Poder Judicial pide 4% de aumento al presupuesto y Nacho Mier lo toma como “afrenta”

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, advierte Norma Piña, tras pedir 4% de aumento para el Poder Judicial. “Quiere acelerar los tiempos con este mensaje”, acusa Nacho Mier.

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EMEEQUIS.– Apenas es lunes y ya hay encontronazo entre el Poder Judicial y la Cámara de Diputados. Magistrados, jueces y ministros se reunieron para solicitar incremento de 4% para 2024 con respecto a 2023 y eso fue considerado como “una afrenta” por Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, pues todavía no entran en sesiones y ellos aprueban dicho gasto. 

“Invito a la presidenta (de la Suprema Corte, Norma Piña) a que acuda a la Cámara de Diputados, porque quiere acelerar los tiempos con este mensaje”, dijo el morenista. 

Aunque Piña no dio cifras de lo que se pretende para 2024, el Poder Judicial está ejerciendo más de 77 mil millones de pesos en 2023.

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Dijo que el acto convocado por la Suprema Corte, al que también acudieron representantes del Tribunal Electoral (TEPJF) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF), “es algo lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran presentes los plenos de las tres instituciones más relevantes me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”. 

Mier, quien también aspira a ser gobernador de Puebla, dijo que parecería que la intención de la presidenta Piña es mandarnos a decir a los mexicanos y legisladores que “si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta para el pueblo de México y sus representantes populares”. 

Aseguró que no son los tiempos: “El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis”. La Cámara de Diputados inicia labores el 1 de septiembre, mientras tanto, sigue en funciones la Comisión Permanente. 

A Nacho Mier no le gustó que la solicitud de aumento se hiciera antes del inicio del periodo de sesiones en San Lázaro.

¿QUÉ DIJO NORMA PIÑA? 

En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta Norma Piña dijo que en el proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.

De acuerdo con las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda, el PJF solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. “Los recursos solicitados”, explicó Piña, “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.

Norma Piña explicó así la solicitud de aumento.

No mencionó cifras, pero este año de 2023 al PJF le fue aprobado por legisladores un presupuesto de 77 mil 544 millones de pesos. 

“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente, es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad, para que el derecho a la justicia sea efectivo. 

“Es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”, argumentó Piña, quien advirtió que “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”. 

@emeequis 

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