Padres agresores arrebatan hijos a sus madres y el sistema de justicia lo permite

EMEEQUIS.– En Nuevo León, un juez es conocido como el “roba niños”, porque en complicidad con padres agresores, los ha favorecido para quitar la guarda y custodia de sus hijos a varias mujeres. 

En Ciudad de México, a un Ministerio Público le apodan “el 5 mil”, ya que por el pago de 5 mil pesos es posible hacer denuncias falsas contra mujeres, acusándolas de violencia familiar o maltrato para que sus hijos les sean arrebatados de manera ilegal por el padre.  

En complicidad de jueces, Ministerios Públicos, abogados y hasta Fiscalías es como cientos de madres han identificado cadenas de tráfico de influencias en el sistema de justicia mexicano, que hacen posible otra expresión de agravios en contra de la mujer: la violencia vicaria. 

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El término violencia vicaria surge del latin vicarius, que significa de sustitución, o a través de otra persona. Al utilizar a las hijas e hijos como armas, para seguir dañando y causando sufrimiento a las mujeres, es como hombres que previamente habían ejercido violencias, sustraen a la fuerza a los niños del cuidado de la madre. Los incomunican, alejan del entorno familiar y, en ocasiones, los sacan del país. 

Además de que emprenden largas batallas de simulación jurídica, inician carpetas de investigación en contra de la madre para retener a los menores y dilatar los procesos legales que determinen la guarda y custodia, con la intención de que se rompa el vínculo materno filial y, por fin, desaparecer a las mujeres de la vida de los hijos.  

Para evidenciar y tipificar en las leyes este tipo de violencia, en julio de 2021 surgió el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, originado de la unión de cinco sobrevivientes, quienes identificaron patrones de similitud en sus casos y formaron una red de apoyo con abogados y psicólogas. Ahora dan contención y seguimiento a cientos de casos que han identificado en el país. 

LA IMPORTANCIA DE NOMBRAR LAS VIOLENCIAS

En venganza por ser demandado por manutención, el exesposo de Jennifer le arrebató a sus hijos. Fotos: Cortesía. 

Tras siete años de divorcio, Jennifer Seifert decidió demandar al padre de sus hijos por incumplir la pensión alimenticia, falta de cuidados y no presentarse a convivencias con los niños.

Esta denuncia, radicada en el Estado de México, trajo un efecto en cadena que ahora la tiene atada a una lucha legal por recuperar a sus hijos, Sophia, de 13 años, y Mateo, de ocho.  

“Cuando a él le llega la notificación sentencia sobre cuánto dinero que tenía que pagar por los 7 años de divorcio, decide, por venganza, llevarse a los niños y quitármelos. Yo llevo casi un año sin ver a mis hijos”, explica la sobreviviente de este tipo de violencia y cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en entrevista para EMEEQUIS. 

Perdió su trabajo, ha tenido que pedir préstamos para solventar los gastos de abogados, pues durante la separación forzada de sus hijos, las madres sufren de manipulación emocional, económica, ya que se ven obligadas a llevar largos procesos jurídicos por recuperarlos. Sin embargo, no existe una tipificación legal suficiente para explicar ni sancionar este tipo de violencias. 

El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria tiene como principal objetivo que esta forma de agravio silenciosa e institucional sea reconocida y se incluya dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual la violencia familiar, el feminicidio, acoso o la violencia digital. 

Hasta este momento, en los códigos penales del país no existe el término de la violencia vicaria, ni se contemplan medidas coercitivas contra quienes la ejerzan; sin embargo, se ha presentado un proyecto de reforma a nivel federal ante la Cámara de Diputados, con apoyo de la legisladora de Morena Claudia Hernández Sáenz. 

Otros estados que con impulso del FNCV avanzan con la entrega propuestas legislativas son Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y los siguientes serán Durango, Chiapas y Baja California.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refirió que, desde inicios del 2020, recibió solicitudes de apoyo e intervención en caso de violencia vicaria en diferentes estados del país; mientras que el FNCV tiene registro de al menos 600 madres que lo conforman, sin embargo se desconoce la magnitud completa de la situación. 

REDES DE COMPLICIDAD Y VENTA DE DENUNCIAS “POR MACHOTE”

La manera en que Jennifer perdió la custodia temporal de sus hijos fue porque Alejandro “N”, su expareja, la denunció por violencia; sin embargo, nunca le notificaron de la existencia de la misma ni que la causa había sido judicializada. 

Ella denuncia que las autoridades del Estado de México se saltaron todos los procesos legales para que no se presentara a las audiencias.

“Nos inundan en una cantidad impresionante de procesos legales que es una violencia judicializada. Levantan una denuncia tras otra para hundirte legalmente, económicamente y además lo psicológico porque te quitan a tus hijos”, afirma Seifert. 

Esta violencia institucional empieza con una red de complicidad en la intervienen jueces y abogados, ya que “en casi todos los casos existe el mismo modus operandi y los abogados también entran dentro de los cómplices, pues actúan con denuncias muy similares de violencia familiar. Parece que fuera hasta un machote”, como afirma la abogada y sobreviviente de violencia vicaria, Micaela Giacobone.

A partir de la encuesta del FNCV, han identificado nombres de jueces que favorecen a los padres al otorgar la guarda y custodia a pesar de que han sido denunciados previamente; como es el caso del juez en Nuevo León, Gerardo García Ramírez y las juezas Luz María Hernández y Frisla Ariday del Estado de México y Ciudad de México respectivamente. 

Refieren que es necesario buscar sanciones de responsabilidad contra los ministerios públicos y jueces que colaboran en dilatar los procesos; además de los terceros involucrados en el ocultamiento de los mejores, como la familia del agresor. 

EL DAÑO A LAS INFANCIAS

 “Mis hijos están muy lastimados”, dice Patricia Jessel. Foto: Cortesía. 

A Patricia Jessel la batalla legal por recuperar a sus hijos le ha significado cerca de dos años en tribunales, audiencias e innumerables costos de representación legal. Tras un año de no ver a sus hijos al estar prácticamente secuestrados por su expareja en otro estado del país; un juez aprobó que ella sólo puede ver a Regina de 9 años y Patricio de 14 una vez cada 15 días.  

“Mis hijos están muy lastimados, sobre todo sobre todo mi hija Regina, de 9 años, a quien su padre le dijo que yo la abandoné y que me fui con otro hombre. Está lastimada al grado que nuestra relación no es como antes. Mi hijo, al tener autismo, no logra expresar sus sentimientos, pero es una situación que también ha resentido”, afirma Patricia. 

La encuesta del FNVC estima que en el 80% de los casos analizados, las mujeres ya habían recibido amenazas de los padres por la sustracción de los hijos, pero fueron separadas de ellos de forma inesperada y sin saber de su paradero. 

En protección del interés superior de la niñez, la abogada Giacobone afirma que “es importante crear una alerta violenta, simular a una Alerta Amber, para darle prioridad a estos casos, porque las primeras horas en que los menores desaparecen son cruciales” para localizarlos. 

De no atenderse la violencia vicaria, que describen como penúltima de violencia de género, las siguientes y más fatales consecuencias podrían llegar a ser feminicidios o infanticidios.

@GloriaPE_