“La Fiscalía actuó alevosamente". La detención de Paco por "peligro de contagio"

EMEEQUIS.– El Covid-19 originó la apertura de más de 150 carpetas de investigación por el delito de peligro de contagio entre 2020 y 2021 en la Ciudad de México. Este delito busca castigar a personas que, sabiéndose infectadas o enfermas, pongan en peligro la salud de las demás. Pero también tiene otra característica: la criminalización y estigmatización contra personas infectadas de VIH.

“Una ciudad de derechos”, es una de las frases favoritas de Claudia Sheinbaum para referirse a la Ciudad de México que gobierna desde diciembre de 2018. Pero en el Código Penal que rige la capital mexicana existe un capítulo que, según activistas, instituciones de derechos humanos y víctimas, termina por contradecir por completo el discurso gubernamental.

Se trata del capítulo II del Código Penal del Distrito Federal, llamado “peligro de contagio”. Este capítulo se ubica en el apartado de Delitos De Peligro Para La Vida O La Salud De Las Personas y consta de un solo artículo: el 159.  

De acuerdo al código penal, este delito se refiere a: “Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.”

A pesar de lo fácil que podría resultar caer en este delito dadas las múltiples enfermedades transmisibles que coexisten con gran parte de la población capitalina día a día, las carpetas abiertas ante este delito son pocas comparadas con otros, o así era hasta antes de la pandemia. No obstante su poca frecuencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa investigando personas por esto, principalmente enfocada en un sector de la sociedad: personas con VIH. 

COVID-19 PROTAGONISTA EN LA REAPARICIÓN DE ESTE DELITO

La pandemia por coronavirus cobró millones de vidas a nivel mundial, y a la fecha, ha sido causa de la muerte de más de 300 mil personas en México. Pero este virus no solo generó muertes o contagios, también puso en alerta máxima a gran parte de la sociedad, quienes hicieron uso del artículo 159 del código penal de la capital mexicana.

El delito “peligro de contagio” nació en Veracruz y actualmente es reconocido en 30 de los 32 entidades del país, entre ellas el Código Penal Federal y la Ciudad de México. 

En entrevista con EMEEQUIS, la Mtra. Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), expuso que este delito se creó para controlar enfermedades de transmisión sexual en el código penal federal en los años 80. El artículo se heredó al Distrito Federal cuando esta entidad creó su Código Penal independiente, solo que se redactó de forma distinta y se incrementó la pena máxima (a nivel federal era de 5 años, y en la capital era de 10).

Este delito mantuvo cifras bajas durante varios años, pero con el Covid-19 se disparó. De acuerdo a estadísticas de la FGJCDMX, este medio analizó que en 2018 sólo hubo 9 carpetas de investigación abiertas por “peligro de contagio”, y al año siguiente la cifra fue de 12. No obstante, para el 2020 (año en que comienza la pandemia), se iniciaron  88 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2021 fueron 73. 

En lo que respecta a este año, hasta junio de 2022 ya se habían abierto 11 investigaciones contra diferentes personas por este delito, por lo que probablemente se superen las cifras de 2018 y 2019 (años previos al Covid). Si bien la mayoría de estas carpetas estuvieron enfocadas en peligro de contagio de coronavirus, existieron casos de personas con VIH que resultaron afectadas por un delito que, desde el principio, se enfoca en su criminalización. 

UN ARTÍCULO QUE CRIMINALIZA Y PONE EN RIESGO A LA COMUNIDAD CON VIH

Geraldina González de la Vega explicó que, aunque no lo menciona directamente, este artículo estigmatiza a personas infectadas de VIH y pone en estado de vulnerabilidad a quienes viven con esta condición. Es tal el riesgo que este delito representa que, tal como ejemplifica la presidenta de la Copred, “en el caso de homicidio necesitas un muerto para ser acusado; en peligro de contagio no se necesita nada: con el simple hecho de tener una relación sexual sin mencionar la condición, estás en riesgo de ser denunciado”.

Tal es el caso de Francisco Zenil. “Paco”, como le llaman sus personas de confianza, fue arrestado el 31 de mayo de 2021 por la policía de investigación de la CDMX. Aquel día, el joven de 32 años iba llegando a su tienda en el sur de la ciudad cuando fue interceptado por tres policías y un comandante, quienes le mostraron una hoja que ni siquiera pudo leer, le dijeron “te pasaste de verga, te pasaste de cabrón, tú sabes lo que le hiciste a Atziri, te vamos a llevar”, y lo subieron a la patrulla.

