Madres de desaparecidos enferman en la búsqueda y el apoyo oficial escasea

EMEEQUIS.– La búsqueda es en soledad. Aportando recursos propios por abandono de las autoridades. Hasta dejar en segundo, tercer o último plano su integridad, salud y economía. Es así como cientos de madres y familias luchan por encontrar a sus seres queridos víctimas de desaparición forzada en México. 

Cifras oficiales señalan que en en el país hay registro de más de 100 mil personas desaparecidas (desde 1964); pero no se continúan contando las afectaciones que dejan las ausencias en los hogares vacíos. 

Para la señora Herminia Valderde la búsqueda de su hija Mariela Vannesa Díaz Valverde, desaparecida el 27 de noviembre de 2018 en Iztapalapa, Ciudad de México, le ha dejado graves estragos de salud. Una enfermedad crónica en diagnóstico tardío pone en riesgo su vida. 

Pese a formar parte del Registro de Víctimas de la Ciudad de México con el número de folio 199/2020, la madre buscadora ha sido desairada en múltiples ocasiones por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

Le han negado el acceso a servicios médicos especializados de manera prioritaria, contrariando lo establecido en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

Mariela desapareció en 2018. 

La situación comenzó a inicios de 2022. Los síntomas: dolores severos en el estómago, pérdida acelerada de peso, náuseas, vómito y falta de apetito.  

Durante casi medio año, instituciones de salud pública le dieron a Herminia malos diagnósticos, afirmando que sólo se trataba de malestar estomacal o colitis.  

Por la falta de atención oportuna su estado ahora es de gravedad. El ISSSTE, de donde es derechohabiente, no le ha brindado los estudios ni cirugías necesarias, argumentando que no cuentan con los aparatos. Mientras tanto la CEAVI tampoco le brindó alternativas médicas en otras instituciones. 

Durante meses las hijas de Herminia buscaron el apoyo de Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la CEAVI en Ciudad de México, pero afirman en entrevista que el funcionario decidió ignorar la urgencia de la situación. 

“Él nos dijo: ‘ok, no se preocupen o vamos a checar’. Pasaron días, semanas, meses. Le habíamos mencionado que era urgente, ya que mi mamá en ese entonces presentaba una pérdida de peso muy grande y descompensación bastante notable”, cuenta Gabriela Díaz Valverde. 

“Tengo pruebas de que no respondía mis mensajes, me dejaba el chat en visto. Le pedía opciones porque me encontraba en una situación muy desesperada”. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal tiene el registro de más de 2 mil 200 víctimas indirectas beneficiarias de atención al ser afectados por delitos y violaciones a derechos humanos. Esto por ley las vuelve acreedoras a medidas de reparación y rehabilitación, como terapias psicológicas, de salud y apoyos económicos.  

Sin embargo, colectivos, acompañantes y madres buscadoras afirman que la atención de la institución dista mucho de una reparación integral del daño. Sin embargo, la atención resulta vital para continuar con el proceso de búsqueda en las mejores condiciones. 

Con las búsquedas en campo, también se ven obligados a suplir las obligaciones del Estado. 

LA ATENCIÓN TARDÍA 

Herminia ha estado internada en el hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE desde hace más de tres semanas. Una cirugía y algunas biopsias son el único tratamiento que ha recibido: para mejorar su salud resulta insuficiente. 

“Hospitalización no significa que está recibiendo la atención que necesita, y yo no veo ningún movimiento. Cada hora que pasa es importante, sobre todo en la etapa que ella se encuentra. No dejo de pensar qué habría pasado si nos hubieran hecho caso hace seis meses. El panorama ahorita sería muy distinto y el diagnóstico no hubiera avanzado a tal gravedad”, afirma la hija de Herminia Valverde. 

Durante algunos meses, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México estuvo carente de titular y fue hasta hace dos meses que volvió a tener dirigente. Esto provocó un atraso para la atención de víctimas e incorporación a otras que requerían la asistencia.  

La búsqueda incesante acarrea problemas de salud. Foto: Paola Atziri.

De acuerdo con cifras de la institución creada en 2019, durante el año 2020 se incorporaron 406 casos de víctimas, 546 en 2021 y 151 en lo que va de este año; hasta dar un total de mil 102 víctimas registradas. 

