A jubilados de Banrural los mandan a citas falsas y les niegan medicinas

EMEEQUIS.– El más reciente “servicio” que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y sus empresas consentidas han hecho a los jubilados y pensionados del extinto Banco de Crédito Rural (Banrural) es remitirlos por sus medicamentos a Farmacias del Ahorro, pero esa compañía también les niega el surtido.

Como resultado, cientos de derechohabientes de la tercera edad han enfrentado, durante el último año, periodos de más de 80 días sin acceso a medicamentos vitales para mantener controlados padecimientos propios de adultos mayores, además de distintas enfermedades específicas.

Pensionados de Banrural de Michoacán relatan a EMEEQUIS que “desde el primero de abril de 2021, sin notificarnos, nos suspenden el servicio médico, causando un daño a nuestra salud, integridad física, moral y psicológica; lo más seguro que a consecuencia de estas acciones haya más enfermedades y fallecimientos”.

Pensionados y jubilados de la banca rural se han manifestado por la falta de servicios médicos y contra las empresas “integradoras de servicios médicos” y las autoridades que las contrataron, en Coahuila, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y hasta en la Cámara de Diputados.

Pero eso no es todo; para deshacerse de las presiones, las autoridades del fideicomiso los mandan a citas con médicos que ya fallecieron, como lo denunció la Asociación de Jubilados de la Banca Rural en el Distrito Federal A.C.

Mientras tanto, las empresas “integradoras de servicios médicos” contratadas por el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban), cuya administración y procesos de contratación están en manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y de Nacional Financiera (Nafin), siguen acumulando millones.

De acuerdo con una investigación publicada por EMEEQUIS en septiembre de 2021, ya en julio de ese año el gobierno federal había erogado 2 mil 480 millones de pesos en servicios privados de salud, y de las 97 empresas que suscribieron contratos para esos fines, el 75% de la facturación fue para Challenge Consulting; Soluglob Ikon y Operadora de Hospitales Ángeles; Grupo Atlantis, y Corporativo Médico Community Doctors.

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Como lo reseñó entonces EMEEQUIS, el 14 de diciembre de 2019  Corporativo Medico Community Doctors fue fundada en una humilde vivienda de Ecatepec, por un pasante de medicina, que la vendió a Grupo Atlantis.

A la fecha, estas dos empresas han facturado ya 1,500 millones de pesos, en un esquema de operación que incluye el intercambio de personal ejecutivo entre el INDEP y las empresas contratadas. 

MÁNDALOS A FARMACIAS DEL AHORRO

De acuerdo con la reseña expuesta a EMEEQUIS por Arturo Espinoza, de 73 años, jubilado de Banrural con domicilio en Zamora, Michoacán, en su región comenzaron a padecer de falta de servicios de laboratorios y suministro de medicinas, en la primavera de 2021.

“El primero de abril del 2021, sin notificarnos, nos suspenden el servicio médico, causando un daño a nuestra salud, integridad física, moral y psicológica. (…)”, denuncia.

Pero eso no fue todo. Dos semanas después, el 13 de abril, también se transfirieron las citas médicas a servicios subrogados: “Iniciaron el servicio médico de primer contacto, consultas pero sin medicinas”.

Al denunciante le parecen especialmente ominosas las conductas cómplices de Ignacio Pérez Colín y Luis Guillermo Becerril Berrones, apoderado y Coordinador Nacional Médico, respectivamente, del Fopesiban:

“De manera engañosa, tanto el apoderado como el coordinador médico y la integradora (Grupo Atlantis) ofrecieron enviar desde la ciudad de México los medicamentos a domicilio a bastantes fideicomisarios u derechohabientes, y los medicamentos nunca llegaron”.

Al parecer, se trataba únicamente de un ardid para sacudirse a los quejosos. Todo se complicó aún más: “A partir del 27 de mayo se nos informó que ya contábamos con servicio de hospital, es decir, estuvimos casi dos meses sin ese servicio”.

Un mes después se abrió ese “servicio”, que al cabo también sería un fiasco: “El día 22 de junio se dio inicio con el servicio de Farmacias del Ahorro en Michoacán, la cual no cuenta con la mayoría de los medicamentos”.

De modo que, primero, estuvieron 83 días sin el servicio de farmacia, “y cuando acudimos a surtir las recetas a partir del 22 de junio, sucede que no cuentan con un gran número de medicamentos”. 

Con los servicios de laboratorio ocurrió algo semejante: “Hasta el día 14 de julio se nos informó que a partir de esa fecha ya se tenía (…), casi 4 meses sin el servicio de laboratorio”. 

No ha terminado de restablecerse el servicio, que funciona con intermitencias. Y es que, según relata don Arturo, la única farmacia contratada por las firmas de coyotaje del INDEP – Fobesipan en Zamora, no ha recibido pago por medicamentos .

