“El territorio es algo muy fuerte para nosotros”. Maseuales contra Ley Minera

EMEEQUIS.– Ofelio Julián Hernández llegó al mundo un 2 de abril de 1991. Nació maseual, entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan. Aquel día, su padre Francisco tomó el cordón umbilical que lo había unido a su madre María durante nueve meses y lo colgó en el naranjo más frondoso y alto de la parcela familiar.

Han pasado 29 años y Ofelio, un joven de ojo café como la tierra, puede decir hoy que esa creencia ancestral de su pueblo, que dice que el ombligo de los maseuales tiene que ser enterrado en el fogón familiar si se es niña y enterrarse en la parcela o colgarse de un árbol si se es niño, surtió efecto. Él, como todas y todos en su comunidad, quedó así ligado a su tierra.

Su tierra, dice, es rica. Tienen aire limpio para respirar, tierra en donde pueden sembrar y agua que corre entre sus comunidades, ríos y manantiales que se alimentan constantemente por las lluvias. En Cuetzalan, asegura, llueve hasta en época de sequía. 

Pero también es rica por otra cosa, que para los maseuales es lo menos relevante: debajo, en el subsuelo, resguarda minerales preciosos: oro, plata y cobre, principalmente.

Esta característica llevó a que el gobierno mexicano otorgara tres de las 310 concesiones mineras que dio en el estado de Puebla en esta zona. 

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La riqueza del subsuelo estaba lista para su explotación desde que en 1998, en la administración de Ernesto Zedillo, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía), a cargo del también priísta Herminio Alonso Blanco Mendoza, cediera a la Compañía Minera de Autlán, S.A. de C.V., a Minas de Santa Martha, S.A. y al Grupo Ferrominero el derecho a la explotación de estos territorios.

El pueblo maseual, originario e indígena, supo de estas concesiones 14 años después, en 2012. Nadie les había informado, mucho menos consultado, sobre el destino del territorio que han habitado desde antes de la llegada de los españoles, antes que México se desarrollara como el Estado que es hoy.

Ahí comenzó su lucha. La primera, por dejar sin efecto esas tres concesiones que ponían en riesgo su territorio, una primera lucha ya ganada; la segunda, por cruzar las fronteras del municipio de Cuetzalan y del estado de Puebla: pelear para que la Ley Minera reconozca el derecho de los pueblos originarios e indígenas a la libre autodeterminación. 

“La libre autodeterminación no es solamente decidir sobre nuestra lengua, si queremos seguir hablando náhuatl o vestir nuestra vestimenta tradicional, va más allá: queremos decidir cómo gestionar nuestro territorio, cómo alimentarnos, cómo garantizar la seguridad de nuestro pueblo y lo más importante: decidir la sostenibilidad de nuestra comunidad”, dice Ofelio en entrevista telefónica.

MINISTRO DESVINCULA INDÍGENAS DE SU TIERRA 

El ombligo colgado de un árbol, enterrado en la parcela familiar o en el brasero del hogar es el primer arraigo de un maseual con la tierra. Los niños afianzan así su capacidad para sembrar, cosechar y darle el sazón necesario a los alimentos que han crecido de la tierra. 

Este inicio marca otros. Un maseual aprende a que la tierra es la madre de todos los que la habitan y que, por ende, es sagrada. Por eso, sembrar no es cualquier cosa. Para tocar la tierra hay que pedir permiso y sólo las y los abuelos pueden hacerlo, porque son quienes guardan el conocimiento. 

El subsuelo, donde están resguardados el oro, la plata y el cobre al que aspiran las mineras, es también uno de los espacios sagrados para ellos. “Le llamamos la continuación de la vida”, explica Ofelio.

Un maseual no muere, sólo viaja a otro espacio para continuar con su vida y el subsuelo es el camino que han de recorrer para que puedan llegar al lugar donde van a volver a vivir. Por eso, cuando el corazón les deja de latir, les visten con trajes tradicionales nuevos, se les arregla y se les dota de utensilios de aseo personal: un estropajo para que puedan bañarse y una jícara. Así podrán llegar presentables al lugar donde continuarán la vida.

“El territorio es algo muy fuerte para nosotros”. 

