyecto, desde las vocerías de gobierno, es que responde a criterios internacionales. Pues sí, a los que devienen de los pactos de protección a los derechos humanos firmados por México. 

Un dato para reflexionar. Cuando se aumentó la lista de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa, y entre ellos los de uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, corrupción de menores, robo a casa habitación, entre otros, los legislados pusieron un candado para el futuro. Un artículo transitorio al artículo 19 constitucional, para que los alcances de la reforma sean revisados luego de cinco años de su aplicación, es decir, en 2024.  ¿Por qué? Porque sabían que estaba mal el cambio a la Constitución, ya que contravenía las reformas en materia de Derechos Humanos, pero les dio miedo llevarle la contraria a López Obrador. 

ESQUIVANDO LA CONSTITUCIÓN, LA GUARDIA SERÁ MILITAR 

En 1 de septiembre se presentará una iniciativa preferente que tiene por objeto transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo anunció el secretario López Hernández, quien afirmó que “no se trata de militarizar” ya que el Ejército no es como el de Tlatelolco y la Guerra Sucia. Lo que tienen que ver una y otra cosa es un misterio.  

El encargado de la política interna, no explicó cómo es que un arma del Ejército, porque en eso se convertirá la Guardia Nacional, no es militar, pero ni falta hizo porque estaba en la plenaria de los diputados de Morena y a ellos no suelen explicarles nada. 

La reforma será a diversas leyes, y entre ellas las de la Administración Pública Federal, la de la propia Guardia y la del Ejército. No será un cambio constitucional, ya que no tienen, en la 4T, los votos que requieren para eso.  Saben que no se apega a la Constitución, pero la van a esquivar, ganando tiempo y estableciendo un precedente de alto riesgo. 

@jandradej

@emeequis