“A la fecha, mayo del   2022, aún no tenemos el servicio médico completo. Desde el primero de enero de este año no se le ha pagado los medicamentos surtidos a la única farmacia que tiene contratada Atlantis Operadora Servicios de Salud en Zamora, denominada La Barata”.

Don Arturo lamenta: “Lo más seguro (es) que a consecuencia de estas acciones haya más enfermedades y fallecimientos”. 

Y en un gesto que parece más de impotencia denuncia como responsables de la tragedia que viven los pensionados de Banrural a Ignacio Pérez Colín  y a Luis Guillermo Becerril Berrones, que con la autorización del Comité Técnico del FOPESIBAN, por contratar a Soluglob Ikon, S.A. de C.V., y Community Doctors. 

Son “empresas fachada, por cierto, ya que no contaban entonces ni cuentan ahora, a seis meses de que fueron contratadas, con la infraestructura hospitalaria, farmacéutica, de laboratorio, de gabinete ni con los recursos técnico profesionales ya que presentaron información falsa en el proceso de licitación”.

Ignacio Pérez Colín, apoderado del Fobesipan. 

CITA MÉDICA, CON DOCTORES FALLECIDOS

En distintas regiones del país los pensionados de Banrural enfrentan situaciones desesperadas por la falta de medicamentos para tratar sus enfermedades crónicas y para recibir atención médica regular. Pero, en el colmo del desdén, las autoridades del Fopesiban los envían a citas hasta con médicos fallecidos.

El 15 de febrero pasado, los jubilados y pensionados de Banrural en Ciudad de México tuvieron una reunión con Luis Guillermo Becerril, Coordinador Nacional Médico de Fopesiban para reclamar atención médica.

Hasta principios de la gestión actual en el INDEP, la asociación de pensionados aportaba su propio personal médico.

El 19 de enero le enviaron oficio para recordarle que “por falta de pago los médicos de nuestra plantilla ya no dan o darán servicio”, dijeron al funcionario del fideicomiso.

Agregaron: “Cuando usted llegó a la Coordinación Nacional Médica, en reunión en su oficina le entregamos una relación de los médicos que se encontraban en esa situación. No obstante, le anexo a la presente la relación de los médicos que se quejan de la falta de pago y algunos incluso ya no prestan sus servicios a esta institución”.

Y reclamaron: “Desde que iniciaron los servicios de la integradora, es notoria la falta de capacitación de los operadores del CAT, no cuentan con la información en relación a los procedimientos de emergencia, incluso, cuando se les solicita información de especialistas, siguen proporcionando los nombres de médicos, que por falta de pago, ya no dan servicio a los Derechohabientes de Banrural, e incluso proporcionan nombres de doctores que ya fallecieron”.

Finalmente, lamentaron: “En su oficio no vemos un planteamiento para mejorar la comunicación del área a su cargo y nosotros los jubilados”.

Jubilados de Banrural llevan años realizando protestas. Foto: Especial. 

LA EMPRESA DEL PASANTE

Como lo reseñó entonces EMEEQUIS, el 14 de diciembre de 2019 fue fundada en Ecatepec la empresa Corporativo Medico Community Doctors. El acta constitutiva consigna dos socios, uno de ellos es poseedor de sólo una de las acciones (capital fijo), el otro, de 99 de ellas (capital variable). Cada acción tiene un valor de mil pesos. Lo curioso es que los dos socios son la misma persona: Bruno Alejandro López Ponce. Es decir, es socio de sí mismo.

El documento consigna como objeto de “la sociedad” la comercialización del servicio de “consultorios del sector privado para el cuidado de la salud”.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de documentos patrimoniales de esta naturaleza, la versión pública del acta constitutiva de Community Doctors omite datos básicos sobre la identidad de su fundador (incluso Curp).

Sin embargo, el nombre de Bruno Alejandro López Ponce sólo aparece ligado en registros públicos a quien en esa fecha era un estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala (UNAM).

El acta señala el domicilio de la empresa en la colonia Calos Hank González, en Ecatepec. Se trata de una inmensa zona popular asentada sobre 150 hectáreas densamente pobladas, en ese municipio del Estado de México.

En el predio señalado hay una humilde vivienda resguardada por una fachada de mampostería y franqueada por plantas en cubetas desechadas y en macetones de cemento. En el interior puede advertirse una sucesión de cuartos techados con láminas de asbesto y fibra de vidrio. 

NUEVO DUEÑO

“La firma” no tuvo actividad comercial, ni dejó rastro de movimiento alguno durante siete meses. Pero el 27 de agosto de 2020 llegaron nuevos socios que aumentaron el capital de la empresa.

De hecho, aunque extrañamente el acta respectiva no lo consigna, la empresa cambió de propietario. El asiento de esa fecha registra un aumento de capital fijo: Israel Alfredo Rodríguez Moreno y José Ángel Pérez Muñoz invirtieron mil pesos cada uno.

