Delitos electorales: Cárcel para más vulnerables, multa económica a políticos

EMEEQUIS. El prestar su credencial electoral a un partido político hizo que Alma estuviera durante seis años recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santha Martha Acatitla. La acusaron de delito electoral en modalidad de alteración al padrón electoral.

A la mujer, de ahora 59 años, un partido político le prometió entregarle un terreno donde pudiera vivir con sus dos hijos a cambio de sacar dos identificaciones oficiales y entregárselas para los comicios locales.

Al ser madre soltera, de escasos recursos económicos y residente de la alcaldía Iztapalapa, una de las más pobres de la Ciudad de México; Alma no dudó en obtener un beneficio económico por una acción que le pareció inofensiva. Sacó dos credenciales de elector con su rostro, pero a nombre de una persona que no existe.

Se presentó en el módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) más cercano a su domicilio, hizo los trámites y entregó la tarjeta al grupo político. Fue hasta febrero del 2010 cuando la autoridad electoral dio cuenta de la irregularidad: la fotografía de una mujer con los mismos rasgos físicos aparecía dos veces en el padrón electoral, pero con identidades diferentes.

“Ante la necesidad de no tener donde vivir y dónde tener a sus hijos; el sustento de un techo; ella accede y presta sus documentos para obtener la credencial de elector”, cuenta en entrevista con EMEEQUIS, Ivonne Mares Ahedo, defensora pública federal que llevó el caso de Alma.

CASTIGO EJEMPLAR

Fue juzgada a partir del artículo 411 del Código Penal Federal que sanciona con tres a siete años de prisión a la persona que altere el Registro Federal de Electores; sin embargo, esta acción de castigar a personas vulnerables y no los partidos o agentes políticos que originan estas prácticas es una constante y más aún, en tiempos de elecciones.

“Los partidos políticos lo que buscan es que haya un padrón electoral más amplio con mayor número de votantes que estén a favor de determinado partido y con ello se altera el Registro Federal Electoral”, explica la abogada.

Alma fue recluida desde el 9 de mayo de 2018, por un acto que ocurrió en febrero de 2010. Le dieron la pena mínima de 3 años, pero esta se estableció al doble, ya que fueron dos credenciales de elector las que sacó con irregularidades.

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Está sentenciada a seis años de prisión pero el mes pasado, gracias a la apelación de la defensoría pública federal y demostrar buena conducta, logró su libertad condicional para llevar su proceso fuera de la cárcel. Aún le queda pagar un año y medio, y trata de recuperar su vida e ingresos como encargada de una tienda de regalos al sur de la Ciudad de México.

DELITOS ELECTORALES ALCANZAN A LOS VULNERABLES

De acuerdo con el Instituto de Defensoría Pública Federal, el caso de Alma muestra una realidad desmedida en casos por delitos electorales. Las personas sin cargos ni influencias políticas son las más vulnerables y obtienen sanciones mayores. Esto en comparación con los funcionarios o grupos políticos, que en ocasiones no llegan a ser juzgados ni sancionados por los mismos.

Según la defensa, el proceso de Alma fue juzgado en un principio sin perspectiva de género, ya que no se tomó en cuenta su contexto de vulnerabilidad económica ni las razones que la llevaron a hacerlo, pero tampoco se indagó en el origen o responsables principales del acto delictivo en materia electoral.

“Hay grandes desproporciones a nivel de política criminal, las penas son más altas. Sin embargo, el origen de todo esto no es castigado. No se llega a que el Instituto Nacional Electoral se dedicara a verificar el origen de estos actos delictivos y no criminalizar a las últimas partes manipuladas por personas con poder político y económico”, refiere la abogada Ivonne Mares.

JUSTICIA DESIGUAL

Como este hay muchos casos donde la justicia electoral está en desbalance. Los ciudadanos más vulnerables obtienen sanciones de cárcel, mientras que otros políticos responsables de conductas electorales inapropiadas, arreglan rápido el asunto con multas económicas.