La relación de los pueblos originarios con el territorio, sin embargo, no termina de quedar clara para el gobierno mexicano. 

Tras haberse organizado y conformado el Consejo Maseual Altepetajpianij para arrancar en 2014 con las primeras asambleas en defensa de la vida y el territorio, dieron el siguiente paso: ampararse en contra de las concesiones otorgadas en la administración de Zedillo –aún inactivas– y exigir que la Ley Minera contemple sus derechos. 

El primer paso se ganó en 2018, el segundo debe definirse este año, pues se turnó para su resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

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En el amparo 928/2019, el pueblo maseual argumentó que la Ley Minera, vigente desde 1992, “viola sus derechos a la consulta previa, a la participación, así como a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” como se establece en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México se comprometió a cumplir.

El caso cayó en manos del ministro Javier Laynez Potisek quien, en mayo pasado, emitió un proyecto de sentencia en relación a estas demandas, en el que señaló que “La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE” –así en mayúsculas– a los 30 representantes del pueblo maseual que solicitaron el amparo. 

Los argumentos del ministro son que “la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”, ni siquiera, señala en su proyecto, con el aspecto de la autodeterminación. 

LA DEUDA HISTÓRICA 

“El mensaje es claro y directo: tenemos que aceptar que este planeta sobrevive gracias a que los pueblos originarios han sabido conservar los territorios”, dice Ofelio sobre el proyecto de sentencia del Ministro Lainez. 

La cosmovisión, la vinculación hombre-mujer con el territorio –argumenta– es lo que ha ayudado a que las áreas naturales “donde se genera vida, alimento y oxígeno para los espacios donde todo lo que vemos es concreto, empaquetado y con conservadores”, a sobrevivir. 

La minería pone en riesgo ese esfuerzo histórico, sobre todo la minería que se planeaba en Cuetzalan, una minería a cielo abierto que tiene impactos negativos en el agua, la tierra y el aire, también en la salud de la población que habita en los alrededores de las zonas de trabajo.

“La actividad minera conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes”, dijo la Jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, quien inicialmente llevó el caso del pueblo maseual y suspendió las concesiones. 

Las afectaciones van desde impactos negativos en la flora y la fauna, en el ciclo hidrológico y en la calidad del agua, la composición del suelo, la agricultura, hasta en la calidad del aire, ruido, modificación de la topografía y paisaje y las enfermedades de la población.

El “patrimonio biocultural” se ha resguardado a partir de la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, explica Ximena Ramos, abogada y directora regional Oficina Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la asociación que apoya legalmente al pueblo maseual.

“Esos minerales siguen ahí por el resguardo que han hecho los pueblos y que las autoridades históricamente han ignorado. Su interés primordial es sacar estos recursos”, recalca. 

Desde su perspectiva, el pueblo maseual demostró la conexión especial que tiene con el territorio y con los recursos naturales, que mantiene instituciones propias de toma de decisiones y su lengua, además de mostrar un dictamen de impacto ambiental que evidencia 88 impactos negativos de esta actividad.

“Creemos que debe prevalecer el derecho de los pueblos, de sus generaciones futuras, de la supervivencia. Hay más elementos para darles preferencias”. 

EN NOMBRE DEL PROGRESO

Los últimos datos disponibles de la Secretaría de Economía (2015) muestran que hay 25 mil 515 concesiones mineras otorgadas en México, esto se traduce en que 35% del territorio nacional se cedió a una empresa para su explotación.

“Hay pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, que ni siquiera saben que lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el 7 de julio pasado.

De acuerdo con sus estimaciones, el territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas, de las cuales 110 millones de hectáreas –poco más del 50%– fueron concesionadas.

Muchas de estas concesiones están en territorios indígenas. De norte a sur del país, las mineras han llegado a extraer minerales en estos territorios. El Consejo Maseual Altepetajpianij identificó 48 pueblos indígenas afectados en México por estas concesiones, desde el pueblo nahua, pasando por el maya y el Rarámuri. 

Su lucha, recalca Ofelio, es ahora por romper las fronteras de Cuetzalan, porque saben que un cambio en la legislación a favor de los pueblos indígenas sentaría un precedente no sólo en México sino en el mundo, donde la historia de desfalco y despojo para con los pueblos originarios se replica. 

