Las heridas abiertas de la Guerra Sucia. Comienza investigación histórica por la verdad

EMEEQUIS.– Alejandra aún conserva la cobijita con la que la cubría su madre, Leticia Galarza Campos, antes de ser detenida y desaparecida el 5 de enero de 1978 en el Campo Militar Número 1 en Naucalpan, Estado de México. Es el último lugar donde fue vista con vida. 

“Me entregó con una sabanita que a la fecha tengo. Era una sabanita que siempre tenía y no dormía sin ella. Ahora sabemos que es mi vínculo más cercano con ella”, cuenta Alejandra Cartagena López, ahora abogada y activista por la justicia y dignidad de los desaparecidos y desaparecidos en la Guerra Sucia en México. 

La pequeña sabanita color blanco cambió su forma y dimensiones hasta convertirse en un pequeño retazo de tela, pero Alejandra mantiene la convicción por conocer el paradero de su madre y hacer justicia por la ejecución de su padre, David Jiménez Sarmiento, el 11 de agosto de 1976. 

Leticia Galarza Campos fue una guerrillera originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Viajó a la Ciudad de México con la ilusión de convertirse en periodista y formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre; al igual que David Jiménez, uno de los líderes del movimiento. 

Última foto de Leticia Galarza detenida en el Campo Militar #1 el 5 de enero de 1978.

Luchaban contra la represión política y económica en el gobierno del expresidente Luis Echeverría Álvarez, recientemente fallecido sin recibir sanciones por su responsabilidad en matanzas y crímenes de Estado. 

David Jiménez Sarmiento falleció en el intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente electo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, las autoridades reconocen que, como represalia a su participación en el intento de rapto, siete de sus familiares fueron asesinados y dos desaparecidos. 

 David Jiménez Sarmiento. 

Alejandra Cartagena López no lleva los apellidos de sus padres, porque no pudieron registrarla en su nacimiento. Fueron los Cartagena, la familia de guerrilleros de donde se gestó Romero Cartagena “El Guaymas”, quienes le dieron los cuidados y protección de un hogar al quedar desamparada por los ataques del Ejército Blanco, quienes se llevaron a su madre, abuela y tíos paternos.  

Su historia es uno de los 500 casos de víctimas documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 26/2001 que reconoce las detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas cometidas en la Guerra Sucia como responsabilidad del Estado. 

 Alejandra Cartagena y Leticia Galarza. Foto: Especial.

INICIAN BÚSQUEDA HISTÓRICAS EN ARCHIVOS DEL EJÉRCITO

Entre gritos de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, víctimas de la Guerra Sucia exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el reconocimiento y responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridos hace más de 50 años. 

El pasado 22 de junio, en la inauguración de trabajos de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, el presidente exaltó la participación castrense y se propuso inscribir con letras de oro también los nombres de los militares caídos durante los episodios de violencia en el país. 

Esto resultó en molestia de los colectivos de víctimas, quienes durante años han exigido la sanción para los responsables de los crímenes en los que también se ha documentado la participación de las Fuerzas Armadas. 

Tras ese episodio de disputa entre el Ejército y las víctimas; la Secretaría de Gobernación anunció el 25 de julio el inicio de investigación en archivos históricos e inspecciones en instalaciones militares para el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia. 

Mediante un comunicado, la Comisión para el Acceso a la Verdad informó que ya se preparan para inspeccionar sitios donde víctimas, según testimonios, fueron trasladadas o retenidas. Esto mediante una revisión de planimetría para identificar modificaciones realizadas en las instalaciones. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una convocatoria para la contratación de historiadores, programadores y analistas de datos para un proyecto de documentación de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Sucia.

Estos trabajos se realizan junto al Centro de Investigación y Docencia Económicas   (CIDE) con becas de 14 mil a 24 mil pesos mensuales para los especialistas con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Convocatoria para historiadores. 

El análisis busca estructurar información almacenada para facilitar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada entre 1965 y 1982 mediante un programa de cómputo especializado.  

El programa de trabajo presentado por la administración de López Obrador contempla cinco mecanismos para reconstruir la verdad, dignificar a las víctimas e indagar sobre su paradero. Sin embargo, tiene una vigencia al 30 de septiembre de 2024, plazo cuestionado por las familias para tener avances en las investigaciones. 

LUCHA POR LA MEMORIA: CASTIGO A CULPABLES Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

No es la primera vez que un gobierno prometió el esclarecimiento de los crímenes de Estado perpetrados durante la Guerra Sucia; pero hasta el momento ninguno lo ha cumplido. Uno de ellos fue el expresidente Vicente Fox, cuando se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. 

“Tenemos muy poco tiempo, pero a diferencia de la Fiscalía Especial que creó Vicente Fox donde ni nos consultaron ni nos tomaron en cuenta, (en la creación del decreto de la Comisión de la Verdad) estuvieron consultarnos un año previo a los colectivos que nos reunimos y constituimos una Asamblea”, afirma Diego Lucero Estrada, hijo de Diego Lucero Martínez, ingeniero guerrillero torturado y ejecutado de manera extrajudicial en el 16 de enero de 1972. 

Diego Lucero Martínez y Diego Lucero Estrada. Fotos: Especial.

Asegura que para muchas familias, por el paso del tiempo esta Comisión se trata de la “última esperanza” de tener un esclarecimiento tangible para la verdad, localización de los desaparecidos, castigo a los responsables y reparación del daño para los familiares de las víctimas. 

Para Diego Lucero la vida sin su padre y la manera en que se enteró de su muerte a manos del Estado fue “uno de los momentos más dolorosos de su vida”. Cuando tenía 6 años, a voz de un vecino supo que a diferencia de lo que le decía su familia, su padre no estaba en un viaje de trabajo, sino que había sido ejecutado por dirigir un movimiento armado. 

Ahora reconoce que “sin el sacrificio de todos los guerrilleros no sería posible el México que hoy tenemos”, por lo que durante 17 años, se han amparado para que las autoridades no cierren el caso y esclarezca la ejecución de su padre por motivos políticos. 

La muerte del expresidente Luis Echeverría Alvarez sin sanción por los delitos de la Guerra Sucia fue una de las principales deudas que quedaron para las víctimas, ya que afirman que “él fue el principal responsable de toda la brutalidad que se cometió en esa época”. 

Sin embargo, la principal esperanza y prioridad de los familiares en la Comisión instaurada por el ejecutivo es la búsqueda de los desaparecidos, castigo a los responsables que quedan con vida y una reparación integral para las víctimas, ya que al menos ocho hijos de exguerrilleros se han quitado la vida. 

“El crimen más brutal y lacerante es la desaparición forzada. Es una incertidumbre horrible no saber si tu madre o tu madre murió, pero también se desconoce si después de tanta tortura perdieron la razón y los soltaron, o están en algún hospital psiquiátrico o deambulando sin saber quiénes son en alguna otra ciuidad”, afirma Diego Lucero Estrada.  

@GloriaPE_