Acusan a jueza de favorecer a Isabel Miranda de Wallace y también al “Chapo” y Lozoya

EMEEQUIS.– Tiempos cruciales enfrenta la defensa de las personas inculpadas en el Caso Wallace, por presuntamente participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda Torres. 

Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre, y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz se mantienen en prisión por un caso que apunta irregularidades, fabricación de pruebas y retraso por parte de las autoridades en dar una resolución. 

La defensa de los siete inculpados se sostiene en un amparo presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dará revisión al proceso completo, y otros recursos apelados desde instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 

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Desde hace dos años, a través del amparo 26/2021, el proceso de Juana Hilda González Lomelí, una de las presuntas secuestradoras, se mantiene en la Primera Sala de la Suprema Corte. Con este recurso se busca la revisión completa del caso y la liberación de González Lomelí por ser víctima de tortura sexual, física y psicológica al ser detenida y rendir su declaración en 2006. 

La queja contra la jueza.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió revisar el caso de Brenda Quevedo, además de que el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas refirió que ella fue víctima de detención arbitraria y se recomendó su liberación y pago de reparación del daño. 

De estos dos recursos depende el proceso de los seis implicados, mientras tanto, el tráfico de influencias, corrupción, persecución y espionaje recubren el caso afectando la defensa de los inculpados. 

La jueza. Foto: Especial.

¿Y QUIÉN ES LA JUEZA?

El abogado, Salvador Leyva, quien formó parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, y sigue los procesos de los imputados, acusa que este caso se dilata desde la protección de una jueza federal que mantiene dinámicas opacidad, retraso y omisiones en beneficio de Isabel Miranda Torres. 

Señala de posibles actos de corrupción y tráfico de influencias Luz María Ortega Tlapa, Jueza Octavo de Distrito en materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, quien además tiene un historial de otorgar amparos en favor de criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos, y también para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para no ser detenido. 

La jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ha sido denunciada por la defensa de los imputados en el caso Wallace por retrasar sus procesos de liberación, además de favorecer a la activista Isabel Miranda Torres para evitar que sea investigada. 

Tres procesos que ha llevado el abogado Salvador Leyva del caso, han sido desechados sin motivos por la funcionaria, con atrasos en las notificaciones y, por otro lado, favoreciendo a los procesos promovidos por Isabel Miranda. 

“Amparo que se presenta contra lo que sea, ya sea de revisión de pruebas, o alguna absolución negativa a sus intereses, caen con esta jueza y prácticamente todos esos amparos se pierden”, explica el defensor en entrevista con EMEEQUIS, pese a estar exiliado del país por persecución y espionaje derivado del mismo caso. 

Entre sus actuaciones está que la jueza Ortega Tlapa otorgó un amparo para que Isabel Torres estuviera presente en una audiencia referente a la investigación por simulación de pruebas en contra de ella, circunstancia que no podía ocurrir, pero se le filtró información. 

En contraste con los amparos promovidos por la defensa de los imputados, cuando se trata de acciones en favor de Isabel Miranda, los acepta de manera inmediata, mientras que la demanda promovida por la contraparte para investigar a la activista fue desechada y aparentemente desaparecida. 

“Le otorga una suspensión definitiva, que eso sólo ocurre en casos de incomunicación o por alguna deportación, para efectos de que las cosas queden como están. Mientras que nuestra demanda no sólo no la admitió, tardó más de una semana en desecharla y desapareció la queja”, denuncia el abogado. 

Esta jueza tiene un historial por beneficiar a presuntos narcotraficantes, funcionarios y empresas vinculadas a casos de corrupción. Incluso fue exhibida en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por fallar en favor de figuras polémicas, razón por la que se le ha asignado el apodo de ser “la jueza de los criminales”. 

“Ha otorgado amparos, en su momento, al ‘Chapo’ para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos; también otorgó un amparo al jugador de fútbol Rafael Márquez para abrir sus cuentas bancarias. Otorgó amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido. Y también otorgó otro amparo a los dueños de Ficrea”, afirmó un reportero durante la conferencia matutina del 6 de junio de 2019, al solicitarle al presidente inaugurar una sección de quién es quién es la impartición de justicia. 

