Te pareces tanto a mí. Las historias de Giadáns y Winckler en Veracruz

EMEEQUIS.– Ambos llegaron como fiscales presuntamente autónomos, nombrados por el Congreso del Estado, pero se plegaron a la voluntad del mandatario en turno. Ambos incurrieron en excesos para cumplir los caprichos del gobernador en funciones y ambos persiguieron a sus predecesores hasta verlos en prisión.

La trayectoria de la actual Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, es cada vez más semejante al de su predecesor, Jorge Winckler Ortiz, recién detenido bajo el cargo principal de desaparición forzada.

Hasta ahora, dos fiscales que fueron electos por el Congreso del estado para ejercer el cargo por nueve años, no concluyeron el periodo para el que fueron electos y además cayeron en prisión: el duartista Luis Ángel Bravo Contreras (quien ahora sigue su proceso en libertad) y el yunista Jorge Winckler.

Las condiciones de sus respectivos procesos parecen más inspirados por la venganza que por la justicia. 

En medio de una vorágine de violencia y de una clase política ineficaz frente al crimen organizado pero inmersa en vendettas y ajustes de cuentas, el estado de Veracruz ha tenido seis funcionarios encargados de la persecución del delito en 11 años.

Los procuradores Reynaldo Escobar Pérez, Marco Antonio Lezama Moo, como encargado de despacho; Felipe Amadeo Flores Espinosa; y los fiscales Bravo Contreras, Winckler Ortiz, y Verónica Hernández Giadáns.

LA REINA DE CUITLÁHUAC

Verónica Hernández Giadáns proviene de una familia de notarios. Es hija del abogado Diego Hernández Medina, un conocido notario público de San Andrés Tuxtla, un municipio de la Sierra de San Martín, que recibe su nombre del volcán del mismo nombre, en la región sureña del de Veracruz. 

En 1991, Verónica Hernández salió a la vida pública como reina de belleza del municipio. Acudió a imponerle la corona como soberana de los tuxtlecos el entonces gobernador, Patricio Chirinos Calero, acompañado de su esposa, Sonia Sánchez de Chirinos.  

Seis años después, en 1998, cuando no tenía ni 30 años, y ya instalada en Xalapa, Verónica Hernández recibió un reconocimiento todavía más satisfactorio: fue nombrada secretaria del ayuntamiento de la capital veracruzana, por parte del entonces perredista Rafael Hernández Villalpando, que a sus 40 años encabezó el primer gobierno de oposición al PRI en esa plaza.

Abogada por la Universidad Veracruzana, Hernandez Giadáns había entrado en contacto con Rafael Hernández en un diplomado sobre derecho tributario en el ITAM, según la prensa veracruzana.

La administración de Hernández Villapando entró en conflicto con el gobernador Miguel Alemán Velasco, por diversos temas, incluido el de la recolección de basura. Aún se recuerda cómo el gobierno estatal mandó tirar la carga de un camión de basura frente al Palacio Municipal de Xalapa.

Al cabo, Hernández Villalpando fue atrapado por su flanco de mayor debilidad: la legislatura local lo desaforó el 28 de septiembre de 2000 para que enfrentara cargos por el delito de bigamia, por el cual le giraron orden de aprehensión. Se dio a la fuga. Reapareció cuando las aguas amainaron.

Villapando dejó en crisis al PRD, que ya no se quedó en la alcaldía para el siguiente periodo. Pero Hernández Giadáns sí. Verónica se había sumado a la campaña electoral de Reynaldo Escobar Pérez, candidato de Convergencia –nombre anterior de Movimiento Ciudadano–, quien ganó la elección. 

Verónica fue entonces designada como directora jurídica de la Contraloría del ayuntamiento xalapeño (2001-04).  

REGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

La influencia del abogado Diego Hernández en el ámbito notarial y político –siempre ligados por la gestión de negocios del poder–, procuró también para sus hijos, Diego y Verónica Herández Giadáns, posiciones como fedatarios.

Verónica Hernández había sido nombrada desde octubre de 2002 como fedataria adscrita a la Notaría Número 5 con sede en San Andrés Tuxtla, cuyo titular era su padre. Y en 2010 ella asumió la titularidad, que de acuerdo con la Ley de Notariado, debe ser autorizada por la Secretaría de Gobierno.