En noviembre de 2020, a respuesta de una solicitud de información, el INE reservó a un plazo de cinco años, dar a conocer el listado de personas que tienen acceso a la información del padrón electoral, así como de quienes autorizan o tienen acceso de modificarlos.

El órgano federal electoral privó de transparentar estos datos argumentando que existe un riesgo en dar a conocer los nombres, ya que esto “permitiría que personas ajenas conocieran la identidad de los funcionarios que tienen acceso a dicha información, facilitando así la comisión de delitos electorales, extorsión o de soborno para proporcionar los datos a los que tienen acceso y de esta forma, tener un acceso no autorizado de los datos personales referidos”, se expresa en la solicitud de información con número de folio UT/20/01884.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros cuatro meses del año se cometieron 208 delitos electorales, mientras que durante el año pasado, cuando se realizaron los comicios más grandes de la historia en el país, la tendencia fue de 3 mil 444 delitos electorales denunciados. Una cifra 600% más alta a los 524 delitos electorales registrados durante 2020, y a los 677 registrados en 2019.

En cuanto al establecimiento de sentencias, el Consejo de la Judicatura Federal tiene registro de 2007 a 2018 el registro de 2 mil 435 sentencias por delitos electorales, de las cuales 243 son absolutorias.

De estas sanciones, mil 113 casos derivaron de la violación al artículo 411 del Código Penal Federal, referente a la alteración del padrón electoral; como aquellos que participen en la expedición ilícita de credenciales para votar.

POLÍTICOS “PERDONADOS” CON MULTAS ECONÓMICAS

La desigualdad en el establecimiento de sanciones por delitos electorales puede verse en casos donde políticos, incluso algunos en funciones, se encontraron responsables de irregularidades, pero sólo fueron multados con bienes económicos. Esto al ser considerados sólo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no como delitos penales.

DELFINA GÓMEZ Y LOS MOCHES DE TEXCOCO

En enero de este año, el TEPJF ratificó la sanción por 4.5 millones de pesos que impuso desde septiembre a Morena y la actual Secretaría de Educación, Delfina Gómez por abanderar una red de financiamiento irregular para campañas políticas, cuando fue presidenta Municipal de Texcoco.

De acuerdo con las indagatorias, la ahora funcionaria federal, habría retenido el 10% del salario de trabajadores del municipio, de 2014 a julio de 2015, para utilizar esos recursos en la formación del partido Morena.

REDES SOCIALES DE SAMUEL Y MARIANA

En julio del año pasado, el Instituto Nacional Electoral había impuesto una multa por 55 millones de pesos contra el gobernador Samuel García, al utilizar la promoción en redes sociales que le habría dado durante campaña su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

Sin embargo, esta fue revocada en septiembre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar que al imponer la sanción no se tomó en cuenta la “espontaneidad” ni la “relevancia de su vínculo patrimonial” en las publicaciones que realizó Mariana durante la campaña.

Los magistrados refirieron que los posts se hicieron en ejercicio de la libertad de expresión y en apoyo de su esposo, por lo que desacreditaron su calidad de influencer o el número de seguidores en sus redes sociales, para promover el voto en favor del entonces candidato.

LA CAMIONETA DE MARIO DELGADO EN CONSULTA

El acto más reciente fue la sanción impuesta contra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Acusado de incurrir en promoción indebida de la consulta de revocación de mandato celebrada el pasado 10 de abril.  

El TEPJF ratificó que el político deberá pagar una multa de 28 mil 866 pesos y el partido 48 mil 110 pesos, debido a que en videos que circularon en redes sociales, el político invitó a ciudadanos a participar en la consulta, e incluso se ofreció en trasladarlos a las urnas en una camioneta.

Los magistrados del Tribunal ratificaron que, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, patrocinó indebidamente el proceso de ratificación de mandato; mientras que Mario Delgado afirma que lo hizo como ciudadano.

@emeequis