Para las familias esta institución resulta carente porque el apoyo no se ve reflejado. Para el caso de Herminia, a pesar de solicitar la incorporación a una institución nacional de salud más amplia, como el Instituto Nacional de Cancerología, la CEAVI no ha brindado la atención. 

“Cuando el Comisionado entró al cargo nosotras nos presentamos personalmente con él para pedirle atención médica porque el ISSSTE tenía un rezago de al menos seis meses. Mi mamá ya estaba en una situación bastante delicada”, cuenta a EMEEQUIS, Gabriela Díaz Valverde.  

Las autoridades no consideraron que se trataba de una persona en situación vulnerable, con carencias económicas para poder ingresar a otra alternativa médica, como afirma Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en 2017 en Ciudad Universitaria. Actualmente acompaña a otras mujeres en la búsqueda por la verdad, justicia y reparación. 

“Herminia tuvo una serie de valoraciones a la ligera, donde los médicos que estuvieron involucrados en el cuidado de su salud nunca tomaron en cuenta que ella no era una paciente común. Que estaba sufriendo de una violencia muy particular que la obligaba a salir todos los días y estar en un estrés constante; a que no comiera de forma adecuada ni en los horarios adecuados. No es descuido de las personas. Es porque de nuestro tiempo de vida tenemos que dedicar más del 50% a la búsqueda de verdad, de justicia”. 

Al ser consultado por EMEEQUIS, Ernesto Alvarado, titular de la CEAVI-CDMX, refirió que se le ha brindado apoyo económico a la familia Valverde desde 2020 y en este año “recibió apoyo económico extraordinario para reembolso de gastos médicos, materiales, análisis, aditamentos”. 

Sin embargo, la familia refiere que los ingresos fueron destinados a la búsqueda en campo de Mariela Vanessa ante el incumplimiento de las autoridades encargadas. Afirman que no han sido suficientes para costear los viajes, pues solo han logrado llegar a sitios cercanos a la Ciudad de México, como Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. 

En abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C, entre otras hicieron un exhorto público por el actuar irregular de la CEAV-CDMX por garantizar los derechos de las víctimas.  

En la misiva refieren que se identificó un patrón de malas prácticas en la institución, como “la negativa de la CEAVI para otorgar medidas de ayuda en momentos previos a la etapa de reparación, los malos tratos, la falta de sensibilidad por parte de las y los funcionarios de la CEAVI e incluso sus respuestas violentas, agresivas y amenazantes. Además, la CEAVI ha evidenciado una deficiente aproximación técnica hacia el tema de las reparaciones”.  

Las quejas aumentan por la falta de apoyo oficial. Foto: Cortesía de Las Siemprevivas.

ENFERMAN MADRES DE DESAPARECIDOS

La aparición de enfermedades entre las madres que buscan a desaparecidos, o que transitan en procesos jurídicos como en casos de feminicidio, no se trata de una situación aislada. Se ha identificado un aumento en afectaciones de salud y padecimientos psicológicos entre víctimas indirectas. 

Colectivos y organizaciones refieren como causa la somatización de sentimientos, emociones, afectos por largas jornadas de búsqueda, además de violencia institucional. 

“Nosotras no sólo tenemos que transitar nuestro dolor de manera muy resiliente y obligada, sino que también tenemos que dejar nuestra salud, nuestra economía, nuestra calma y tranquilidad. Tenemos que postergarlo hasta obtener verdad, justicia y reparación”, afirma Araceli Osorio, quien luchó para lograr una sentencia condenatoria para el feminicida de su hija Lesvy.  

Algunas de las reacciones que han detectado como secuelas de la violencia son padecimientos emocionales como ansiedad, depresión y estrés postraumático; pero también casos de hipertensión, diabetes y en casos más severos la aparición de enfermedades crónicas como el cáncer.  

Refieren que las Comisiones de Víctimas aún son instituciones útiles sólo en el papel, ya que no se ha trabajado por garantizar la reparación integral del daño a las y los sobrevivientes en un país lleno de víctimas. 

“En la búsqueda de verdad y justicia tendría que estar presente ya el tema de reparación desde el primer momento. Existen programas sociales para ello. Tendrían que ser de manera prioritaria estos servicios y estos programas. Así está establecido, dar prioridad a las personas vulnerables. Nosotras a partir de haber sufrido una violencia como esta somos personas vulnerables”, afirma Araceli Osorio. 

@GloriaPE_