“La renuncia de Santiago Nieto es un mal mensaje. Y el de su sustituto, peor”

EMEEQUIS.– A unas horas de que despegara el avión comercial que llevaría al presidente Andrés Manuel López Obrador de la Ciudad de México a Nueva York al Consejo de Seguridad de la ONU, el tabasqueño dio dos órdenes que debían cumplirse antes de que aterrizara en Estados Unidos.

Uno: Santiago Nieto debería abandonar la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su sustituto tomaría posesión inmediatamente del cargo –aunque su ratificación dependa de una votación en la Cámara de Diputados– para no retrasar investigaciones que van contrarreloj, como la carpeta de investigación que lleva el nombre de Ricardo Anaya.

Dos: el elegido sería Pablo Gómez, a quien el presidente estima por tres investigaciones que hizo hace décadas sobre presunto dinero sucio y que representan las luchas de López Obrador: el Fobaproa, el Pemexgate y la partida secreta del expresidente Carlos Salinas. 

“Es un doble error”, ataja Salvador Mejía, maestro en Anticorrupción y uno de los mayores expertos en delitos financieros en México en entrevista con EMEEQUIS. “Santiago Nieto, guste o no, le dio un impulso a la UIF porque entendió el poder de generar información. Y es un tipo que sí conoce del tema. 

“¿Con quién podían sustituirlo? Hay pocas personas con el perfil idóneo, pero se debió buscar dentro la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Expertos en un tema que requiere de años de estudio. En lugar de eso, el presidente eligió a un político que no tiene la más remota idea de los aspectos más elementales de la inteligencia financiera”.

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Desde su creación en el sexenio de Vicente Fox –recordó Salvador Mejía– la UIF fue una oficina discreta, aunque sus temas entraban en la categoría de “seguridad nacional”. Los titulares anteriores son apenas recordados y casi nunca figuraban en ceremonias públicas. Dentro de la Secretaría de Hacienda eran vistos como operadores con un trabajo a la sombra.

Incluso, con el expresidente Enrique Peña Nieto, la UIF mantuvo un bajo perfil… hasta que un joven abogado nacido en Querétaro le dio un vuelco a ese despacho con vista al Bosque de Chapultepec y se volvió en protagonista de la llamada Cuarta Transformación hasta el punto de ser candidateable para convertirse en gobernador de su estado.

Pablo Gómez al ser presentado en el nuevo cargo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Foto: Segob. 

PABLO GÓMEZ, UN NOVATO DE 75 AÑOS

“La UIF debe generar inteligencia financiera, pero con Santiago Nieto la oficina se sintió como un símil del Ministerio Público. Descubrió el poderío que pueden tener las investigaciones de crímenes financieros, pero muchos de esos casos se perdieron porque tenían un componente político”, dice Salvador Mejía.

De pronto, la mayoría de las investigaciones más mediáticas al inicio del actual sexenio atravesaban las oficinas de Santiago Nieto convertidas en carpetas de investigación por lavado de dinero o delincuencia organizada: desde Gloria Trevi y Laura Bozzo hasta los Legionarios de Cristo y el expresidente Enrique Peña Nieto estaban en la mira.

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Ahora, esa oficina estará a cargo de Pablo Gómez, un viejo aliado del presidente sin experiencia de gobierno –su extenso currículum se ciñe a su trayectoria como senador, diputado y burócrata del PRD y el extinto Partido Socialista Unificado de México– y cuya única línea en su hoja de vida que lo prepararía formalmente para el cargo es haber egresado de la carrera de Economía en 1976, es decir, hace casi medio siglo. 

Como legislador ha sido parte del estudio de diversos presuntos delitos financieros, pero nunca ha creado o generado evidencias a partir de búsquedas en el sistema bancario y financiero para judicializar una carpeta de investigación. Lo hará, por primera vez en este cargo, a los 75 años, tras pasar cuatro meses desempleado por perder la elección del 6 de junio pasado frente al excandidato presidencial Gabriel Quadri, hoy diputado federal de oposición.

“Pablo Gómez no tiene manera de salir bien librado de la comparecencia que, por ley, debe tener en la Cámara de Diputados, porque no puede acreditar un sólo día de experiencia en la investigación de crímenes financieros, de derecho penal, contrainteligencia…

“La salida de Santiago Nieto es un mal mensaje, pero el de su sustituto es peor. Es la politización de facto de la UIF”, insiste Salvador Mejía. “¿Sabes quienes ganan con esto? Los operadores financieros de los cárteles. Es un regalazo para ellos”. 

Pablo Gómez no tiene experiencia en la investigación de crímenes financieros, advierte Salvador Mejía. Foto: Facebook.