Por ese entonces, en la recta final del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el secretario de Gobierno era, nada menos, el antiguo jefe de Verónica Hernández, el exalcalde Reynaldo Escobar, quien sería electo, durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, como procurador.

Giádans con Cuitláhuac. Foto: Especial.

QUEMA DE PROCURADORES Y FISCALES

Pero el procurador Reynaldo Escobar Pérez no duró ni un año en el cargo. Fue electo por la Legislatura local el 31 de mayo de 2011, y sólo cinco meses después, el 5 de octubre, renunció al cargo “por motivos personales”, después de un recrudecimiento de la violencia criminal en la entidad, que había alcanzado una cresta de estridencia una semana antes con la aparición de 35 cadáveres en avenidas principales de Boca del Río.

A Escobar lo sucedió en el puesto, el subprocurador Marco Antonio Lezama Moo, como encargado de despacho. Pero el mismo fue nombrado procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien se desempeñaba como diputado federal. Fue procurador hasta enero de 2015, en una de las gestiones donde más se dispararon las desapariciones, en especial en la capital del estado. 

El relevo fue justamente Luis Ángel Bravo Contreras, quien asumió ya en calidad de fiscal general, electo por el Congreso, inicialmente, para un periodo de nueve años, que debían concluir en 2025.

Pero apenas al año siguiente de su nombramiento, en noviembre de 2016, unos días antes de la llegada del panista Miguel Ángel Yunes a la gubernatura, Bravo Contreras renunció al cargo. 

Para justificarlo, dijo Bravo Contreras: “Sustento la justificación la presente renuncia en haber llegado a este cargo por decisión del honorable Congreso del Estado durante una administración encabezada por un gobernador que hoy es severamente cuestionado y por ello debo facilitar a esta nueva legislatura y a la administración entrante tomar las decisiones que consideren más responsables en bien de la siempre inacabada y perfectible procuración de justicia, (…) hasta la vista”.

LA ERA DE WINCKLER

Jorge Winckler Ortiz, de origen oaxaqueño, pasó de ser uno de los abogados de la familia Yunes a Fiscal General de Veracruz, designado por el Congreso del estado el 30 de diciembre de 2016.

Entonces de 43 años, abogado por la UNAM y con maestría en la Escuela Libre de Derecho, Winckler no había participado hasta entonces en la función pública. Tenía su despacho de abogados, Winckler y Asociados, en Boca del Río. 

Winckler con y ante el gobernador Yunes. Fotos: Especial.

Desde los primeros meses quedó manifiesto su sometimiento a Miguel Ángel Yunes, cuando fue difundida en redes sociales virtuales una fotografía en la que el fiscal aparecía de hinojos, para tomar una foto del gobernador panista, quien se hallaba ofreciendo una conferencia de prensa.

Winckler comenzó su cacería de exfuncionarios duartistas con auténtico frenesí, que tuvieron cierto nivel de legitimidad al inicio, debido a los escándalos de esa administración, en el que menudearon los asesinatos de periodistas, las desapariciones ligadas a funcionarios estatales, la creación de empresas fantasmas.

Así que el fiscal metió a prisión a los exsecretarios de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín y Mauricio Audirac Murillo, bajo las imputaciones de abuso de poder y colusión.

Al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias; a la excoordinadora de Comunicación Social, Gina Dompinguez Colío. Y en fin, hasta a dos personajes que después demostrarían sus inocencia y saldría de la cárcel, como el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi y el exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia.

Pero Yunes y Winckler reservaban un caso especial para el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, cuya renuncia al cargo que ahora ocupaba su persecutor no había sido suficiente para contener el encono.

El 17 de junio de 2018, Bravo Contreras fue detenido bajo el cargo de desaparición de personas en la modalidad de entorpecimiento de investigaciones, a pesar de que se hallaba amparado y la acción penal en su contra había sido suspendida provisionalmente.

En noviembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió un recurso del exfiscal Bravo en que declaró fundada su denuncia de violación a la suspensión provisional. No obstante, el fiscal Winckler no cedió a las previsiones de la ley y mantuvo a su predecesor tras las rejas.

Bravo Contreras denunció en febrero de 2019 que se hallaba secuestrado, pues ya no había sustento para su detención, la cual era ilegal. Winckler hizo todo lo posible para mantenerlo tras las rejas, lo que logró hasta mayo, cuando la defensa de su predecesor logró que se concediera prisión domiciliaria. Y fue hasta octubre de ese año cuando los cargos fueron retirados.

