La 4T ante las presiones de Washington: la maquila tiene que seguir

EMEEQUIS.– La abogada laborista Susana Prieto Terrazas viste un mono blanco quirúrgico y porta mascarilla N-95. Es la tarde del 7 de abril y ha llegado a las puertas de una de las dos plantas de CommScope en Ciudad Juárez. La espera un contingente que tomó la decisión de salir ante la amenaza del contagio por Sars-Cov-2. Cuentan de casos y condiciones abrumadoras desde el otro lado de la reja metálica. El grupo es vigilado por personal de seguridad y de recursos humanos, en donde les han dicho que si quieren irse deberán firmar su renuncia porque la empresa no detendrá su producción.

“Yo prefiero irme a casa que en un cajón”, grita una de las obreras. La abogada les pide no firmar nada. “Yo lo único que les quiero decir es que esta infección es progresiva. Entre más tiempo pase, más infectados va a haber”. Sus palabras fueron premonitorias. Al 8 de mayo, el registro oficial de muertes por COVID-19 era de 105 por 466 portadores confirmados en el municipio. La cifra, dice Susana Prieto, es apenas un esbozo de la realidad. Con los reportes que le envían a diario los mismos trabajadores de esa y otras empresas, ella  suma 112 tan solo en el sector. 

“No se ha contabilizado la mayoría de los casos –sostiene la abogada. Por ejemplo, los ocurridos entre el 24 de marzo y el 3 de abril, cuando mueren 37 personas por deficiencia respiratoria en la clínica 66 del IMSS. Es el inicio de los fallecimientos por covid en Juárez. Ahí se marca una pauta muy cabrona de cómo va a estar el maquillaje de cifras. A los trabajadores que llegan a estar hospitalizados y que no mueren, nunca les dan el resultado de la prueba. Tengo a una trabajadora de Norma Group que estuvo 10 días hospitalizada. Le hicieron la prueba pero nunca le dieron el resultado. Epidemiología del IMSS se niega rotundamente a dar esos resultados. O el de otra trabajadora de Electrocomponentes de México que está en periodo de lactancia y no mandaron a descansar. Su hijo estuvo hospitalizado del 29 de marzo al 6 de abril. Con ella hemos estado exigiendo el resultado y no. Ella tiene WhatsApp en donde epidemiología le dice que si la empresa solicita el resultado, que les llamen. ¿Por qué no se los están dando a los trabajadores? Porque [Hugo] López-Gatell dijo que existe responsabilidad penal para aquellas empresas que no acataron el decreto de la emergencia sanitaria. Las gerencias de esas maquilas son directamente responsables de las muertes y de los contagios”.

Susana Prieto es un ave rara en el cielo fronterizo. Por años ha brindado asesoría gratuita a miles de trabajadoras y trabajadores de la industria manufacturera, un sector, dice ella, al que no le interesa la seguridad ni los derechos laborales de su base operativa. Su activismo le ha generado demandas tanto de empresas como de gobiernos, amenazas y agresiones violentas.

Antes de licenciarse en leyes fue conductora de un noticiero de televisión local y mucho antes, como la mayoría que reside en Ciudad Juárez, fue obrera de maquila. A mediados de marzo, tras conocerse los primeros casos de contagio, acudió a los centros de trabajo de quienes la contactaban a través de sus redes sociales. Las historias de reducción de salario y despido en medio de la epidemia saturaron sus días. Tan solo en uno de ellos, el 4 de mayo, preparó 270 demandas penales y civiles.

La abogada es la parte más visible de un reducido número de personas alarmadas por el nivel de contagio entre la clase trabajadora. En el reverso, empresarios y políticos presionan para que se reanude la producción. Se trata de un bloque convencido de que la parálisis hará colapsar una economía que depende en 80 por ciento de la industria del ensamblaje. La fórmula de su propuesta es tan simple como imposible: reducir a tasa cero la transmisión del virus al tiempo que se echan a andar las máquinas.

