Escape a la opacidad: 16 mil reservas, enlaces rotos, archivos vacíos, tretas legaloides

EMEEQUIS.– Las entidades del gobierno han multiplicado los artificios para eludir la obligación de transparentar los asuntos públicos en los años del gobierno obradorista. Tan sólo en los primeros cuatro años del sexenio se han acumulado 16 mil negativas de respuesta a ciudadanos peticionarios de información vedada por la clasificación de “reservada”. Un promedio de 11 por día.

Pero los cerrojos que sepultan en la oscuridad tales expedientes bajo el abuso de la clasificación, no son el único subterfugio al que acuden autoridades para evadir la luz pública. Hay además contratos que los dependencias consignan ya sea en Compranet o en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero cuyos datos y soporte documental no se incluyen en los enlaces web en donde debían estar, como el caso de adjudicaciones directas por más de 10 millones de dólares asignadas por la Secretaría de Marina (Semar). 

También hay en ambas plataformas enlaces a archivos que bajan vacíos cuando los usuarios los descargan, documentos e informes de facturación que aparecen sin rellenar, e incluso alegatos de excepciones legales como los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que no sube su información a ninguna plataforma.

A partir de consultas a informes estadísticos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y a las plataformas ya citadas, EMEEQUIS presenta una colección mínima de los atajos que funcionarios e instituciones de gobierno han ideado para conculcar a los mexicanos el derecho a conocer la información de todos.

LIBRO CERRADO CON LLAVE, LO QUE ENCIERRA NO SE SABE

Del último trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2022, un total 16 mil 38 respuestas de los sujetos obligados ―entes públicos que manejan recursos públicos y/o imparten actos de autoridad― consistieron en la negativa de la información solicitada por los ciudadanos peticionarios, bajo el argumento de que se trataba de “información reservada o confidencial”.

Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018. 

Así lo reportan los informes anuales del INAI. Hay que reparar en el hecho de que dicha institución mide sus ciclos anuales del último trimestre de un ejercicio determinado al tercer trimestre del siguiente ejercicio. Por tanto, el primer reporte que consideramos aquí es del último trimestre de 2018 ―que es en el que arranca la administración obradorista, aunque dos meses “caen” dentro de la gestión anterior― al tercer trimestre de 2019.

Así, de las 243 mil 430 solicitudes de información respondidas entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 por entidades de gobierno, 4 mil 156 negaron la información por estar etiquetada como reservada.

Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 fueron respondidas 195 mil 95 solicitudes de información pública, de las cuales 2 mil 965 acudieron al recurso de la reserva de información.

De octubre de 2020 a septiembre de 2021, los sujetos obligados dieron respuesta a 258 mil 26 solicitudes de información, de las cuales 5 mil  67 recibieron respuesta negativa bajo el argumento ya señalado, lo que lo convierte en el ejercicio con más negativas por reserva.

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 fueron respondidas 281 mil 251 solicitudes de información, de las cuales 3 mil 850 negaron la información por motivos de reserva o confidencialidad.

Hay que señalar que, además de dicho recurso, otra respuesta que muchas veces es utilizada como instrumento de dilación es la de “inexistencia” o “incompetencia”, que con frecuencia se acompaña del argumento de que las entidades no están obligadas a entregar información porque no pueden elaborar documentos “ex profeso”.

No son extraños los casos en que las unidades de transparencia responden así aunque sí sea de su competencia y no se trate de una petición “ex profeso”, y a sabiendas de que el peticionario presentará recurso de revisión. Aún así dan esas respuestas como recurso dilatorio y disuasivo. 

SEMAR: CONTRATOS EN CLAVE

El 4 de julio de 2022, la Semar asignó dos contratos de adquisición de manera directa que suman más de 10 millones de dólares.

Los procedimientos se publicaron en Compranet y algunos de sus datos aparecen en la sábana de Excel descargable de dicha plataforma de compra del gobierno mexicano. El primero (AA-013000999-E877-2022), correspondía a la adjudicación directa asignada a las 10:10 de la mañana a la empresa Grupo Soelmex, por un monto de 5 millones 739 mil 824 dólares.