Paco –abiertamente bisexual– tuvo una relación con una joven por allá del 2019. Pero esta terminó cuando, por accidente, la chica encontró en la recámara de su pareja medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH. En aquel momento, el joven no había confesado su enfermedad a aquella chica por motivos personales. Él estaba siendo atendido en la Clínica Condesa y sus estudios siempre fueron seropositivos; no obstante, su carga viral no era suficiente para poder contagiar el VIH a su pareja. Aunado a ello, cuenta que siempre utilizó protección sexual.

Pese a esta información, ambos terminaron la relación de forma pacífica; o eso creían. Pasaron algunos meses y, con sorpresa, Francisco se enteró de que la joven lo había denunciado por el delito de peligro de contagio por el tiempo que pasaron juntos sin saber de la enfermedad y el riesgo que tuvo de contagiarse, aunque la carga viral no era la suficiente. Tiempo después, se sabría que nunca fue infectada.

Alaín Pinzón, joven activista por los derechos de la comunidad con VIH en México, habló para EMEEQUIS y cuestionó a las autoridades capitalinas: “La ciudad de México y sus gobernantes siempre han presumido que es una ciudad avanzada y de derechos. Que exista un artículo en el código penal que criminaliza directamente a personas que vivimos con VIH nos habla del compromiso real del gobierno de esta ciudad.”

Pinzón fue protagonista en el caso de Paco, ya que a través de su influencia en redes sociales consiguió mediatizar un tema que desde tiempo atrás le preocupaba.  “La Fiscalía actuó alevosamente deteniéndolo sin siquiera hacer una carpeta de investigación completa. Eso nos habla de una gravedad muy grande porque entonces cualquier persona que esté en una profilaxis y tenga retrovirales puede ser sujeta a ser detenida solo por tenerlos en su poder”, explica.

Se desataron protestas por el caso de Paco. Foto: Alain Pinzón.

Al respecto, la presidenta de la Copred coincide. La Mtra. Geraldina afirma que el delito sigue un temor infundado y prejuicioso de que personas con VIH vayan contagiando por doquier. Además, asegura que la formulación permite que muchas veces se denuncie a personas solo por miedo irracional. “Es un pánico infundado”, explica.

Aquel 31 de mayo, ya en la delegación, Paco tuvo que firmar algunos documentos y le tomaron fotografías que a las pocas horas circularon por redes sociales. El papel de éstas sería clave para el martirio del joven y su familia.

Zenil cuenta que a partir de la publicación de las imágenes y un comunicado criminalizante, su familia comenzó a recibir amenazas de muerte, insultos y un acoso constante. 

El joven leyó a EMEEQUIS uno de los mensajes que recibió su hermana de parte de un número desconocido: “Que poca madre lo que anda haciendo tu hermano. Pinche familia de sidosos. Ya sabemos el nombre de tu hermano. Pinche familia que tienes pero todos van a tener sus consecuencias.”

“Hija de tu puta madre, que andas protegiendo a tu hermano sidoso. Pero ya verás cómo lo mandamos a chingar al reclusorio. A ti también te vamos a violar para que veas lo que se siente. Tu y el pendejo de tu hermano se van a chingar”, decía otro texto. Según la captura de estos mensajes, en la mayoría se adjunta la foto que la fiscalía publicó de Paco.

La Fiscalía de la CDMX fue duramente criticada por el comunicado criminalizante que realizó al momento de la detención del joven, por lo que se disculparon públicamente y borraron de sus redes la imagen y el mensaje donde exponía a Francisco.

La difusión de datos por parte de la Fiscalía perjudicó a Paco. 

Tras esto, la familia de Paco acudió a Derechos Humanos al tiempo que el detenido era ingresado al Reclusorio Norte ese mismo lunes 31 de mayo. Pasó el martes y tuvo su primer juicio, en el que la jueza le dijo que había desacatado las órdenes, estaba acusado de peligro de contagio y debía pasar por lo menos dos meses encarcelado en lo que ocurría su proceso.  