SE NOS VINO LA PANDEMIA

El crecimiento económico previsto para Chihuahua en 2020 era de 1.61 por ciento. Un registro pobre para una entidad que genera 52 mil millones de dólares al año teniendo como eje a la industria manufacturera y de exportación más amplia del país, con 400 plantas, 327 de ellas en Ciudad Juárez. La pandemia deshizo la marcha positiva de los años recientes y su reflejo más claro es la pérdida de empleos. En 2009, cuando la crisis inmobiliaria alcanzó a la frontera, se perdieron 116 mil plazas. Pero el impacto del COVID-19 será mayor, predice Isaac Sánchez, co-responsable del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). “En el escenario menos grave se perderán un total de 57 mil 119 empleos y en el más severo 163 mil 860”. La referencia es solo para los meses de abril, mayo y junio.  

Sánchez encabezó las investigaciones sobre el panorama del empleo ante el COVID-19 e incluyó también a Baja California. Los indicadores de ambas economías son muy parecidos, igual que sus conclusiones. “La economía estaría hasta cierto punto funcionando de manera normal, pero no ocurrió así. Se nos vino la pandemia. Para estimar qué ocurrirá como resultado de ella, lo que hicimos fue crear un índice de dependencia de estas dos economías y el índice de dependencia lo construimos en base a la exportación vía manufactureras y la vinculación vía inversión extranjera directa que tienen ambas entidades con los Estados Unidos –explica. En Estados Unidos las cosas están bastante mal. Viven también en un estado recesivo. Están pasando momentos críticos en materia de salud y esto por supuesto que se va a trasladar a estas dos entidades”. 

El desempleo desatado por el coronavirus viene en conjunto con el tema sanitario. Los dos estados fronterizos se encuentran en la lista de los más ricos de México, aunque su infraestructura hospitalaria y médica es tan pobre como la de cualquier estado del sur. Comparativamente, Baja California y Chihuahua poseen la misma cantidad de camas críticas que Oaxaca, .05 y .08 por cada mil habitantes. Hay 1.1 y 1.4 médicos para igual número de ciudadanos y 3.8 y 4.7 personal médico también por cada mil habitantes. “En conclusión –señala el investigador de la UACJ–, hay una alta vulnerabilidad económica sanitaria en los casos de Baja California y Chihuahua, estados que en teoría soy muy fuertes en materia económica, fuertes relativamente en comparación con entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco o Veracruz, pero que al final, si se les analiza individualmente, encontramos que siguen siendo altamente vulnerables tanto en lo económico como en lo sanitario”. 

DETENER LA INDUSTRIA VA A SER MUCHÍSIMO PEOR

Ciudad Juárez es por mucho el municipio con mayor propagación del contagio en la entidad. De 125 decesos oficialmente reconocidos en Chihuahua al 8 de mayo, 104 tuvieron lugar en esa ciudad. La velocidad con la que se manifiestan casos llevó al gobierno estatal a reconvertir en su totalidad al Hospital General, que depende de su área de salud, para atender casos graves. El IMSS lo hizo previamente con su hospital número 66, cuya capacidad alcanza para atender a 300 pacientes de manera simultánea, de acuerdo con la delegación de ese instituto. Pero al inicio de las semanas críticas los casos se multiplican más allá del conteo institucional y es justo en medio de ello que se genera la presión para la reapertura de las líneas de producción industrial. 

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“El efecto secundario de la pandemia es la cuestión económica”, dice Alejandro Díaz Villalobos, un inmunólogo y especialista en medicina migratoria quien es delegado para la frontera México-Estados Unidos de la Organización Mundial por la Paz. “Detener la industria va a ser muchísimo peor que la propia enfermedad. Si ponemos en la justa dimensión al COVID-19 –guardando todo el respeto para las víctimas, las familias y los contagiados–, sus números palidecen frente a enfermedades como la tuberculosis, la malaria, la misma influenza estacional y la neumonía aquí en la comunidad. Sin embargo, el COVID-19 viene cargado con una particularidad muy específica: que trae de cabeza al mundo y trae en jaque a las autoridades”.  