Pero además, aunque el asiento notarial no especifica la enajenación de acciones como de ordinario debe registrarse, Pérez Muñoz adquirió las 99 acciones que pertenecían al pasante de medicina Bruno Alejandro López Ponce y tomó su lugar como administrador de la sociedad.

Pérez Muñoz es un neoleonés de 33 años, con domicilio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, quien declaró ser “comerciante” y que, en los hechos, era ya el nuevo dueño de la empresa. No deja de ser desconcertante que, aunque la empresa nació en Ecatepec y el nuevo dueño era de Polanco, la reconfiguración de la empresa se protocolizó en la Notaría N° 1 de Tula, estado de Hidalgo.

Se integró como comisaria Viviana Castrejón Reyes y, además, la empresa pasó de ser sociedad de acciones simplificadas a sociedad anónima.

Después de aquellos cambios, la sociedad volvió a la habitual calma que la había caracterizado a lo largo de su existencia. Y por cierto que, hasta entonces, Community Doctors no había efectuado ninguna operación comercial.

No obstante, seis meses después, el 26 de febrero de 2021, cuando parecía que la existencia de la empresa continuaría constreñida a los estrechos límites de su enunciación en los legajos notariales, fue presa de nueva agitación.

Las acciones de la empresa fundada 14 meses atrás en aquella humilde vivienda de la colonia Carlos Hank González de Ecatepec, eran nuevamente presa de la codicia, a pesar de que el negocio no hubiera podido aún, hasta ese entonces, poner un pie en el rudo terreno del mercado.

El administrador único y propiamente dueño, José Ángel Pérez Muñoz, experimentó al parecer un súbito deseo de liquidar su participación en la sociedad. Vendió sus acciones a Israel Alfredo Rodríguez Moreno, su socio minoritario, que hasta entonces había sido el feliz poseedor de únicamente una acción de mil pesos.

Rodríguez Moreno sería en adelante el administrador único; y había un nuevo participante, Javier Gómez González, atraído por un prometedor negocio que hasta entonces no había efectuado una sola operación comercial.

ESPECIALISTAS EN CONTRATOS

Al mes siguiente, Community Doctors fue contratada por Nafin para otorgar el “servicio médico integral y de hospitalización para los fideicomisarios y sus derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”.

Los servicios contratados serían de prevención, detección y diagnóstico de diversas enfermedades; tratamiento, hospitalización, servicio de urgencias, aparatos ortopédicos, atención quirúrgica, servicio odontológico, abastecimiento y dispensación de medicamentos, material de curación, laboratorio y gabinete.

Community Doctors encabezó un consorcio en el que participan además Challenge Consulting e Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE. Fue contratado para cubrir dos zonas del país, una por 321.5  millones de pesos, y la otra por 211.9 millones de pesos. Los contratos cubren del primero de abril al primero de diciembre de 2021.

No era para menos. Tanto Israel Alfredo Rodríguez Moreno como Javier Gómez González, los dueños de Community Doctors, son ejecutivos responsables de licitaciones en Grupo Empresarial Atlantis, un conglomerado de inversiones especializado en ganar contratos de gobierno.

Dicho grupo se enfoca en dos áreas: construcción y salud. Su división sanitaria, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, también es contratista del gobierno morenista. Esta firma ha facturado 573 millones de pesos a tres instituciones: el INDEP, Nafin, y Sociedad Hipotecaria Federal.

De acuerdo con su acta constitutiva ―protocolizada en Tepeji del Río, Hidalgo―, Atlantis Operadora de Servicios de Salud tiene como socios a Nieto Vera S.A. de C.V. y a Mario Eduardo Vilchis Guerrero. En la estructura de la firma figura como director Guillermo Nieto, y Vilchis, como contralor. 

El comisario del consejo de Atlantis Operadora de Servicios de Salud es, curiosamente, Israel Alfredo Rodríguez, el administrador único de Community Doctors.

Grupo Empresarial Atlantis habitualmente intercambia personal con gobiernos morenistas. Por ejemplo, Modesto Solís Silva, que desempeñó el cargo de licitador en esa empresa de octubre de 2018 a abril de 2019, pasó a ser subdirector de Factor Humano y Prestaciones Laborales de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla en mayo de 2019; después fue jefe de departamento en la Secretaría de Turismo, hasta enero de 2021. Entonces asumió la Gerencia de Desarrollo Organizacional del Banco del Bienestar,

Por su parte, Miriam Castillo Rupit, hasta septiembre de 2019, era empleada del mismo INDEP (cliente de Atlantis). Ahora, Castillo Rupit es supervisora peninsular de Community Doctors.

En febrero de 2022, Grupo Atlantis y Challenge Consulting recibieron un nuevo contrato del INDEP, esta vez para proveer “servicios médicos integrales para el INDEP, sus encargos y  jubilados de confianza de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación”.

Es un contrato plurianual (2022-2023) cuyo monto es de mil 53.78 millones de pesos.

@estedavid