No fue hasta el jueves de dicha semana que el tema se volvió viral en redes sociales gracias a la mediatización que activistas cómo Alaín Pinzón dieron al tema. Jaime Morales, director de Derechos Humanos, según reporta Paco, fue de los personajes que más ayuda dio al caso. Gracias a esto, la Copred, a través de una abogada, pudo auxiliar la defensa del joven.

Paco consiguió salir del Reclusorio el lunes siguiente gracias al apoyo de su equipo legal; no obstante, cuenta sobre su martirio en el lugar: “Me trataron mal, me señalaron de sidoso y virulento. Dentro del penal, policías y otras personas me discriminaban y señalaban. Todo fue muy fuerte”. El joven, tras varios meses de terapia, ha conseguido sobrellevar la experiencia traumática. 

Francisco tuvo algunas audiencias tras su salida del reclusorio, pero desde que la joven denunciante presentó sus pruebas de VIH —que resultaron negativas— dejó de comparecer ante el juzgado y “a partir de ahí el proceso ha sido más tranquilo. Gracias a eso y a mi equipo de abogados conseguí un amparo”, cuenta Paco.

Dicho amparo solicita la modificación del artículo 76 y la derogación del 159. Paco confiesa que confía en poder superar la situación, ha adaptado su ritmo de vida. “Tengo que salir adelante de este mal rato y finalmente la gente también tiene que cambiar y dejar de criminalizar a personas con VIH”.

¿POR QUÉ SIGUE EXISTIENDO ESTE DELITO?

Alaín Pinzón asegura que, tras presentarse en la Fiscalía para pedir la liberación inmediata de Paco, las autoridades confesaron que “a ellos les interesa solamente atender la denuncia”.  Según el activista, la ley explica que debe haber dolo en el acto de contagiar o intentar hacerlo. Pero cuestiona, “¿Qué ocurre con las personas que tienen VIH y no saben que viven con ese virus?”

De acuerdo al joven, esta situación solo provocará que cualquier persona con VIH tenga que comprobar que no es un riesgo para otras personas. Esto es complicado, sino imposible, ya que, tal como explica, la única forma de hacerlo es realizando pruebas de carga viral casi a diario. “Estos artículos criminalizan la sexualidad en general”.

Pinzón explica que a su asociación civil llegan constantemente personas de reciente diagnóstico que son amenazadas y extorsionadas por parejas con las que habían tenido relaciones sexuales sin conocimiento del virus tiempo atrás. “Esto solo responde al desamparo en el que nos tiene el gobierno al tener un artículo así. La existencia siquiera de ese delito hace que nosotros dudemos, no solamente de nuestro diagnóstico, sino que dudemos de nuestro seguimiento médico”.

Y es que la ciencia indica que si el paciente con VIH es indetectable, también es intransmisible. No obstante, el artículo permite que cualquier persona denuncie a alguien con VIH por el simple hecho de no notificar su enfermedad, a pesar de que está sea intransmisible en algunos casos. 

La Copred considera que este delito podría derogarse ya que su función podría ser perfectamente cubierta por el delito de lesión. Según su presidenta:  “no cumple con su función de sancionar a quien quiera contagiar con dolo, para ello existe el delito de lesión. No hace falta esta pena”, asegura González de la Vega.

Incluso, en este momento, hay una iniciativa en el congreso para la derogación del artículo 159 realizada por el diputado Temístocles Villanueva, aunque desde meses atrás no ha sido discutida y se encuentra en comisiones.

A pesar de esta iniciativa y del hecho de que desde 2018 la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que este artículo era violatorio de derechos humanos, sigue vigente.  

Para Alaín Pinzón el tema no ha trascendido porque la FGJCDMX no lo ha permitido: “La Fiscalía se ha opuesto desde el principio a qué este artículo se derogue. Tienen un interés muy fuerte en criminalizar a las personas que vivimos con VIH”. Respecto a que las instancias del congreso no avanzan en el tema, Pinzón lo equipara con un tema burocrático: “Es como el tema de las ventanillas, siempre se pasan la responsabilidad unos a otros”, cuenta.

“La realidad es esa: en una ciudad que se dice de derechos, las personas que vivimos con VIH no tenemos derechos ni igualdad. Somos criminalizadas de forma permanente con un artículo que pone en entredicho a la ciudadanía y sobre todo, coarta nuestros derechos humanos”, finaliza Pinzón.

@aldo_canedov