“Ya no hay posibilidad de recurrir a la máxima de que no se puede tocar al intocable. Hay que buscar la manera de que cualquier denuncia vaya acompañada de pruebas y que se tenga de elementos”, respondió el presidente López Obrador. 

 El abogado Salvador Leyva. Foto: Cortesía.

2014, la jueza otorgaba amparos en favor de Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos a través de recursos promovidos por la hermana del narcotraficante; además que le concedía protección contra actos privativos de la libertad, tortura e incomunicación. 

Al futbolista Rafael Márquez, quien estaba siendo investigado por ser presuntamente prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Fernández, alias “El Tío”, en Estados Unidos, le habían congelado sus cuentas bancarias durante 2018. 

Fue la jueza Luz María Ortega, la que revocó el aseguramiento de sus bienes y de la marca Grupo Terapéutico Hormaral, propiedad del futbolista. Le cedió protección en contra de congelar sus cuentas bancarias y asegurar sus empresas.

En mayo de 2019, la misma juez frenó la detención en México de Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de la empresa Ficrea tras su detención en Texas, Estados Unidos por estar acusado de fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en acusaciones que se mantienen vigentes en la Fiscalía General de la República. 

Además, la jueza Ortega Tlapa también apoyó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya para evitar en 2019 su detención. En junio la juez le otorgó una suspensión definitiva contra la órden de aprehensión en su contra; sin embargo fue finalmente detenido y procesado en febrero de 2020.

Recientemente, en diciembre de 2022, la misma Juez del Octavo de Distrito admitió a trámite un amparo promovido por Gilda Lozoya Austin, hermana del exfuncionario para revocar la órden de aprehensión en su contra por el caso Agronitrogenados. 

Otro de los casos por los que esta juez fue señalada, es en relación a la familia Jenkins de Landa, una de las más adineradas del país, dueña de la fundación Mary Street Jenkins. Apuntan que la jueza Ortega de Tlapa, junto a otros jueces, abogados y funcionarios “operan ilegalmente al amparo del poder”

A través de un comunicado apuntan que forma parte de una red de corrupción que ha intentado despojarlos de su patrimonio y la fundación que administran. 

La familia Jenkins de Landa también la acusa. 

LO QUE SIGUE EN EL CASO WALLACE

Tras los cambios en la Suprema Corte de Justicia, a partir de que la ministra Norma Piña asumió la presidencia, también se realizó cambio de personal en el Consejo de la Judicatura Federal y del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que depende de los mismos. 

Estas alteraciones también perjudicaron el caso Wallace y la cercana liberación de los presuntos responsables, ya que por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, las pruebas y estudios del asunto apuntan a su fabricación. 

El abogado Salvador Leyva, quien llevaba el caso a través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto de la Defensoría Pública, fue parte de las renuncias que se dieron tras el nombramiento de la ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia. 

En su momento, alegaron que no existían condiciones de independencia e imparcialidad para seguir llevando la defensoría al interior de la institución, por un marcado sesgo de beneficio para Isabel Miranda a través de funcionarios cercanos a la ministra Norma Piña.

Sin embargo, después de dejar el IFDP, Leyva Morelos volvió a tener cercanía con el asunto a través de la intervención de los familiares. Actualmente representa a Brenda Quevedo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Juana Hilda buscó su representación en la Suprema Corte pero le fue negada por presunto tráfico de influencias. 

“Juana Hilda me nombró, ya habiendo renunciado a la Defensoría Pública, como su representante ante la Suprema Corte a título personal; pero ahí sí Isabel presionó para que la Suprema Corte no permitiera que tuviera representación de la Defensoría y de particular en este caso mía,  y la Defensoría digamos aceptó ese criterio de que no podía representar si hay un particular”, explica en entrevista con EMEEQUIS, sin embargo se mantiene al tanto del caso.