Para entonces, el conflicto del fiscal Winckler con el gobernador morenista Cuitláhuac García ya había alcanzado ebullición. 

Jorge Winckler ni siquiera había intentado renunciar al cargo a la llegada de García Jiménez al gobierno del estado. Estaba confiado acaso en que Cuitláhuac García no lograría reunir los números en la legislatura local para removerlo. Pero no contaba con que Cuiltláhuac formaría una mayoría artificial, al estilo de la formada por AMLO en la Cámara de Diputados federal durante la primera parte de su mandato. 

Y es que desde su campaña electoral García Jiménez había prometido que una de sus primeras tareas como mandatario sería remover del cargo a Winckler, quien tenía  reputación de encubrir no sólo las corruptelas de los miembros del gabinete de Miguel Ángel Yunes ―justo como Bravo Contreras había sido acusado, con toda probabilidad de manera fundada, de solapar a duartistas―, y a quien el morenista implicaba en la protección de complicidades de políticos con el crimen organizado.

El conflicto entre Winckler y el no menos polémico gobernador morenista se agravó tras un asalto en un bar de Coatzacoalcos dónde perdieron la vida 30 personas. Tras la tragedia, Cuitláhuac aprovechó para culpar a Winckler de haber dejado libre al homicida un mes atrás, a pesar de que éste había sido llevado a juicio, aunque este había resultado fallido.

LA CABALGATA DE GIADÁNS

Verónica Hernández Giádans reapareció en la función pública el primero de diciembre de 2018, en el arranque del gobierno de Cuitláhuac García, después de 14 años de poder. La nombraron directora jurídica de la Secretaría de Gobierno. Pero pronto quedó claro que estaba destinada a una posición mayor.

El 3 de septiembre de 2019, el gobernador consiguió que fuera removido Jorge Winckler de la Fiscalía. Desde el 28 de mayo, la legislatura había nombrado como nueva fiscal a Hernández Giadáns.

Con la misma obediencia y celo con que Jorge Winckler cumplió los caprichos del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en la persecución de duartistas, la actual fiscal general, Hernández Giádans ha estirado los recursos técnicos, humanos y la misma letra de la ley para complacer al mandatario morenista en consumación de sus vendetta. 

En febrero de 2021, Cuitláhuac García  ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.

Desde entonces, a la autoridad no se le ofendería de ningún modo en Veracruz, desde un burócrata de ventanilla, pasando por un policía municipal, y menos al señor gobernador. Quienes desobedecieron comenzaron a pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia. Pues además, las amenazas o agresiones quedaban a la libre interpretación de la autoridad ofendida.

Con la reforma en el bolsillo, la fiscal comenzó la cacería de los enemigos del gobernador. 

Para diciembre de 2021 ya habían sido encarcelados Rogelio Franco Castán, dirigente del PRD; Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia estatal del PAN, cercano Miguel Ángel Yunes, por una denuncia de fraude de 2012; Omar Ramírez Fuentes, emecista, alcalde electo de Cazones, para ser investigado por asesinato; Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán; Azucena Rodríguez, exdiputada perreditsa, por el presunto homicidio de sus esposo; Ramón Ortíz, de Fuerza por México, por delitos contra la salud; Yollu García, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

La mayor parte de ellos, además de las acusaciones específicas, fueron procesados por ultrajes a la autoridad, lo que les garantizaba una sentencia.

CASO DEL RÍO VIRGEN

Un caso emblemático fue el del secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen, detenido en diciembre de 2021. La Fiscalía lo acusó de la autoría intelectual del asesinato de Remigio René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones.

El senador Ricardo Monreal emprendió una defensa de Del Río Virgen que culminó apenas en junio de este año. Monreal denunció que al mes de febrero más de mil personas se hallaban presas por el delito de ultrajes a la autoridad. 

En marzo, la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  determinó que la redacción del articulado respectivo en el Código Penal de Veracruz –y que mandó a confeccionar el gobernador– violenta los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad.

Es decir, es artificioso y permite interpretaciones diversas, no precisa qué tipo de conductas se tipifican como prohibidas y qué tipo de sanciones serán aplicables en los términos legales: “Cualquier palabra, tono de voz, gesto, burla podría ser una amenaza o agresión contra un funcionario”.

