Cuitláhuac busca disfrazar su herramienta de “ultrajes” y revive la polémica

EMEEQUIS.– Confiado en el respaldo de Palacio Nacional, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha elevado una vez más la apuesta frente a sus adversarios para preservar, a través de un cambio de nombre, su instrumento penal de persecución política en Veracruz: el delito de “ultrajes a la autoridad”. 

Ante la declaración de inconstitucionalidad del supuesto “delito” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que anula así su aplicación, el mandatario veracruzano anunció una “corrección de estilo” a la redacción del Código Penal estatal, que busca básicamente cambiar el nombre de la figura sancionatoria. 

“Vamos a hacerlo más textual, vamos a cambiar el tipo, ya no son ultrajes. Tendremos que hacer el análisis para que se siga protegiendo. Lo analizaré, la redacción es importante (…) Ya tomamos nota de qué palabras no puedes usar, qué términos no pueden ser, y qué tipos penales deben usarse”, dijo al día siguiente Cuitláhuac García.

Y anunció que enviaría de inmediato, la misma tarde de ayer, la propuesta de reforma a la Legislatura de Veracruz, donde tiene mayoría la coalición encabezada por Morena, su partido. 

Al referirse a la resolución de la SCJN, García dijo que no podía “dejar las cosas así”, y justificó su nueva reforma al asegurar que gracias a la persecución de ese delito “se redujo la violencia contra la autoridad y se ha pacificado el estado”.

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De acuerdo con organizaciones civiles, partidos de oposición, incluso distinguidos morenista, el “delito” en cuestión es un instrumento de violación de los derechos humanos y de persecución contra adversarios del gobernador. 

Hasta el cierre de enero, mil 033 personas se hallaban en prisiones veracruzanas por “ultrajes a la autoridad”, de acuerdo con la propia Fiscalía General de la entidad.

El Movimiento por la Justicia advirtió que, tras la sentencia de la SCJN, todos deben ser liberados y los servidores públicos “que se prestaron a violar los derechos humanos de los veracruzanos deberán enfrentar consecuencias jurídicas y penales”.

Advirtió al mandatario local: “el manto protector del gobierno federal no es permanente”.

SCJN: LEGISLACIÓN MAÑOSA

El dictamen que declara inconstitucional del “delito” de “ultrajes a la autoridad” fue votado a favor por 10 de los 11 magistrados. El voto en contra fue de Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Sala Superior de la Suprema Corte determinó que la redacción del articulado respectivo en el Código Penal de Veracruz ―y que mandó a confeccionar el gobernador― violenta los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad.

Es decir, es artificioso y permite interpretaciones diversas, no precisa qué tipo de conductas se tipifican como prohibidas y qué tipo de sanciones serán aplicables en los términos legales:

“Cualquier palabra, tono de voz, gesto, burla podría ser una amenaza o agresión contra un funcionario”.

CONDENAN ARDID DE CUITLÁHUAC                            

El desafío del mandatario veracruzano a la resolución del Poder Judicial Federal desató la condena de los senadores.

 El senador Ricardo Monreal Ávila, líder nominal de Morena en la Cámara alta, que encabezó un movimiento contra Cuitláhuac García, y que fue parado en seco por el gobierno federal, pidió ahora al gobernador de Veracruz “meditar y privilegiar el respeto a los derechos humanos”.

El líder de los senadores panistas, Julen Rementería, dijo que “es verdaderamente increíble que el gobernador diga: ‘Bueno, como tipificaron el delito y el nombre es el que incomoda, pues le voy a cambiar el nombre’, porque, en síntesis, es lo que está proponiendo. “Dejar, digamos, la misma acción, pero ahora con diferente nombre. Es una burla para la Corte lo que está planteando el gobernador”. 

Clemente Castañeda, de MC, advirtió al gobernador Cuitláhuac García, en una entrevista con el periódico Milenio, que “con la ley no se juega, mucho muchos cuando está de por medio la libertad de las personas”.