Bajo ese criterio, Díaz convocó a directivos de la maquila para armar mesas de diálogo que él mismo bautizó como Task force. Ante ellos expuso un plan para crear “una burbuja inmunológica” entre la clase obrera, lo que permitirá reanudar los procesos de producción sin mayor riesgo. En conjunto, buscan presentar el protocolo a funcionarios del gobierno federal antes de que finalice mayo. “La producción con el tema prioritario de la protección de la salud a los y las trabajadoras no está peleado con la apertura de la cadena de suministro – señala–. Mi objetivo, mi gol, sería tasa cero. Que no se contagie nadie a través de este protocolo. Y no son medidas heroicas, son medidas con el abc, son cosas sencillas nada más con sentido común”.

El médico se reserva los detalles de su protocolo de salud. Dice a cambio que despertó el interés de Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, quien a su vez lo contactó con el cónsul general de ese país en Ciudad Juárez, John Tavenner, quien se sumará a las mesas de diálogo. Díaz no tiene dudas de que su plan será adoptado sin reparación alguna por la clase obrera. Aunque para ello expone datos que difícilmente encajan con la realidad. “El obrero promedio en Ciudad Juárez gana al mes 8 mil pesos y el personal administrativo entre 24 y 26 mil pesos –afirma. He estado recorriendo de manera muy puntual las calles, las colonias populares de Ciudad Juárez y de Chihuahua y lo que me he encontrado con las familias es que ellos me dicen: doctor, yo prefiero salir, rifármela y estar en la calle buscando el sustento y perderle el temor al contagio, que quedarme en la casa para evitarlo y ver cómo se muere de hambre mi familia”. 

La industria maquiladora emplea a más de 300 mil personas en esa ciudad, la mayoría de las cuales perciben en promedio 1 mil 200 pesos semanales, con ayuda de bonos por puntualidad. La idea de montar plantas ensambladoras con mano de obra barata fue promovida por un puñado de empresarios locales desde 1965 ante el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Dos años más tarde el modelo tomó forma y desde entonces la población del municipio fue duplicándose cada década. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un tercer boom de la industria derivó en cambios a la ley de vivienda pública. Al amparo de las nuevas disposiciones, fueron construidas miles de casas de 32 metros cuadrados en terrenos alejados de los centros laborales. El modelo residencial concebido para los trabajadores de la maquila es tan deprimente como el transporte público que emplean para desplazarse de un extremo a otro de la ciudad, dice Hugo Almada, profesor investigador de la UACJ y autor, junto con la economista Clara Jusidman, de La realidad social de Ciudad Juárez (2007). 

“La estrategia del Quédate en casa, bajo las condiciones concretas de la ciudad, sirve solo para que tras el contagio de uno de los miembros termine contagiándose el resto de la familia —dice Almada. Entiendo la necesidad de la cuarentena y su eficacia, pero eso no quita que la realidad para una gran parte de la población en Juárez sea extremadamente difícil justo por las condiciones de precariedad y hacinamiento de ese modelo de vivienda popular”. 

La burbuja inmunológica de Alejandro Díaz no considera ese capítulo. “La sana distancia sería en el espacio de trabajo —dice. Ya en la vivienda y eso, es imposible, ya no me alcanza, no tengo ni la capacidad ni la voz autorizada para tomar esas decisiones. Eso ya le compete al gobierno”. El médico añade que debe conocerse todo el protocolo para entender que la propuesta es viable. No revela más, pero provoca la imaginación.  

