Fiscalías ignoran perspectiva de género: esconden tentativas de feminicidio como homicidios

EMEEQUIS.– Fue un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando intentaron asesinar a Martha Ávila. Después de un proceso tormentoso de divorcio, el exesposo de su hija fue a buscarla a su trabajo y, al no encontrarla, le roció a ella una botella con ácido en la cara y el cuerpo.

Ocurrió en el año 2017, en un estacionamiento de un centro comercial del Estado de México. El agresor fue su exyerno, de nacionalidad argentina, quien además llevaba más botellas con ácido, con las que pretendía lastimar a más personas de la familia. 

Durante el ataque, Martha volteó la mirada y el químico chocó con el lado izquierdo de su rostro. Su cabello se consumió, la oreja, el cuello, brazos, hasta llegar a su torso. Sufrió quemaduras penetrantes que la llevaron a estar en un coma inducido. 

Por el impacto que provocó su caso, al ocurrir en la conmemoración internacional de las mujeres, el agresor fue detenido casi de inmediato. Sin embargo, la agresión, que debió clasificarse como un intento de feminicidio, la establecieron en la carpeta de investigación como tentativa de homicidio. Sin considerar los protocolos y razones de género.

La Fiscalía del Estado de México estableció que la vulneración hacia su vida no se trataba de violencia feminicida, y tampoco que en el caso debían considerarse motivaciones y vulneración por razones de género, sino como un intento de asesinato entre particulares. 

“Todas las razones de género en el caso de Martha ahí están. Una de las motivaciones por razones de género es que se tenga una relación sentimental y de confianza o que implique subordinación y poder. Martha convivió mucho tiempo con su exyerno”, explica Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, que acompaña casos de violencia química. 

En los últimos tres años las fiscalías de todo el país reportaron más de mil 200 casos de intentos de violencia feminicida que fueron clasificados como tentativa de homicidio. Sin seguir protocolos de feminicidio, ni considerando agravantes de género. 

Esto a pesar de que las víctimas resistieron agresiones de violencia extrema como intentos de atropellamiento, así como agresiones con armas de fuego y   los perpetradores, en su mayoría fueron sus parejas.

De 3 mil 173 carpetas de investigación registradas por las fiscalías de todo el país por intentos de asesinar a una mujer, el 38.2% se clasificaron como tentativa de homicidio y no como tentativa de feminicidio. 

Esto quiere decir que en 1 de cada 3 intentos de asesinar a una mujer en México no se investigan ni sancionan con perspectiva de género y sin considerar protocolos especializados, de acuerdo con solicitudes de transparencia realizadas por EMEEQUIS. 

 Pronunciamiento de Martha Ávila, sobreviviente de ataque con ácido, frente a Palacio Nacional. (Fundación Carmen Sánchez).

RESISTENCIA DE TIPIFICAR LA TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Del año 2020 a 2023, las fiscalías de todo el país iniciaron un total de 3 mil 173 carpetas de investigación por agresiones contra mujeres donde se tuvo la intención de asesinarlas. 

Sin embargo, mil 215 se iniciaron por tentativa de homicidio, a pesar de que desde 2012 el delito de feminicidio forma parte del Código Penal Federal, y acorde con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia, estas violencias deben investigarse tomando en cuenta la vulnerabilidad y motivaciones de género. 

En 2020 se registró el mayor número de casos abiertos con esta figura jurídica (421), seguido del año pasado con 397 casos, 335 durante 2021 y 55 en lo que va de este año. 

El estado de Guanajuato es donde más casos a nivel nacional se tipifican inadecuadamente como tentativa de homicidio, dejando de lado los protocolos de género. Mientras que reportó 145 investigaciones por tentativa de feminicidio, la cifra se duplicó a 243 indagatorias de tentativa de homicidio donde las víctimas son mujeres. 

Caso similar ocurre con Chihuahua, ya que informó no registrar carpetas de investigación por tentativa de feminicidio. En contraste, abrieron 153 indagatorias por tentativa de homicidio con víctimas de sexo femenino. 

Otros estados con mayor incidencia de esta mala tipificación son Quintana Roo con 131 casos de tentativa de homicidio, mientras que reporta sólo 39 de tentativa de feminicidio. 

Seguido de Sonora con 121 carpetas de investigación, 88 en Oaxaca, 82 en Zacatecas, 65 en Campeche y 62 en Colima. 

En tanto, durante tres años, se abrieron mil 958 carpetas de investigación por tentativa de feminicidio. El año con mayor incidencia fue el 2021 con 727 casos, seguido del 2022 donde se reportaron 647 y 519 durante el 2020. 

Durante los primeros cuatro meses del año, se reportaron 65 carpetas de investigación por tentativa de feminicidio.

Los estados con mayor incidencia de violencia son Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco. 

De acuerdo con especialistas consultados por EMEEQUIS, la inadecuada apertura de las carpetas de investigación provoca que los casos se retrasen, se investiguen sin considerar causales de género y se obtengan sanciones menores contra los agresores al intentar asesinar a una mujer. 

LOS RIESGOS DE NO NOMBRAR LAS VIOLENCIAS 

Las consecuencias de la mala clasificación del delito hicieron que el agresor de Martha Ávila se beneficiara de un juicio abreviado. 