Incluso Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, se pronunció al respecto: “El nombre se puede cambiar, lo que no se puede hacer es repetir las inconsistencias e inconstitucionalidades de que estaba revestido, si se corrige todo eso se puede crear cualquier tipo penal, pero no se puede repetir la ilegalidad”. 

DANTE: LA PROTECCIÓN FEDERAL NO SERÁ ETERNA

Hasta ahora, Cuitláhuac García había ganado todas las batallas contra los detractores de su amado delito de “ultrajes a la autoridad”. Incluso venció al poderoso senador Ricardo Monreal, quien había combatido el disparate incluido en el Código Penal veracruzano y asesorado a víctimas del invento.

Cuitláhuac mandó entonces apresar al colaborador de Monreal, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, bajo presunción de homicidio. 

Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Veracruz y a la fiscalía estatal, que incluía diversas acciones para reparar el daño a un grupo de jóvenes que defendió Monreal, y exigía la derogación del delito.

Él dijo aceptar la recomendación en todos sus términos y prometió derogarlo, pero en realidad la ignoró

Por esas fecha se había sumado a Monreal el senador emecista Dante Delgado, pues Del Río es militante del partido naranja. Crearon la llamada Comisión Veracruz, que buscaba desaparecer los poderes en esa entidad y someter a juicio político a García Jiménez.

Pero cuando habían documentado las violaciones al estado de derecho por parte del ejecutivo estatal y del aparato de justicia de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a dar un manotazo en el Saneado.

La Comisión Veracruz fue disuelta, Monreal tuvo que desistir de sus pretensiones, le arrebataron de facto el control de la bancada, y Cuitláhuac García negó la libertad de Del Río Virgen y siguió encarcelando enemigos políticos.

La organización Movimiento por la Justicia fue creada justamente por MC tras la desaparición de la Comisión Veracruz, y es encabezada por el senador Dante Delgado, dijo ayer, en conferencia de prensa, que tras la determinación de la Corte, todas las personas apresadas por el “delito” de “ultrajes a la autoridad”, es decir, ilegalmente, deben ser liberadas.

Delgado advirtió que si el gobernador de Veracruz está obsesionado con defender a policías y jueces corruptos, el Movimiento por la Justicia hará todo lo que esté a su alcance para garantizar los plenos derechos humanos y el respeto al Estado de derecho de las y los ciudadanos veracruzanos. 

“A todos aquellos que hoy están abusando del poder y creen que gozarán permanentemente de impunidad por el manto protector del gobierno federal y que asume, como un acto de autoridad, un gobierno incompetente como es el de Veracruz, les digo que la justicia va a prevalecer y que deberán asumir las consecuencias, jurídicas, morales y penales de sus actos”, concluyó. 

El senador Dante Delgado e integrantes del Movimiento por la Justicia llamaron al gobierno estatal a liberar a las personas acusadas del delito de ultrajes a la autoridad, luego de que la SCJN la declarará inconstitucional. Foto: Yerania Rolón / Cuartoscuro.com.

PERSECUCIÓN POLÍTICA, LA INSPIRACIÓN DE CUITLÁHUAC

Fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien mandó arreglar la ley para que lo respeten. En febrero de 2021 ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.

Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al señor gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente de inconstitucionalidad contra la figura delictiva de “ultrajes a la autoridad” en 2016, por su aplicación en la Ciudad de México, donde el Código Penal local también incluye dicho instrumento en su catálogo de crímenes.

No obstante, el gobernador García Jiménez ha sostenido la aplicación de su reforma penal contra críticas, polémicas y aún contra el criterio de la SCJN. En Veracruz han sido detenidos por el delito en cuestión funcionarios estatales, periodistas, políticos, manifestantes.

La figura ya estaba inscrita en Código Penal veracruzano y provenía de la etapa priísta más intolerante, si bien lucía como una vitrina con el mensaje: “úselo en caso de emergencia”.

