Deforestación criminal de la Sierra Tarahumara: sube violencia, bajan inspecciones

EMEEQUIS.– Hace 47  años el sacerdote jesuita Javier Ávila llegó a la Sierra Tarahumara. Cuenta que, a diferencia de los gobiernos, que tienen alternativas de trabajo sólo durante seis años, la suya fue de toda la vida, para apoyar a los pueblos indígenas en el estado de Chihuahua.  

“Hace tiempo que vivo con el padre en la cabeza, pero sigo vivo”, dice al recordar la violencia que hace un mes le arrebató la vida a los párrocos jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui.

 Padre Javier Ávila: “Hace tiempo que vivo con el padre en la cabeza, pero sigo vivo”. Foto: Cortesía.

Al igual que ellos, su vida también ha estado en riesgo, por ello forma parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 

Además de ser vicario de la parroquia Cristo Rey en la Sierra Tarahumara, también preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, que fue la primera Comisión de Derechos Humanos del norte del país. Desde ahí ha denunciado desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios, y desde algunos años también la tala clandestina que azota la localidad chihuahuense. 

La deforestación ilegal y criminal, como la describe, desde hace algunos años ha sido realizada por grupos armados que se están acabando el bosque. Sin embargo afirma que hasta la fecha no tiene “conocimiento que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno haya intervenido de manera directa para frenarlo”. 

Ávila ríe cuando se le cuestiona por la política de abrazos y no balazos impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues insiste que no es suficiente hacer política desde la silla de gobierno. 

“No basta la buena voluntad, hay que meterse a fondo y ponerse más la camiseta de los derechos de los pueblos indígenas y no nada más verlos desde el sillón de gobierno. No estamos haciendo nosotros ningún acto guerrillero, ni para tumbar a nadie del poder y tomarlo. No nos interesa”, dice en entrevista con EMEEQUIS.

De acuerdo con autoridades ambientales, en Chihuahua se habrían perdido entre 17 mil a 27 mil hectáreas durante al menos los últimos ocho años debido a la tala irregular; sin embargo, la Profepa reporta poca actividad para salvaguardar la sierra.  

SIN INSPECCIONES SUFICIENTES

De 2010 a 2018, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental en el Estado de Chihuahua sólo reporta haber realizado 110 inspecciones en materia forestal sobre tala clandestina en la Sierra Tarahumara.  

En respuesta a la solicitud de información con folio 330024422000483 donde se solicita conocer información respecto a inspecciones realizadas hasta el año 2022, la dependencia sólo entregó reporte de incidencias hasta 2018, sin especificar la razón de por qué no se han realizado operativos de 2019 a 2022. Sin embargo, al ser consultados por EMEEQUIS no emitieron una postura.

Profepa sólo entregó información hasta 2018. 

La mayoría de las inversiones que reporta se realizó en el año 2016, con 35 visitas de inspección, pero la tendencia comenzó a aumentar desde 2012, cuando se realizaron 20; al siguiente año fueron 21, pero tuvieron una disminución gradual en 2014, con sólo dos operativos, y 9 en 2015. 

En tanto, para los últimos dos años registrados se reportaron 2 inspecciones en 2017 y 3 durante 2018.  

Durante estos operativos, la procuraduría ambiental refiere que sólo 50 de los expedientes de inspección resultaron en una sanción de multa y amonestación contra las personas responsables; pero sólo se recaudó un total de 3 millones 872 mil 385.26 pesos. Siendo el 2016 el año con mayor número de multas impuestas por un total de 3 millones 334 mil 288 pesos.  

La sociedad civil de Chihuahua apunta que la problemática se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Ocampo. 

Estos coinciden con las localidades con mayor número de inspecciones de la Profepa. En Bocoyna se efectuaron 26 inspecciones, 14 en Guerrero, 10 en Ocampo, en Guachochi 9, al igual que en Guadalupe y Calvo. 

Las inspecciones van a la baja. 

Por su parte la Guardia Nacional, en su Informe de Labores 2021, refiere que durante el año pasado realizó 3 mil 563 acciones de vigilancia por motivo de tala ilegal en bosques de Querétaro, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Jalisco. 

Protesta en Cuauhtémoc, Chihuahua. Fotos: CONTEC. 

SIN PLAN COORDINADO PARA ATENDER LA TALA

Para Diana Villalobos, directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) que ha dado acompañamiento a denuncias por violaciones a derechos humanos derivadas de la tala ilegal, no existe un trabajo institucional coordinado para detener la tala clandestina. 

Afirma que los esfuerzos estatales y federales no guardan una misma línea de acción, además resalta la carencia con la que opera la Profepa en Chihuahua. “El problema es que tienen seis inspectores para todo el estado”, comenta. 

“Talan el bosque a matarrasa y luego le prenden fuego. Eso ha traído afectaciones muy serias al medio ambiente”, explica Diana Villalobos (al centro). Foto: Cortesía.

Comenta que la tala clandestina en la Sierra Tarahumara es un problema que no ha dejado de crecer y tiene que ver con la diversificación de las actividades del crimen organizado en la zona tras la baja de precios por la siembra de droga producida en el norte del país. 

“Talan el bosque a matarrasa y luego le prenden fuego. Eso ha traído afectaciones muy serias al medio ambiente”, explica, sin embargo afirma que la acción de las autoridades sólo se centra en el aseguramiento de madera ya cortada, pero no en evitar la deforestación. 

“En la mayoría de los casos decomisan camiones ya con los troncos, pero eso no resuelve el problema. Son pocos los que detienen, pero son mucho más pocos los que procesan”, dice Diana Villalobos. 

En lo mismo coincide  el sacerdote jesuita Javier Ávila, pues afirma que las autoridades sólo trata de contener las consecuencias de la tala, pero no hacen inspecciones de las causas desde el origen. 

“Hay camiones detenidos, pero creo que no vamos hacia los efectos. Tienen el material que se robaron, pero no a quienes se robaron. O casi siempre terminan perdiendo a quienes son mandados por las cabezas; como el chofer de la troca y el material”. 

AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA SIERRA 

El mes de julio cerró como el segundo más violento en lo que va del año, con un total de 2 mil 331 homicidios en todo el país. Lo que representa un aproximado de 75 asesinatos diarios. 

El estado de Chihuahua es la cuarta entidad más violenta, ya que tan sólo durante este mes se registraron 163 y un total de 919 homicidios dolosos durante todo el año. Mientras que durante el año pasado se registraron 2 mil 56 homicidios, cifra que contrasta con los mil 232 homicidios registrados hace seis años, cuando la tendencia comenzó a aumentar gradualmente. 

De acuerdo con el reporte “Desplazamiento Interno en México” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Chihuahua es uno de los seis estados que concentra esta problemática. Mientras que la Comisión de Víctimas estatal refiere que son más de 400 personas las que han tenido que desplazarse de la Sierra Tarahumara debido a la violencia.  

@GloriaPE_