De 25 años de prisión que le darían de sentencia por intentar quitarle la vida, al declararse culpable la pena bajó a tan sólo 8 años en la cárcel. Su pena está pronta a expirar y la vida de Martha se pone en riesgo otra vez.  

“Queremos conseguir que, cuando salga, pase del penal al Aeropuerto, para que lo extraditen a Argentina, porque fue un tipo muy violento con su hija y que, al salir, es muy esperable que pueda atentar otra vez contra la vida de Martha o de su familia”, afirma Canseco en entrevista con EMEEQUIS. 

Los ataques de violencia química o con sustancias ácidas y corrosivas, pese a que son una de las formas más extremas de agresión, con afectaciones físicas y emocionales de por vida, son casos que llegan a la justicia bajo delitos de bajo impacto, como lesiones o violencia familiar.  

Pese a que deben ser clasificados como una tentativa de feminicidio, al ser un tipo de violencia que busca denigrar la imagen personal de las mujeres, también se nombran como tentativa de homicidio. 

La tentativa de feminicidio es una figura jurídica integrada en los códigos penales sólo de cuatro estados del país: Puebla, Campeche, Nuevo León y Durango. 

Sin embargo, al existir el delito de feminicidio y la punibilidad, los casos donde se acredite la intención de asesinar a una mujer deben iniciarse por esta causa; pero aún existe una resistencia clasificar los casos bajo esta figura. 

“La tentativa de feminicidio es la intencionalidad del asesinato, que generalmente son violentos pero donde por un factor externo al agresor, no logró consumarse; pero sí hay una intencionalidad. Están atravesados por el género y que están acompañadas de degradación a la femineidad, violaciones sexuales, o atentados contra la imagen de la mujer”, explica Leticia Sánchez García, antropóloga feminista y posdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

La especialista señala que la tentativa son antecedentes o preámbulos de violencia que alertan sobre los riesgos de que se consume el asesinato de una mujer; sin embargo, el Estado mexicano ha mostrado una resistencia institucional en reconocer y nombrar las formas de violencia feminicida, además de minimizar las agresiones de las que son víctimas las mujeres. 

“Hay casos de tentativas de feminicidio que como no fueron atendidos previamente, el desenlace es fatal. Son muertes que pudieron ser evitadas…Si están en el sistema de justicia entonces hay que aplicar las herramientas y protocolos con perspectiva de género para la investigación”. 

VÍCTIMAS EN OLVIDO INSTITUCIONAL

La sentencia por cometer tentativa de feminicidio puede alcanzar de 20 a 40 años de prisión, mientras que para tentativa de homicidio las penas llegan de 5 a 10 años. 

Esto se suma a que en la mayoría de los casos mal clasificados, los agresores pueden llevar el proceso en libertad posibilitados para agredir en más de una ocasión a las víctimas, además de que no se les asignan medidas de protección. 

De acuerdo con un reportaje publicado por EMEEQUIS, en los últimos tres años sólo se asignaron órdenes o medidas de protección al 13.6% de las víctimas de tentativa de feminicidio. 

En la Cámara de Diputados fue aprobada el año pasado una iniciativa para tipificar la tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal, sin embargo, se mantiene congelada desde abril de 2022 en el Senado de la República. 

Para la abogada feminista y coordinadora de protectos de Impunidad Cero, Leslie Jiménez, la falta de reconocimiento de esta figura es una muestra de la falta de entendimiento de la violencia feminicida en México, que se suma a descalificaciones y minimización de las autoridades hacia las violencias previas que pueden ser determinantes para contener los feminicidios. 

“El Estado mexicano está muy acostumbrado a no nombrar violencias y esto tiene consecuencias, una de ellas es con datos y con información. El no nombrarlas es que no existen y al no nombrarlas no hay datos. No se mide la totalidad de violencias”, afirma en entrevista con EMEEQUIS. 

De acuerdo con la abogada penalista, el no utilizar la figura de tentativa de feminicidio puede generar irregularidades en los casos, ya que se dejan de aplicar protocolos especializados y actos de investigación con perspectiva de género necesarios en estos casos. 

“En la reclasificación o mala tipificación trae aparejado una omisión en hechos de investigación que son relevantes para casos de feminicidio, por ejemplo, la aplicación de protocolos especializados, el acompañamiento y seguimiento a víctimas, y para la víctima un entendimiento del hecho que vivió”. 

Los casos de tentativa de feminicidio, refiere, no se resuelven sólo con la inclusión de más delitos, sino que se debe a la falta de capacitación al personal operativo en Fiscalías y Ministerios Públicos que, de por sí, están rebasados para el tratamiento con víctimas de violencia de género. Incluso esto genera que las sobrevivientes de feminicidio tengan desconfianza en las autoridades para denunciar agresiones.

“Las autoridades no llevaban a  cabo contención emocional, que es remitirlos a centros de atención a víctimas, darle seguimiento a medidas de protección, a terapias psicológicas grupales e individuales, así como el seguimiento del proceso penal”, afirma. 

Circunstancia similar también fue analizada por Impunidad Cero en su estudio “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio” publicado en 2022, en el que revelan sólo el 27% de las muertes violentas en México fueron investigadas como feminicidios durante 2021. 

Además contabilizaron un patrón de impunidad en los casos de feminicidio, ya que la mitad de los casos llegan a una sentencia condenatoria; mientras que aquellos clasificados como homicidios siete de cada 100 son esclarecidos. 

@GloriaPE_

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