Valemadrismo legislativo en la Cámara de Diputados

Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa

EMEEQUIS.– ¿Los mexicanos merecemos legisladores que voten documentos sin leerlos? ¿Que tomen decisiones sin medir sus consecuencias? Pues la Cámara de Diputados acaba de tener uno de los peores cierres legislativos en años. 

Sin análisis, sin discusión amplia, abusando de su mayoría, Morena y aliados lograron la aprobación de diversas iniciativas con un gran impacto en nuestro país, empoderando aún más al presidente y al Ejército. 

Para que una reforma se vuelva ley, tiene que pasar por un largo proceso legislativo que involucra a la Cámara de Diputados, el Senado y al presidente, y a los congresos locales en caso de reforma constitucional. Pueden pasar meses, hasta años para que se materialice. 

Actualmente existen mecanismos para acelerar dicho proceso, como la figura de iniciativa preferente y la dispensa de trámites. La primera es una facultad del presidente para presentar hasta dos reformas a fin de que sean discutidas de manera prioritaria y aprobadas por el Congreso en un plazo de dos meses. 

La segunda figura, es una facultad de la Cámara de Diputados para que una iniciativa sea discutida y votada en la misma sesión en la que se presentó. Se pensó como un mecanismo para casos de emergencia natural, económica, o social, pero Morena ha sido abusivo en su uso para aprobar las prioridades del presidente. 

Bajo esta figura, lograron sacar adelante el Plan B de la Reforma Electoral, así como la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, nunca la habían utilizado tanto como en la pasada sesión del 25 de abril, aprobando reformas como: 

1. La extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, para ser sustituido por IMSS-Bienestar. 

2. La asignación de títulos de vías férreas exclusivamente al Estado de forma permanente, lo que permite la entrega del Tren Maya a la Sedena de manera indefinida.

3. La entrega de la coordinación de la protección del espacio aéreo a la Sedena. 

4. La exclusión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para vigilar la licitación de bienes nacionales. Además, se facilita la venta de bienes de paraestatales, lo cual está en sintonía con la próxima desaparición de 18 órganos públicos. 

Adicionalmente se aprobaron, con poco margen de discusión:

5. La extinción de la Financiera Rural, encargada de otorgar créditos para productores del campo mexicano. 

6. La creación de un fideicomiso público operado por Sedena para captar alrededor de 17 mil millones de pesos al año por visas a extranjeros. 

7. La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

8. La concentración de compras de gobierno en la SFP, con lo que será juez y parte en estos procesos. También permite a la SEDENA y a la Marina contar con sus propias oficinas de compras públicas, sin pasar por un proceso de vigilancia. 

Juan Ramiro Robledo e Ignacio Mier en la sesión ordinaria. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.

CONSECUENCIAS

Las implicaciones son amplias. Por un lado, estamos ante una mayor concentración de poder para el presidente. Obtiene mayor discrecionalidad para disponer no sólo de los recursos públicos, sino también de los bienes nacionales.

Por el otro, crece aún más el poder político y económico de las fuerzas armadas. En un sólo día, Morena entregó inversiones de cientos de miles de millones de pesos a través de proyectos como el Tren Maya y el AIFA, además de facilitar la entrega de bienes y recursos económicos a la empresa militar de servicios turísticos, sin los mecanismos para vigilar su uso y hacerlos rendir cuentas.

En un espacio de análisis, debatí con el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, de Morena, sobre este tema. Insistió que en la bancada guinda no legislan al vapor, y que aprueban dichas reformas en fast track en apoyo a su presidente y por mandato del pueblo.

En respuesta, le hice saber que la mejor forma de ayudar a López Obrador es ampliar la discusión para fortalecer o corregir sus iniciativas. Y con ello evitar ser testigos de casos como la extinción del INSABI porque fracasó en garantizar la salud de personas sin seguridad social, o la invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el mando militar de la Guardia Nacional.

Frente a la aprobación sin análisis de las primeras cuatro iniciativas mencionadas, la bancada del PAN anunció su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Existen posibilidades de ser invalidadas por tratarse de posibles violaciones al proceso legislativo (tesis P. L/2008 y P. XLIX/2008), pues nunca se justificaron que fueran asuntos urgentes.

Aunque para ser impugnados, falta que sean votadas y aprobadas en el Senado. Algo que puede recurrir, toda vez que se prevé una sesión maratónica para aprobar 17 reformas. También se prevén temas como la prisión preventiva oficiosa para tráfico de armas, la suspensión de derechos políticos contra agresores de mujeres y deudores alimentarios, la Ley Minera y la creación de la aerolínea de Sedena. Es muy poco probable que se aprueben nombramientos pendientes, como la designación de comisionados del INAI.

Los legisladores ganan decenas de miles de pesos libres de impuestos cada mes, además de recibir diversos apoyos económicos para el desempeño de su función legislativa y flexibilidad laboral. Lo mínimo que se espera de ellos, es que lean lo que votan.

@Juan_OrtizMX

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