La Corte emitió comunicado para explicar la invalidez del artículo.

Es el artículo 331 del ordenamiento en cuestión, que decía: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.

Al ingeniero electricista Cuitláhuac García le pareció poco, así que envió al Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma penal, el día 11 de febrero de 2021. Para el 11 de marzo, la obediente legislatura local ya le tenía al mandatario los arreglos solicitados, que consistían en la ampliación y el endurecimiento de las penas, y la multiplicación de supuestos de aplicación y de los agravantes.

El Congreso tradujo los deseos del gobernador al Código Penal:

“Artículo 331. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. 

Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:  I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.

Aunque ya lucía suficientemente endurecida la disposición, Cuitláhuac García pidió una nueva adición que fue obsecuentemente cumplimentada por los diputados locales, el 3 de julio, en un “Artículo 331- Bis.”:

“A quien amenace o agreda a personal de las instituciones de seguridad pública, de las fuerzas armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias o catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de treinta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

A primera vista, la nueva legislación parecía debidamente delimitada. El término “servidores públicos”, se refiere, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Veracruz, a “Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos a que se refieren las fracciones IX y X de este artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Es decir, “representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal”, así como a los servidores públicos de los organismos autónomos.

Todos están protegidos: policías, regidores, síndicos, alcaldes, diputados, jueces, inspectores, directores, secretarios de gabinete, todos los demás servidores públicos y, desde luego, el señor gobernador, si se presenta el caso.

Los contornos que no aparecen definidos sin embargo, son los de la “amenaza” y la agresión.  

En marzo de 2016, el pleno de la SCJN declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”. Los magistrados llegaron a esa conclusión al procesar la revisión de los amparos 2255/2015 y 4436/2015, sobre la aplicación del artículo 287 del Código Penal para la Ciudad de México, que contempla dicha figura penal.

Al resolver la inconstitucionalidad del artículo, la ministra Norma Piña ponderó que “cualquier persona debe saber con certeza cuál conducta es prohibida y cuál permitida, y que “si la descripción tipifica que la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”. 

No obstante, los legisladores locales de Veracruz no tuvieron presente este antecedente para efectuar la reforma legal.

“INFRACTORES”

El 1 de marzo de 2021, elementos de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, quien estuvo detenido por casi 36 horas. Uno de los delitos que intentaron imputar fue el de “ultrajes a la autoridad”.

El periodista pudo salir, entre otras cosas, porque aún no se aprobaba la reforma penal de Cuitláhuac García. 

De acuerdo con la organización Artículo 19, que promueve los derechos y la protección de periodistas y dio seguimiento al caso, la detención de Arango “demuestra de manera concreta el uso arbitrario de este tipo penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”.

Hay más casos: Yolli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, año y medio presa; Tito Delfin, candidato a la dirigencia estatal del PAN, detenido el 18 de noviembre; Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, detenido en abril; Eduardo Mario Cázares, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, detenido en abril cuando encabezaba una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado; 

De hecho, son muchos otros los ciudadanos veracruzanos que han sido víctimas de la reforma penal de Cuitláhuac Garcia. 

El colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció el 6 de diciembre de 2021, que cada semana recibe entre 150 y 200 de los diferentes municipios de Veracruz por detenciones arbitrarias de policías bajo la presunción de “ultrajes a la autoridad”. 

El 80% de las quejas que recibió el colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña están relacionadas con abusos por parte de policías o agentes de tránsito, un sector sumamente cuestionado en el estado, implicado orgánicamente en el encubrimiento de desapariciones, según diversas denuncias periodísticas.

Ahora son más de un millar los detenidos. La propia Fiscalía General de la entidad informó al cierre de enero de este 2022 que eran mil 033 las personas detenidas bajo la figura de “ultrajes a la autoridad”. Es decir, alrededor de 100 personas apresadas cada mes. 

@estedavid