Lo mismo piensa el CEMDA y las organizaciones internacionales Earthjusticie, el  Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que han enviado un Amicus curiae a la SCJN para apoyar la lucha del pueblo maseual. 

Un amicus curiae se traduce del latín como “amigos de la Corte” y tiene como objetivo enviar opiniones técnicas a la SCJN respecto a un tema que es de interés no sólo del demandante, en este caso el pueblo maseual, sino que trasciende más allá, al derecho internacional.

En mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a los ministros de la SCJN para que “salvaguarden la posesión de las tierras, territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, del Estado de Puebla, por encima del otorgamiento de títulos de concesión para el usufructo de sus recursos naturales de conformidad con la fracción V, apartado A, del artículo segundo Constitucional”. 

En change.org se inició una petición que recabó casi 5 mil firmas de ciudadanos que respaldan al pueblo maseual en este camino y que también se entregaron a la Corte. 

El ministro Lainez no ha hecho comentarios respecto a este proceso. Este medio solicitó una entrevista con él sin que hasta el momento haya dado respuesta.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY MINERA

La Ley Minera no contempla entre sus apartados la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre la entrega de concesiones de sus territorios a empresas mineras. Este es uno de los principales cambios que pide el pueblo maseual. 

Sin embargo, el ministro Lainez afirmó en su proyecto que esto no es necesario pues este derecho ya está establecido en la Constitución mexicana y en el Convenio 169 de la OIT al que se comprometió México y que busca que se garanticen todos los derechos a los pueblos originarios. 

Este desconocimiento, explica, Ximena Ramos, abogada del caso, es otra de las deudas de México porque al haber firmado estos tratados y con la reforma a la Constitución en 2011 en materia de derechos humanos, se comprometió a reformar todas las leyes para que el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas quede estipulado de forma clara. 

“Desafortunadamente nuestras autoridades administrativas, en este caso la Secretaría de Economía, no conocen estos tratados y como no están en la Ley tienen esta idea de que no es obligación respetarlos. Niegan su obligación de hacer consultas indígenas porque consideran que no está dentro de sus facultades, por eso es importante que quede estipulado en la Ley”.

PREPARÁNDOSE PARA RESISTIR

Paisajes del territorio maseual.

Ofelio se sabe joven. Dice que no tiene la experiencia de otras personas de su comunidad y que le sorprende que le hayan elegido hace seis años para ser uno de sus voceros en este caso. Pero también sabe que es parte del proceso natural: preparar a los jóvenes para que continúen la batalla. 

Ni en 2025 ni en 2030, la lucha –prevén– puede durar 20, 30 o 50 años. “El reto es grande”, dice Ofelio. Por eso su esfuerzo está en la formación de las juventudes, desde la niñez.

“Transmitir y enseñar este amor por el territorio, a la identidad cultural, este espíritu combativo de defender nuestro territorio porque sabemos que estas luchas implican muchos años, quizá esto vaya para largo y para eso nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que conocer toda esta trayectoria de lucha, para que puedan resistir de la misma forma que hemos resistido siempre, de la misma forma en la que resistimos hoy”. 

La batalla actual lleva seis años y, dice con certeza: “no vamos a ceder”. 

Si en México no se resuelve irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Todo lo que sea necesario para poder blindar nuestro territorio”. 

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El motor es creer en eso que dice la Constitución: México es pluricultural. “La construcción de un Estado pluricultural depende de nosotros, si no luchamos por que se reconozcan y se protejan nuestros derechos como pueblos originarios, como pueblos indígenas, va a ser muy difícil que tengamos una nación pluricultural como lo que se habla en nuestra Constitución”. 

La victoria quizá no llegue, pero el mensaje estará dado: “Esta es la lucha que vale la pena pelear, por la que vale la pena mantener el espíritu combativo”. 

La emergencia sanitaria por la Covid-19 es una muestra, recalca:  “En estos tiempos de contingencia cuando no hay dinero porque no hay trabajo, el campo, el monte biodiverso, sigue produciendo. Somos el pulmón, el motor, el alimento que puede llegar a todos los rincones de las más grandes ciudades. La defensa del territorio es la única respuesta”.

@AleCrail