¿AMLO planea quitar ministros? Las reformas del 5 de febrero

López Obrador en Villahermosa, Tabasco, este 2 de febrero. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El presidente no quita el dedo del renglón y continúa con su cruzada por transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrés Manuel López Obrador y su equipo preparan una iniciativa que busca hacer que los ministros sean elegidos por elección popular y que no cuenten con pensión al retirarse, entre otras reformas que propondrá este 5 de febrero.

En documentos que empiezan a circular se puede leer que la reforma propone que las magistradas y magistrados de la Suprema Corte (así como magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados de la Sala Superior y Salas regionales del Tribunal Electoral) “que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, concluirán su cargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre, conforme a las disposiciones aplicables del presente Decreto”.

El mecanismo haría que después de que se aprobase esta iniciativa, procediera la renovación casi inmediata de la SCJN: “El Senado de la República, por única ocasión, tendrá un plazo de veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar el listado de las personas aspirantes que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del mando del Poder Judicial de la Federación señalados en el párrafo anterior”.

El Instituto Federal Electoral sería el encargado de organizar la elección para los nuevos magistrados. Luego, tendría que haber una revisión en el Senado de la República y otra más con el propio Tribunal Electoral.

La iniciativa deja como plazo el 1 de septiembre para desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. En esta fecha también serían despedidos los ministros actuales. La onda expansiva alcanzaría a los integrantes del TEPJF, que tendría que renovar su plantilla en la Sala Superior y en sus salas regionales el 1 de octubre del siguiente año.

Los profesionales elegidos para el cargo serán “personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

SE CIERRA EL MARGEN DE LA CORTE

Estas acciones radicales serían acompañadas con otras igualmente polémicas, como que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puedan aspirar a entrar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, no tendrían derecho a pensión (como actualmente lo marca la ley) y tendrían el mismo salario que el presidente.  También se plantea que pasen de ser 11 a nueve los ministros que integran la Corte (para que la mayoría calificada sea de seis votos, en vez de ocho), para cargos de máximo 15 años (mínimo 12).

Otras de las líneas más polémicas tienen que ver con prohibir la “suspensión de las normas generales” que entren en controversia o en acciones de anticonstitucionalidad. Cabe resaltar que muchas de las reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal durante este sexenio han sido frenadas en seco a través de este mecanismo.

Otra de las reformas sería que el presidente pueda proponer una terna de 10 candidatos para la corte, 10 el Poder Judicial y cinco el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados.

“Comentamos aquí lo que hacen los del Poder Judicial, los de la Suprema Corte del derecho, que es bastante, porque de la justicia no, no; que sacan ahí un documento diciendo que tienen fundamentos legales y que el amparo, no tienen remedio”, dijo el presidente este 2 de febrero en su mañanera al hablar de los esfuerzos de Morena por hacer juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán (quien fue el artífice para “tirar” la reforma eléctrica de AMLO) y la posterior defensa que la corte hizo sobre su ministro.

“Por ahí no hay ninguna posibilidad, eso está mal, predomina la corrupción y hay que renovar ese poder”, agregó.

El gobierno afirma que Pérez Dayán no podía romper el empate a dos en la sala que tomó la decisión de declarar inconstitucional la reforma eléctrica, porque antes de usar su voto de calidad debió turnar a la ministra presidente para escoger otro ministro.

Sin embargo, la Suprema Corte aclaró que fue correcto el voto de calidad porque está permitido en la Ley de Amparo.

Sobre el tema, el constitucionalista Francisco Burgoa le comentó a la periodista Azucena Uresti: “Es inadmisible que Morena esté presentando una denuncia de juicio político contra Pérez Dayán, no hay ninguna violación a la ley”.

@emeequis