“Qué pasaría si yo te digo, esto es una idea, no estoy diciendo que esto es el protocolo, pero a grandes males grandes remedios. Qué pasaría si la gente en sus áreas de trabajo, nadie sale y nadie entra. Es decir, que de forma escalonada algunas personas, para no detener la cadena de suministro, estuviera con todas las condiciones necesarias de principio y todo, estuvieran ahí por un tiempo en lo que se van haciendo las rotaciones. Ahí se puede garantizar una burbuja inmunológica. No estoy diciendo que va a ser la forma, pero sí pudiera ser una idea”.

LA PRESIÓN DE WASHINGTON

El 29 de abril un grupo de 11 senadores envió una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Le solicitaban comunicarse con el gobierno mexicano para que definiera si consideraban a la industria maquiladora parte de las empresas no esenciales. El fondo de la petición estaba marcado por la urgencia que existe para reabrir los procesos productivos de industrias clave en ese país, como la alimentaria, médica, aeroespacial, defensa y automotriz. De todas ellas, el inicio de la cadena de suministro se asienta en México. Como única respuesta, el canciller Marcelo Ebrard declaró que el asunto no era tema binacional. “México está siguiendo sus tiempos, tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General”, dijo durante la conferencia diaria que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Tal posición explica la razón por la que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales sancionan el desacato a las disposiciones sanitarias de buena parte de la industria maquiladora, que se negó a frenar su producción en plena pandemia, considera Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Política Pública James A. Baker III de la Universidad Rice. 

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“Para mí lo que eso refleja es que hay unas variables estructurales muy poderosas en los dos países que obligan a México a tener que responder no al interés nacional, a la salud pública, al bienestar, a la igualdad, sino más bien a Washington –señala. Washington tiene demasiada incidencia sobre el gobierno mexicano, que tiene muy poco espacio para maniobrar de manera independiente. La 4T, con la promesa de una administración más nacionalista, en los hechos ha tenido un comportamiento prácticamente idéntico al de Enrique Peña y Luis Videgaray en el 2017 y 2018. El hecho de que hay una continuidad en la manera en que estos dos presidentes –presumiblemente de corte muy diferente, de un entendimiento de lo que es México– termina exactamente en lo mismo”.

La situación en Estados Unidos es apremiante. Para el 7 de mayo el número de contagios y muertes se mantenía imbatible: 1 millón 254 mil 750 portadores registrados y 75 mil 543 defunciones. Ese día perdieron la vida 3 mil 310 personas, el doble que el día anterior, cuyo registro fue de 1 mil 155. Ese disparo fue producto de la reactivación de cierta parte de la economía y el comercio. “La sociedad ya se aburrió del encierro y del COVID-19 porque además ya hay 33 millones de personas sin empleo [17.8 por ciento]. Así que Donald Trump lo que quiere es abrir la economía. Eso implica abrir las plantas y ante ello no puede hacerse gran cosa. El gobierno mexicano cedió en materia de comercio, cedió en materia de migración, cedió en materia del cierre de la frontera, con la Guardia Nacional. No me imagino a López Obrador diciendo que aquí estamos tres o cuatro semanas detrás de la pandemia y negándose a reabrir la maquila. Lo único que vendría es echarse a Trump encima y si no hubo capacidad de negociación con todos los temas fundamentales del pasado reciente, no lo habrá con esto”, concluye Tony Payán. 

Las cuentas de la empresaria y política local Adriana Fuentes Téllez dejan claro el interés que existe por reanudar la operación plena del sector maquilador. La economía de la ciudad, dice, depende casi en su totalidad de ese sector. “Del trabajo que generan come más de un millón de personas. Estamos pasando por un episodio muy duro, que efectivamente nos está pegando a todo mundo, no solo en Ciudad Juárez, y es la razón por la que están cerrando muchísimas maquiladoras. La economía, sabemos todos que va para abajo. Sin embargo el sector manufacturero debe de reabrir con las condiciones adecuadas: cubrebocas, guantes de látex, medir la temperatura a la entrada, en fin, con todas las consideraciones que debe tenerse hacia los trabajadores. ¿Por qué? Por que Juárez es maquilador al cien por ciento”.

