Reforma eléctrica de AMLO está en la lona: le faltarían 57 votos

EMEEQUIS.– Sobre los rieles de lo que parece una ruta de colisión hacia el fracaso, la coalición obradorista en la Cámara de Diputados echó a andar el proceso para la discusión final de la reforma al sector energético propuesta por AMLO.

Para tener éxito requiere ser aprobada por mayoría constitucional, es decir, 334 votos, pero los partidos oficialistas –Morena, PVEM y PT– sólo reúnen 277.

La puesta en marcha de la maquinaria oficial para aterrizar la votación de la reforma la próxima semana quedó expuesta hoy luego de que el PRI filtrara a los medios la copia del dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía.

La difusión del documento obligó a las comisiones referidas a oficializar por la tarde la presentación pública del proyecto. Casi simultáneamente, la Comisión de Medio Ambiente emitió su opinión favorable sobre el mismo.

Por la mañana, los dirigentes de PRI, PAN y PRD habían anunciado, bajo las siglas de Va por México, que sus respectivos grupos parlamentarios votarían en contra de las modificaciones constitucionales en cuestión.

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El dirigente panista, Marko Cortés, manifestó: “Hemos definido votar en contra de la destructiva y regresiva ley Bartlett, además de presentar una propuesta que sí busque que la gente pague menos en su recibo de luz”.

El líder del Comité Nacional priísta, y diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo también que su bancada votará en contra de la reforma, y reprochó al gobierno de AMLO: “Los acuerdos y la ley están para cumplirse, (…) única y absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad”.

En su oportunidad, el perredista Jesús Zambrano adelantó también que no aprobarán “reformas que afecten a la población”.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) tampoco votará a favor de la reforma propuesta por López Obrador, según confirmaron a EMEEQUIS fuentes de ese grupo parlamentario. Los naranjas no quisieron empatar la presentación de su postura con la de los partidos de Va por México, pero lo harán mañana martes con una contrapropuesta.

 Los partidos de oposición hicieron un anuncio conjunto. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.

AUSENCIAS Y ABSTENCIONES ¿LA APUESTA?

La decisión del grupo oficialista de acelerar el proceso legislativo para llevar al pleno la iniciativa de reforma energética de AMLO causó desconcierto en distintos círculos políticos, en especial por el aparente afán de querer prácticamente empatar la revocación de mandato con la votación de la reforma.

El planteamiento de Morena es que comience a discutirse el mismo lunes 11 de abril, un día después de la consulta de revocación de mandato. La pregunta que surgió entre los más suspicaces fue si el obradorismo tiene previstos tan malos números en la consulta referida y espera que sean tan buenos como para usar ese “bono” en su apuesta energética.

Lo cierto es que le faltan 57 diputados para alcanzar la mayoría calificada nominal, que es de 334 legisladores, es decir, dos terceras partes de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. 

La coalición gobernante está formada por Morena (202 diputados), PVEM (42) y PT (33), lo que suma 277 votos. Son 57 sufragios menos de los necesarios para una mayoría constitucional.

No obstante, las dos terceras partes que exige una mayoría constitucional son sobre el quórum, no sobre el número total de integrantes del órgano legislativo.

La única ―difícil― alternativa para AMLO y sus partidos es conseguir que entre faltas y abstenciones de diputados opositores, sumen los 57 votos de diferencia. 

La cifra promedio de asistencia al pleno, en la legislatura pasada, fue de 86.9%, es decir, de 434 diputados por sesión, según estimaciones de la consultora Buró Parlamentario. 

Con esto, la meta para la coalición gobernante cambia, pues la cifra de la mayoría calificada sería de 290 votos. 

El bloque opositor, en tanto, cuenta con los votos de 113 diputados del PAN, 71 del PRI y 14 del PRD, un total de 198 votos. 

La configuración numérica de la Cámara de Diputados. 

EL RECHAZO 

Bajo la siglas de “Va por México”,  los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, adelantaron que sus respectivos grupos parlamentarios en San Lázaro votarán en contra del dictamen aprobado en comisiones.

Los jerarcas partidistas opositores anunciaron que presentarán una contrapropuesta de reforma energética en la que destaca la gratuidad de energía eléctrica para hospitales públicos, guarderías, y poblaciones vulnerables.

La coalición adelantó que buscará el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de incentivar que empleados del sector eléctrico cuenten con salarios competitivos.

En su oportunidad, el priísta Alejandro Moreno reprochó al mandatario ya a Morena –como lo hiciera la senadora Claudia Ruiz Massieu hace unos días– la falta de cumplimiento a compromisos políticos:

“Los acuerdos y la ley están para cumplirse y eso, para nosotros, a diferencia de otros es la única y absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad”.

Explicó, en medio de aplausos, que “después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno”, y advirtió:

“No es creíble que tengan un plan para generar energía eléctrica para todo el país y que esta no suba de precio  (…). El reciente gasolinazo deja ver que (…) no tienen ni idea de cómo asegurar que el incremento de los energéticos  no afecte la economía popular”.

Todo ello, a pesar de que el propio Moreno Cárdenas dejó inicialmente la puerta y oídos abiertos a la propuesta oficial.

Por su parte, MC no quiso empatar con el bloque opositor un pronunciamiento frente al dictamen de reforma energética, pero fuentes de la bancada naranja confirmaron que serán consecuentes con la postura que vienen presentando desde el principio, por lo que votarán en contra del proyecto.

DICTAMEN PRESERVA POSTURA OBRADORISTA ORIGINAL

A pesar de que el proyecto, presentado por AMLO en septiembre de 2021, ha sido objeto de numerosas discusiones públicas, un parlamento abierto, y dictaminación en tres comisiones, preserva la postura original del gobierno.

Plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) absorba al gestor de la red de transmisión, desaparición de órganos reguladores y cancelación de permisos y contratos previos.

En resumen, la CFE se convertiría en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración; y a través de dicha empresa, el estado abastecerá energía eléctrica de manera exclusiva, así como la transición hacia energías renovables.     

El 46% de la generación privada se incorporaría mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, por lo que demanda la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad.     

La generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.      

El documento también plantea que el Estado no debe convertir en concesionarios para el servicio público a abastecedores, cogeneradores, y productores, contrario a la Reforma actual que “proponía autorizar la compra prácticamente sin límites de los excedentes”.

En un apartado dedicado a “contratos y cancelación de los mismos”, prevé la cancelación de certificados de energías limpias, argumentando que las grandes centrales “a través de mecanismos desleales y sin consultas previas, abusando del desconocimiento de los pueblos y comunidades originarios”, omitieron retribuciones económicas o las otorgaron debajo del nivel internacional “con lo que se da paso a una práctica abusiva e injusta”.

@emeequis