Sólo 16 minutos después, Compranet registró el segundo procedimiento de naturaleza semejante (AA-013000999-E878-2022), correspondiente a otra adjudicación directa de Semar, esta por 5 millones 184 mil dólares, a la empresa Grupo Kratfel. 

Hasta ahí todo normal. Pero en los casilleros correspondientes a “Título del contrato” y “Descripción del contrato”, que normalmente refieren el bien adquirido, aparecen dos leyendas crípticas. En el primero, está la leyenda “IMP. 13-SCIA/008-2022 ACON0024OR/22” en ambos casilleros, y en el segundo caso, “IMP. 13-SCIA/008-2022 ACON0019OR/22”.

Se trata de los números de control de los contratos, que habitualmente ocupan otro casillero, de modo que el usuario puede atribuirlo a un error de la Unidad de Compras de la Dependencia. De modo que se espera contar con la descripción completa al acceder al enlace de la página del contrato, en este caso alojados en las direcciones electrónicas: 

y https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2152164

Pero lo que el usuario hallará en estos alojamientos será únicamente una ficha de “Información adicional” que contiene los mismos datos, y un documento en formato PDF con una breve justificación legal de “excepción de licitación” por la que se asignaron los contratos.

Si se intenta buscar los contratos de la Marina con Grupo Kratfel en la PNT, sólo obtendrá un contrato de adquisición de refacciones de 2013, por 75 mil dólares.  y ninguno de Grupo Soelmex.

Los bienes adquiridos por Semar a esas empresas el 4 de julio de 2022 se mantienen en la opacidad.

ENLACES ROTOS, ARCHIVOS Y DESCARGAS VACÍAS

Entre las argucias que las entidades de gobierno han desarrollado en estos años de intenso discurso contra los procesos e instituciones de transparencia, están también los “errores de carga” de la información que están obligados a subir. 

Por ejemplo, si usted consulta las obligaciones de Presidencia de la República y entra al apartado de “Gastos en comisiones oficiales”, lo más probable es que en al menos un tercio de los intentos los enlaces web a la documentación relacionada con los comprobantes de facturación  no funcionen.

El enlace a las facturas no funciona.

En otros casos, los enlaces funcionan, pero los formatos vienen sin la información que deberían. Por ejemplo, el “Servidor de la nación” Arturo Gatica Ramírez fue enviado por la Secretaría de Bienestar a una comisión en el Estado de México, donde realizó labores de “supervisión” entre el 8 y el 30 de marzo de 2023.

La dependencia consigna como erogación por “gastos de representación” del empleado 28 mil   195 pesos con 95 centavos. No obstante, el casillero que en el Excel descargable está destinado al enlace web al informe de facturación viene vacío. Sólo hay enlace en el casillero destinado a “informe de la comisión”, que aparece sin firma ni mayores especificaciones.

CNDH: RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no sube sus contratos a la plataforma de compras del gobierno, Compranet. Investigaciones periodísticas han expuesto esta anomalía, como Reporte Índigo, que denunció dicho incumplimiento en un reportaje publicado en junio del año pasado:

“A diferencia de otros entes autónomos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue sin transparentar los contratos que otorgó a proveedores en los últimos años. Tampoco cuenta con información respecto a su ejercicio presupuestal o gastos. En la página de la CNDH, en el apartado denominado ‘Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAASSP) Licitación Pública’ únicamente arroja los contratos que ha cerrado con proveedores en fechas recientes”.

La CNDH respondió con un extenso alegato que se resume en su siguiente afirmación: “Si la CNDH no cuenta con ningún registro en el sitio CompraNet es porque no somos una dependencia del gobierno federal. Y si bien es de uso obligado para los sujetos señalados en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en el segundo párrafo de dicho artículo se establece, en relación con los órganos públicos autónomos, como es el caso de la CNDH, que: Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.”

Sujeto obligado, la CNDH tampoco sube su información a la PNT, como corroboró EMEEQUIS. Si un usuario busca sus contratos, por ejemplo, para empezar no encontrará a esa institución en los buscadores de dicha plataforma.

@estedavid

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