Pese a los obstáculos, el caso ha llevado avances favorables. Un tribunal Colegiado ordenó que se otorgue a Brenda Quevedo la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al estar 16 años en prisión preventiva, sin asignarle una sentencia por un caso que apunta a la fabricación por múltiples faltas. 

“Esta reparación no implica sólo una indemnización económica, sino todas las medidas de asistencia que requieren en términos médicos, psiquiátricos psicológicos”, dice Salvador Leyva, quien refiere que pese a los retrasos en el proceso se ha solicitado un cambio a la medida cautelar de Brenda, que no ha sido aprobada por las autoridades. 

El caso ahora depende de la resolución de la Suprema Corte de Justicia al amparo 26/2021, que se trata de “el último recurso legal que tiene Juana Hilda en los tribunales, por lo menos en los tribunales mexicanos”, de acuerdo con su defensa. 

El defensor Salvador Leyva tuvo que exiliarse fuera del país tras intimidaciones y espionaje con el malware Pegus por el seguimiento del caso, pero se mantiene al tanto de los procesos por la liberación de los imputados, así de actos difamatorios por parte de Isabel Miranda de Wallace a través de espectaculares que la activista ha vuelto a colocar en calles de la Ciudad de México desde el año pasado. 

@GloriaPE_

POSTURA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE

EME EQUIS

Directora Editorial

Sandra Romandía

Por medio de la presente solicito respetuosamente el derecho de réplica en el mismo espacio, en el que se mal informó al auditorio en relación a la nota titulada “Acusan a jueza de favorecer a Isabel Miranda de Wallace y también al “Chapo” y Lozoya” publicada el pasado sábado 22 de julio de 2023, redactada por Gloria Piña, desconociendo si Salvador Leyva les dio la información o de dónde la obtuvieron pero es inexacta y equivocada. Por ello, me permito puntualizar lo siguiente:

1.       Salvador Leyva Morelos Zaragoza no es defensor de absolutamente ninguno de los imputados o sentenciados en el caso del secuestro y muerte del señor Hugo Alberto Wallace Miranda, es decir no cuenta con información fidedigna para poder decir absolutamente nada al respecto.

2.       Él está impedido por ley para intervenir ya que en su calidad de ex servidor público, existe impedimento para que realice pronunciamientos públicos respecto al asunto.

3.       El amparo al que hace alusión Salvador no tiene nada que ver con la liberación de los procesados del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda; una vez más MIENTE.

4.       La jueza ha conocido de diversos juicios de amparo y ha sido imparcial en sus resoluciones.

5.       El amparo al que hacen alusión fue resuelto en tan sólo tres meses; si no se ha resuelto de manera definitiva es porque los procesados y su defensa promovieron un amparo en revisión ante un Tribunal Colegiado, es decir, actualmente la jueza a que ellos hacen alusión no tiene ningún amparo vigente en su juzgado que tenga relación con el caso. El colmo es que eso no lo tenga claro quien sale a atacar a la jueza y a la señora Wallace, lo que quiere hacer es ruido mediático.

6.       El amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es únicamente respecto a la sentenciada Juana Hilda González Lomelí, no al resto de los sentenciados y procesados.

7.       A la sentenciada Juana Hilda González Lomelí se le practicó el Protocolo de Estambul por parte de peritos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con resultados negativos para tortura, el cual fue ratificado ante el juez de la causa, por lo que se puede afirmar que no existió tortura alguna en contra de Juana Hilda González Lomelí, ni en contra de ninguno de los implicados en los hechos.

8.       MIENTE Salvador Leyva cuando afirma que hay retrasos en los juicios de amparo, no existe evidencia alguna de ello.

Finalmente afirmamos que no hay ninguna irregularidad como dolosamente se dijo en esta nota, todas las pruebas de secuestro y muerte del señor Wallace han sido controvertidas y valoradas ante una autoridad superior, en el caso de 4 personas sentenciadas, lo cual demuestra que Salvador únicamente, a su estilo que acostumbra, quiere presionar lo que no sabe ganar en los Tribunales. 

Yohann Iván Torres Pérez

Asesor jurídico de la Sra. Isabel Miranda de Wallace

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