La FGR de Gertz va con todo contra la tortura: 25 veces más presupuesto

EMEEQUIS.– Para 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un presupuesto extraordinario para la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura: es 25 veces mayor al designado para este año.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) 2021, dicha Fiscalía tendrá 19 millones 32 mil pesos, un incremento importante considerando que los recursos aprobados para 2020 apenas fueron de 750 mil pesos.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, a diferencia de años pasados, está contemplando para la investigación de delitos de tortura un gasto en servicios personales (nómina), rubro que concentra el crecimiento de los recursos, pues este será de 18 millones 282 mil pesos, mientras que para la operación serán 750 mil pesos.

El mandato para Gertz Manero, el 14 de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), era llevar a cabo un Plan Estratégico de Transición (PET) de la PGR a FGR, mismo que se ajustará anualmente a los recursos presupuestales que apruebe la Cámara de Diputados y que determina una nueva estructura organizacional.

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Una mayor inyección de recursos para los delitos de tortura contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel, quien asegura que en México ya no hay torturas consumadas por elementos militares.

“Estamos luchando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad; lo estamos haciendo sin violar derechos humanos, ya no hay masacres, no hay tortura. El Ejército, la Marina, que nos están ayudando, actúan protegiendo, respetando los derechos humanos”, declaró el 18 de mayo de este año.

UNA DEUDA

Históricamente, elementos de las Fuerzas Armadas y autoridades federales de México han sido señalados por organizaciones defensoras de derechos humanos por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Uno de los casos más relevantes de los últimos años fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los detenidos, a los que se les atribuía la desaparición de los 43 normalistas, fueron torturados. 

En 2018, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) identificó que 34 de los imputados sufrieron: golpes, toques eléctricos, asfixia, agresiones sexuales y violencia psicológica.

En su informe, la ONU-DH apuntó que en los involucrados habría participado la Policía Federal y elementos de la Secretaría de Marina.  

Los hechos atribuibles a autoridades federales siguen siendo una constante en México y un problema a resolver que se sigue adeudando.

En octubre de 2015, con la aún PGR al mando de Arely Gómez González, se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, pero fue hasta 2017 que se le asignó un presupuesto de 254 mil 371 pesos.

A principios de 2018, la PGR emitió un acuerdo publicado en el DOF para la creación de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, el aumento del presupuesto contra el de la Unidad fue de 11% (283 mil 933).

Para el primer año de gobierno de López Obrador esta Fiscalía obtuvo un presupuesto de 457 mil 758 pesos, un aumento de 61% respecto al último año de Enrique Peña Nieto. En 2020 fue otro incremento de 64% (750 mil pesos) y finalmente para el próximo se proyectan los poco más de 19 millones.

POCOS RESULTADOS

En el informe anual de 2019 de la FGR, se apunta que del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura se inició únicamente una averiguación previa, se dio seguimiento a 3 mil 963 y se determinaron 23.

Al 31 de diciembre de 2019, se quedaron pendientes de determinar 3 mil 941 averiguaciones previas.

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En cuanto a las carpetas de investigación, en el periodo que se indica se iniciaron 207, se les dio seguimiento a 668 que se iniciaron en años anteriores. El resultado fue de 152 carpetas determinadas, pero sólo se judicializó una.

Amnistía Internacional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la tortura en México. “El uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo una práctica generalizada en todo México, y la impunidad reina entre los responsables de estos actos” señala en su documento Stop Tortura.

Las conclusiones del movimiento global que vela por los derechos humanos destacan que a pesar de la legislación que existente en México para prevenir y castigar la tortura (Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), su práctica se sigue tolerando y los mecanismos para hacer rendir cuentas a los responsables son insuficientes, pues no disuaden a los responsables ni proporcionan reparación a las víctimas.

Es así como los informes de tortura han ido en aumento desde 2006, de la mano con la creciente ola de violencia en México. La policía y el ejército también están implicados en desapariciones forzadas.

Aquí, aunque hay un gran incremento para la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, para la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada hay una reducción, ya que para 2021 se proyectan 20 millones 867 mil pesos, 5.4% menor al aprobado en 2020 (22 millones 078).

Amnistía Internacional ha evidenciado que el gobierno mexicano siempre ha negado el uso de la tortura. Ante los dichos de AMLO de que no hay tortura ni desapariciones y que refrendó en su Segundo Informe de Gobierno, replicó que esto es falso, pues del 1 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 2020 se tenían 11 mil 653 personas desaparecidas y que los derechos humanos siguen siendo violados.

@ptcervantes