Pero Cuitláhuac respondió que haría una corrección de estilo: “Vamos a hacerlo más textual, vamos a cambiar el tipo, ya no son ultrajes. Tendremos que hacer el análisis para que se siga protegiendo. Lo analizaré, la redacción es importante (…) Ya tomamos nota de qué palabras no puedes usar, qué términos no pueden ser, y qué tipos penales deben usarse”.

Otro caso emblemático fue la detención del morenista Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada, en diciembre de 2021.  

Jorge Fabián Cárdenas Sosa primero fue reclutado por Cuiltáhuac García para su campaña, a pesar del abultado archivo de expedientes, señalamientos y procesos en su contra; luego lo aprobaron y lo hicieron candidato. Y al final lo apresaron.

Empresario, de 43 años, dueño del equipo de Atlético Sozca de la Tercera División de Fútbol, y con inversiones inmobiliarias, Fabián Cárdenas era dueño del ingenio San Francisco El Naranjal, que quebró en 2012, y cuyo cierre afectó a unas 500 familias que vivían de dicha unidad productiva. En marzo de 2021 lo recompró con otros socios.

Además de juicios laborales ha enfrentado otros de tipo civil. La prensa veracruzana dio cuenta de varios de ellos: tenía cuentas pendientes con, Chubb Fianzas Monterrey y Aseguradora de Caución SA de CV, Scotiabank  Invertlat, Banco Finterra, Mexicana de Arroz, y muchos otros acreedores, además de juicios en Veracruz, Querétaro y  Ciudad de México. Se le acusaba de haber efectuado donaciones fraudulentas de sus propiedades, para evitar que fueran embargadas.

Aún con ese limpísimo expediente, obtuvo la candidatura de Morena a la alcaldía, con el respaldo, sobre todo, del delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, pero también de Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Cuitláhuac García parecía muy contento con la nominación. Incluso, después de que Sosa re-compró el ingenio de El Naranjal, por mil 600 millones de pesos, el gobernador acudió a la reinauguración. Se sacaron fotos juntos, Cuitláhuac y Cárdenas Sosa, y las postearon en redes.

Según el periódico Vanguardia, de Veracruz, las gestiones legales para la autorización de la reapertura del ingenio corrieron a cargo del propio diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

Pero toda esa bonita amistad se ha terminado, ahora que la Fiscalía dio con otro delito de Cárdenas Sosa, el de plagio. 

Y fue tal el furor del operativo para apresar a Fabián Cárdenas, que cargaron con todo y su acompañante al momento de la detención, Adriana Bichi, a quien de nada sirvió formar parte de la estructura de la fiscal Hernández Giadáns. Bichi era jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía y había sido secretaria particular de Verónica Hernández por dos años.

Finalmente, Fabián Cárdenas Sosa fue procesado por el delito de secuestro agravado por hechos registrados en 2019, y Adriana Bichi, por ultrajes a que según la prensa local era pareja sentimental de Fabián.

Todos eran muy amigos. La propia fiscal Herández Giadáns aparece en fotografías abrazada a Cárdenas Sosa. Después surgieron versiones que señalaban al hermano de la fiscal, Diego Hernández Giadáns, de ser el notario de Jorge Fabián.

WINCKLER, SITIO DE HONOR EN LA VITRINA

Pero como el propio exfiscal Jorge Winckler reservaba un proceso especial para Luis Ángel Bravo, su antecesor, Giadáns esperaba con paciencia la captura de Winckler.

El exfiscal yunista estaba cerca de llegar a tres años prófugo, luego de que en septiembre de 2019 se diera a conocer que presentaba una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad contra un exfuncionario. 

Y esta semana fue capturado en Puerto Escondido, Oaxaca. Enfrentará juicio por tres delitos, entre ellos desaparición forzada. 

La Fiscalía de Veracruz anunció en un comunicado en redes sociales que en la detención colaboraron elementos del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Comisión Nacional Antisecuestro y la policía ministerial de Veracruz. 

Jorge Wickler ya está “guardado”. Lejos quedaron sus horas de poder. Acaso se halle en espera de un nuevo fiscal y de una nueva venganza política.

Mientras tanto, fue difundido en medios un tuit de Bravo: “Justicia divina. No hay plazo que no se cumpla. Con la vara que mides serás medido”.

@estedavid