LA LEY COMO HERRAMIENTA MILITAR

La salida de un perfil técnico de la UIF, como Santiago Nieto, llega en un momento clave para el presidente. Es el cuarto año del sexenio y López Obrador se ha quedado sin su mejor arma para hacer realidad las promesas de la llamada Cuarta Transformación: la mano dura para recaudar impuestos y financiar programas sociales y obras emblemáticas que van retrasadas.

“En 2019, los legisladores de Morena y sus aliados usaron su mayoría para aprobar la reforma penal-fiscal de 2019, que cambiaba una serie de leyes y códigos, para que todos los delitos fiscales fueran considerados contra la seguridad nacional. Cualquier error fiscal se convertía en cárcel automática, mientras se investigaba si había delito o no. 

“Con eso lograron doblar a miles de empresas. Todos salían corriendo, porque en años anteriores ser ‘empresa facturera’ era de lo más común. Incluso, era casi un requisito que se te imponía para hacer negocios con el gobierno. Muchos sabían que, si los investigaban, iban a ir a la cárcel por una (mala) práctica que era común en el pasado. Y nadie puede defenderse adecuadamente desde la cárcel”, dice Salvador Mejía, quien también es asesor de empresas para identificar riesgos financieros.

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Aquello era un cambio de juego. Antes de esas reformas legales, las empresas acusadas de delitos fiscales –como evasión fiscal, compra de facturas falsas o contrabando– podían inconformarse por una investigación en su contra a través de un litigio. Era relativamente simple: la empresa contrataba a un gran despacho de renombrados abogados que litigaban contra el gobierno y, al cabo de varios años, ganaban o negociaban pagar lo mínimo.

Incluso, entre algunos empresarios era común decir que no había mejor banco para guardar el dinero que el SAT, pues después de ganar un litigio las empresas podían solicitar al gobierno la devolución del impuesto… con sus respectivos intereses.

“Pero de esa situación se pasó de un extremo a otro con este gobierno. Y hay un concepto gringo para eso: ‘lawfare’, es decir, el uso del Derecho como un arma. ‘Weaponize the law’. Usar la ley casi como una herramienta militar”.

De pronto, grandes empresas como Walmart o Femsa y bancos como BBVA se apresuraron a pagar cuentas pendientes, ante la posibilidad de que sus socios terminaran en prisiones de máxima seguridad. Así, por ejemplo, esos tres conglomerados pagaron el año pasado más de 35 mil millones de pesos en impuestos atrasados. 

“Hay un dicho en esta administración que me parece muy peligroso. Ahora te mandan a decir: ¿quieres línea de captura u orden de captura?”. 

SOBRERREGULACIÓN EN LUGAR DE COMBATE AL DELITO

El problema con esa estrategia es que es insostenible, apunta Salvador Mejía. No sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es inconstitucional, sino que termina por ahuyentar a la inversiones extranjeras y privadas del país. Y tampoco sirve para combatir los delitos financieros.

“Por ejemplo, en este sexenio también se hizo una modificación a la legislación antilavado para que, si el SAT te incluye en su lista negra del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación —te detecta como una empresa que hace operaciones simuladas— te van a subir en automática a la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Traducción: te van a cancelar tus sellos fiscales, van a congelar tu cuenta y puedes ir a la cárcel con prisión preventiva justificada. Al subirte a la lista de bloqueos de la UIF, se te bloquea a ti para no usar el sistema bancario, así que adiós a tu cuenta de banco, a tener tarjeta de débito o crédito. 

“Ya no hay manera de que puedas operar nada y eso va de la mano con lo que llamamos ‘el riesgo de contagio sistémico’, que hace que, incluso, se puedan congelar las cuentas de tu pareja, tu primo y no vas a poder pagar ni la renta. No hay que usar este término a la ligera, pero eso ya está muy cerca de algo que se llama ‘terrorismo fiscal’”.

El freno que han puesto los ministros a esa reforma penal-fiscal de 2019 obliga a la actual administración a ser creativos con la persecución de los delitos financieros o, de lo contrario, volverán los tiempos de los grandes y largos litigios en los que el gobierno termina pagando.

“Hoy estamos peor porque estamos confundiendo la sobrerregulación con un combate efectivo de los delitos financieros… y, mira, yo no tendría quejas de ese sistema, si hoy hubiera casos exitosos de empresas ligadas a la delincuencia organizada bajo investigación por defraudación fiscal. Pero esos casos no existen.

“Toda esta normatividad fue diseñada para combatir el delito de evasión fiscal, pero hubo un acto de corrupción política en el Poder Legislativo para crear un andamiaje jurídico que permitiera al gobierno utilizar la cárcel como un arma de control.

“Ahora, viene esto… y Pablo Gómez llega a la UIF. Que cada quien saque sus conclusiones…”.

@oscarbalmen