En su pronóstico, la pequeña y mediana empresa no sobrevivirá a la pandemia. De ahí su apremio. “Lo que gana la gente en la maquiladora, en realidad es poco –dice. Pero, qué va a pasar si las maquiladoras no se abren. Yo quisiera saber lo que pasaría si más de un millón de personas se quedan sin comer. ¿Quién va a emplear a esa gente? ¿Quién les va a dar de comer, el gobierno? No. ¿Van a conseguir empleo en otros lugares? Tampoco. Mucho menos ahora que cierran el resto de los negocios. Aquí es un trabajo tanto del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal y como se trata de exportaciones, también del gobierno de los Estados Unidos. Deben llegar a un acuerdo”. 

LA VIOLENCIA DE CLASE 

El miedo a perder el trabajo alcanza niveles inexplicables entre los trabajadores. La mayoría sube en sus redes sociales la muerte de compañeros o familiares, pero si hablan con periodistas solicitan que su nombre no se haga público. Susana Prieto, la abogada laborista, se da de topes de cabeza porque no logra muchas de las veces que las y los obreros ventilen las violaciones a las que les somete su empresa. “Tengo una trabajadora que es mi clienta desde hace años –pone como ejemplo. Estuve atendiendo a su tío y le decía a él que era diabético y me respondía que no lo querían enviar a su casa. ¡No vaya, puto! Y me decía: Pero voy a perder mi trabajo. ¡Pues sí, cabrón, pero va a perder la vida si va porque es vulnerable! Así son los trabajadores, no entienden razones. Y cuando finalmente le dieron la incapacidad por 14 días básicamente lo mandaron a morirse en su casa y allí contagió a la esposa que murió una semana después. Un caso bien perro. Pero aún así les da miedo ventilar el caso. ¡No quieren hablar porque los corren!”. 

Es el caso de un trabajador de BRP, donde se fabrican cuatrimotos y mofles para lanchas deportivas. A él y a otros más le hicieron firmar un convenio para renunciar a la mitad de su salario de 1 mil 200 pesos semanales a cambio de irse a casa durante la emergencia. Tiene 10 años trabajando en la planta. Ingresó cuando tenía 16. Hoy es padre de tres niñas. Su esposa no trabaja, así que el sustento familiar depende de él. Llevan seis semanas ingeniandoselas para sobrevivir con 500 pesos. Recientemente fue notificado que se extendían los términos del acuerdo hasta el 1 de junio. Entretanto, se enteró que uno de sus compañeros murió tras contagiarse. “Si me llamaran ahorita me iría a trabajar –dice. Obviamente sí la piensas, por los hijos más que nada, porque los expones a la enfermedad. Pero si no los mata el virus los mata el hambre. Así que prefiero jugármela”. Su casa es el de las miles construidas en 32 metros, en la parte más alejada del suroriente de Juárez. Sabe que un contagio equivale al contagio de todos. 

“Esta pandemia tiene violencia de clase y muy clara –señala Susana Prieto. Todo mundo se fue a sus casas desde el 17 de marzo, antes de que se emitiera el decreto. Incluida la burocracia. Cerraron escuelas desde antes del primer preventivo publicado en el Diario Oficial de la Federación para el 24 de marzo. Las guarderías se fueron el 27 de marzo, dejando a las obreras y obreros sin nadie que les cuidara a sus hijos y en las maquilas les dijeron que no se podía hacer nada con ellos porque no pertenecían a grupos vulnerables y les ofrecieron irse a sus casas sin goce de sueldo. ¡Se están muriendo de hambre, cabrón! ¡Quieren que abra la maquila ya! Bajo la idea de que no todos se mueren por COVID, juegan a la ruleta rusa”. 

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