Delgado y su extensión de mandato

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– En los próximos días se discutirá un proyecto de la magistrada Janine Otálora que invalidaría la prolongación de la dirigencia de Mario Delgado en Morena.

A pesar de los berrinches que ya se están haciendo contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hay que señalar que quienes pidieron que se analizara la legalidad del cambio en los estatutos del partido, fueron militantes de esa organización y, de modo destacado, John Ackerman. 

Esto es relevante, porque en todo caso, las críticas y debates, debieran centrarse en los problemas internos que no han superado y que propician una enorme litigiosidad. 

Cuando los diferendos partidistas llegan al TEPJF es que la política no funcionó y por ello se requiere de la intervención de una autoridad que modere y dé cause jurídico a los pleitos. 

No se trata de una intromisión de los magistrados, como suele señalarse, sino de una actuación que tiene el objetivo de salvaguardar derechos ciudadanos, porque, aunque parezca increíble, los militantes son eso, ciudadanos.

Tampoco se contraviene la facultad que tienen los partidos para decidir cómo organizarse, sino de cerciorarse de que los cambios se realicen sin violentar los derechos de las militancias y las propias normas que rigen su vida interna. Es hacer valer la legalidad, lo que puede irritar, pero al final del día supone que se cuente con la certeza jurídica que se requiere en las disputas por el poder político, donde lo que ocurre en los propios partidos termina siendo central, inclusive para la calidad de la propia democracia. 

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Más allá de lo que definan en la Sala Superior, es interesante atender el fondo del asunto, por el significado que puede tener en otro tipo de asuntos y problemas. 

En centro del litigio se encuentra en que en la convocatoria al Congreso Nacional, que se realizó el 17 y 18 de septiembre del 2022,  no se incluyó el tema de la reforma estatutaria, por lo que no se garantizó que los participantes estuvieran debidamente informados;  hay  dos sentencias específicas del TEPJF que señalan que se debe cumplir el periodo del mandato y concluir en agosto de este año; el partido, como órgano democrático, debe respetar el principio de periodicidad de la dirigencia y ello sumado a que estatuto morenista no se contempla la posibilidad de la extensión del tiempo en los cargos; y, la prórroga rompe con los principios democráticos y constitucionales. 

A Morena, hay que señalarlo, se le dificulta el relevo en la dirigencia nacional y no suelen cumplir con lo que ellos mismos estipularon en sus documentos.

Mario Delgado fue electo por medio de una encuesta abierta, en la que su contendiente fue Porfirio Muñoz Ledo. Con ello concluyó un periodo de cinco años en el que no pudieron hacer un relevo, por las más diversas circunstancias y una de ellas, que ganaron la Presidencia de la República y ello significó una serie de ajustes.

La dirigencia de Morena sostiene que, en este momento, se trata de una situación extraordinaria y que la permanencia de Delgado resulta estratégica para los planes que tienen en el horizonte del 2024. 

En contraste, en el proyecto de la magistrada Otálora se señala que “la periodicidad en el ejercicio de los cargos de elección popular constituye un principio de los regímenes democráticos, por lo que si conforme a su normatividad fueron electos por un periodo de tres años (…) la prórroga vulnera los principios de certeza y periodicidad, lo que se traduce en un acto fraudulento a la normatividad del partido”.

Es imposible no recordar otros dos intentos de extender los periodos establecidos en la ley, como ocurrió en Baja California con Jaime Bonilla, y en la Suprema Corte con Arturo Zaldívar. Asuntos en alguna medida similares al de la dirigencia de Morena en la actualidad y que en su momento fueron rechazados, con contundencia, ya que el principio de no reelección implica una prohibición constitucional que es bastante precisa. 

Veremos qué es lo que determinan en la Sala Superior, pero en el contexto actual es importante advertir que la labor de los jueces constitucionales es justamente la que están realizando en este momento. 

Una tarea, por cierto, sujeta a las más diversas presiones, porque cualquier determinación significa dar o quitar la razón a quienes se quejan o a los que se defienden.

@jandradej 

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