Con Murat van en picada las orientaciones sobre derechos humanos en Oaxaca

A partir de 2017, las actividades de orientación jurídica en derechos humanos concedidas a la ciudadanía en Oaxaca muestran una reducción constante. Este periodo coincide con la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, quien asumió la gubernatura el 1 de diciembre de 2016.

De acuerdo con informes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que hasta mayo era dirigida por Arturo Peimbert –quien ahora contiende para la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)–, en 2016 se registraron 11 mil 834 orientaciones, en 2017 hubo 9 mil 355 y para 2018 se dieron 7 mil 982.

Al comparar la primer cifra (año en que todavía no era gobernador Murat Hinojosa) con la última es 32% menos. 

A casi tres años de la gestión del mandatario de Oaxaca la tendencia se mantiene, pues para los primeros nueve meses de 2019 la DDHPO ha brindado 6 mil 261 orientaciones, una disminución de 14% respecto al mismo periodo de su primer año de gobierno.

Esto a la par de un estancamiento en el presupuesto. Ni para el exgobernador Gabino Cué, ni para Murat Hinojosa, el tema de los recursos de la DDHPO ha sido relevante. Desde 2015, los montos se congelaron, pues este órgano autónomo recibe anualmente 40 millones 604 mil pesos. 

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Un día después de tomar posesión de su cargo, uno de los primeros temas que revisó el gobernador de Oaxaca fue precisamente el respeto y la observancia que se tendría a los derechos humanos, esto tras sostener una reunión con Arturo Peimbert, uno de los tres candidatos a dirigir la CNDH.

Respecto al tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López Rabadán, informó este viernes que las votaciones que se han realizado sobre la terna en la que participa Peimbert están muy polarizadas y que ni él ni los otros dos candidatos (Rosario Piedra Ibarra y José de Jesús Orozco Henríquez) alcanzan los votos necesarios, por lo que el próximo martes 5 de noviembre se hará de nueva cuenta.

QUEJAS Y QUEJAS

Durante la presente administración oaxaqueña, se registran 9 mil 242 expedientes iniciados por quejas a la violación de derechos humanos, constatan datos de la misma Defensoría. La autoridades más señaladas en Oaxaca son los ayuntamientos, el Instituto Estatal de Educación Pública, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia.

Hay un promedio de 43 derechos humanos violentados por cada año. Cabe destacar que un expediente puede contener más de un derecho vulnerado.

Las conductas violatorias más recurrentes que cometen los señalados son la deficiencia en la fundamentación de los actos de autoridad, detención arbitraria, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, tratos crueles, así como la obstaculización, negativo o restricción a la educación.

Entre las entidades con hechos violatorios de mayor impacto que registra la CNDH, Oaxaca se situa entre las que más se da trato cruel, inhumano o degradante y negligencia médica. Aunque en menor medida también reporta casos de tortura.

El pasado 29 de agosto, Murat Hinojosa reiteró la importancia que tiene este tema en su admnistración. Ese día se presentó en en Oaxaca el protocolo de Medidas de Protección de Derechos Humanos creado por el Estado mexicano en conjunto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

 “Los derechos humanos son una conversación constante en mi gobierno; planteamos tres enfoques transversales en la materia: de pueblos indígenas, de género y de niños y niñas. Con el Protocolo para la Instrumentación de Derechos Humanos, tenemos una guía para actuar eficazmente”, dijo el gobernador.

 NO HA FUNCIONADO

La Defensoría fue creada mediante decreto en 2012, con el propósito de defender, promover, estudiar y divuldar de los derechos humanos y la no discriminación, así como el fomento del respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas de Oxaca.

De acuerdo con un análisis sobre la DDHPO realizado por la ONG Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), durante los siete años de su puesta en marcha no ha funcionado con apaego a la ciudadanía ni con autonomía. Mientras tanto, crecen las agresiones y violaciones hacia los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y personas defensoras, principalmente.

“Es prioritario fortalecer y consolidar dicha institución como un organismo plenamente autónomo, desligado de los intereses políticos; así como contar con presupuesto suficiente para el ejercicio de su labor”, señala la ONG.

DEFENSORÍAS REGIONALES 

Hay municipios que tienen una baja orientación jurídica en las defensorías regionales, como es el caso de San Agustín Loxicha, que de enero a junio solo reporta una; sin embargo, ahí se registran graves violaciones a los derechos humanos.

Hace escasos dos meses, pobladores de este municipio se manifestaron en la Defensoría pidiendo justicia por familiares asesinados y denunciaron amenazas y violaciones a mujeres.

Acusaron que el presidente municipal, Pedro Vásquez, es el presunto responsable de estas atrocidades, a través de su Consejo de Comunidades Índigenas de la Región de Loxicha y Sierra Sur, que se ha apoderado del poder político de la zona. 

Antes de esto, en mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Telésforo Santiago Enríquez, fundador y director de la radio comunitaria “El Cafetal”, en San Agustín Loxicha.

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Así como este municipio, hay otros en los que se han violentado seriamente los derechos humanos en Oaxaca y que quedan en la impunidad. El cierre de gobierno de Cué quedó marcado por el enfrentamiento de Nochixtlán, en el que la policía federal actuó violentamente contra protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Después de la polémica que generó su elección en el Congreso local, el nuevo defensor de los derechos humanos de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, negó ante medios locales ser el candidato del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y afirmó que su posición frente al Ejecutivo del estado será de completa autonomía.

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