En la Suprema Corte tendrán que sacar los paraguas

EMEEQUIS. Los ataques desde Palacio Nacional contra la ministra Norma Piña tienen una utilidad práctica inmediata y objetivo estratégico en el mediano plazo. 

Lo primero es para evitar un revés respecto al Plan B y lo segundo es para debilitar al Poder Judicial hasta someterlo. Esa es la idea, otra cosa es que se pueda cuando quedan 20 meses al gobierno de López Obrador. 

El Plan B no es sostenible desde la lógica constitucional, pero solo se requiere de cuatro ministros para que siga en operación. Seguramente se están haciendo las cuentas y apretando dónde haya que apretar. Así lo han hecho desde diciembre del 2018.

TE RECOMENDAMOS: EL EMBAJADOR ALARMADO

Pero no todo es tan sencillo, porque ministros y ministras también hacen sus cálculos y todos deben estarse planteando escenarios sobre el futuro e inclusive sobre el ambiente en la propia Corte. 

Sería absurdo pensar que la mayoría de los ministros actuarán por consigna, algunos o algunas, quizá la hagan, pero no será la generalidad, porque, además, tienen la posición y cobertura para poder actuar con independencia. Ojalá honren su investidura. 

La propia ministra Piña, en una reunión con funcionarios de juzgados y tribunales estableció una ruta de comportamiento que puede ser redituable: “si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante”.

De eso se trata, a fin de cuentas, de establecer los parámetros para “ser guardianes de la Constitución”. 

La ministra Piña, hay que decirlo, se está tomando su trabajo con toda la seriedad del mundo, propiciando, con su ejemplo, la reivindicación del papel de los jueces constitucionales en momentos de suma gravedad. Tiene mérito, porque la han tratado de silenciar a base de acusaciones absurdas, pero que pueden significar violencia política en razón de género.

El Plan B, hay que tenerlo en cuenta, es un conjunto de leyes y disposiciones, muchas de las cuales se irán discutiendo, de una en una, aunque hay planteamientos generales que se refieren a infracciones al proceso legislativo.

Este jueves, un juzgado ordenó la reinstalación de Edmundo Jacobo en la secretaría Ejecutiva del INE y es muy probable que eso decida, de igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral próximamente y así se volverá en inatacable. 

Está cuesta arriba para que una instancia judicial acepte dar por válida una norma privativa, es decir, una ley para aplicar a una sola persona. 

Los jueces y magistrados están haciendo su trabajo, no son opositores, pero lo que deciden es medido desde la política, por el grado de deterioro institucional en el que ya nos encontramos. 

El Plan B es, en gran medida, una especie de frontera, una línea que, si se cruza, será muy difícil desandar. El orden constitucional es el que está en riesgo.

A estas alturas es evidente que uno de los objetivos de la 4T es debilitar al Poder Judicial para someterlo. El presidente López Obrador no ha escatimado adjetivos y descalificaciones en contra de los juzgadores en cada oportunidad. 

La diferencia en estos momentos es el tiempo, que en mediciones políticas pasará rápidamente. Por eso les molesta tanto que Norma Piña sea quien presida a la Suprema Corte, porque la agenda sobre la discusión de los temas relevantes vuelve a estar en la cancha del Poder Judicial.

La ministra Piña no va a dilatar el debate de los temas polémicos y ahí puede haber una diferencia notable y de verdadero equilibrio del poder, respecto a lo que ocurrió los primeros cuatro años de la presente administración. 

Pero, al mismo tiempo, en la Suprema Corte se tienen que preparar para una oleada de ruindades y de ataques más intensos de los que ya han padecido. 

Los integrantes del pleno de la Corte, inclusive los de incorporación más reciente, ya tienen una idea de las presiones que se pueden sufrir en momentos de coyunturas complejas y en los que hay disputas publicas polarizadas.

Una muestra es el reclamo por la existencia misma de los fideicomisos, tratado de establecer que es dinero que no se debería tener y que hay de trasladar a la Tesorería de la Nación para que vayan los 20 mil millones de pesos al barril sin fondo del Tren Maya o de Dos Bocas.

Sí, en la Suprema Corte deberían ir sacado el paraguas porque la tormenta arreciará. 

 @jandradej

Powered by Froala Editor