Los focos de corrupción que no atendió Jiménez Espriú en la SCT

EMEEQUIS.– Durante su primer año al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú recibió los resultados de 15 auditorías internas que daban cuenta de las deficiencias que tenía la institución que le había heredado el último secretario del peñanietismo, Gerardo Ruiz Esparza. 

La entrega de la batuta incluyó áreas completas con síntomas de corrupción y omisiones que le cuestan de poco en poco, contrato tras contrato, millones de pesos a la ciudadanía. 

Sobreprecios, materiales que se pagan y no se ocupan, funcionarios omisos que no supervisan el cumplimiento de los convenios ni los trabajos en campo, convenios modificatorios a modo –con más dinero público de por medio– y empresas que, aunque el Estado les paga bien, terminan por usar materiales de mala calidad.

Estas auditorías narran las historias de pequeñas y grandes obras que se vuelven interminables y que sobrepasan –por años– el tiempo de entrega; unas más que entre sus muros o asfaltos dejan ver en sus grietas la corrupción y la falta de supervisión de la dependencia.

Espriú no sólo heredó de su antecesor ostentosas obras que no ven su fin, como el Tren Interurbano México-Toluca o el Tren de Alta Velocidad Ciudad de México-Santiago de Querétaro. También hay aquellas que requirieron inversiones millonarias, pero que nunca existirán, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Entre carreteras nuevas, mantenimiento a obras y espacios públicos, estas auditorías dejaron entrever focos rojos al interior de la dependencia.

De 12 áreas internas auditadas, una concentra el mayor número de auditorías realizadas: la Dirección General de Puertos, la misma que al cierre de julio de 2020 tuvo cambios que retumbaron al interior y al exterior de la dependencia, provocando, incluso la salida de Jiménez Espriú.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS, LA MÁS AUDITADA

Los registros muestran que no hubo área más auditada que la Dirección General de Puertos. Tres auditorías –05/2019, 09/0219 y 28/2019– muestran las fallas detectadas sólo en el último año del peñismo en esta área encargada de celebrar y otorgar concesiones para la administración portuaria integral, establecer tarifas de uso de infraestructura y prestación de servicios portuarios, entre otras cosas.

La primera auditoría da cuenta de cuatro expedientes de concesiones otorgadas a Omanor, S.A. de C.V., Porter FG México, S.A. de C.V., Empresa Desarrolladora la Ribera, S. de R.L. de C.V. y a Muelles del Caribe, S.A. de C.V. que no se podían otorgar por aspectos legales. 

Algunas de las observaciones y recomendaciones de las auditorias.

También se encontraron casos de permisionarios que operaban de forma irregular, al no cumplir con la totalidad de las condiciones establecidas en la ley, sin cubrir las garantías y los posibles daños a terceros, ni los derechos por uso de los bienes de la nación.

En el caso de las concesiones entregadas a las empresas Gescontur América S.A. de C.V. e Infraestructura Marina del Golfo S. de R.L. se decretó que los permisos de uso de los bienes fueron otorgados de forma indebida.

La novena auditoría realizada en esta área encontró un monto por aclarar de al menos 63 millones de pesos por obras públicas realizadas en los puertos. Se hallaron pagos en exceso a contratistas y deficiencias en la entrega-recepción de obras. 

Mientras que la auditoría número 28 encontró irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos de obra pública y falta de control de calidad en los trabajos. 

Estos registros dan cuenta de sólo un aspecto de la problemática interna en los puertos mexicanos, misma que llevó a que Jiménez Espriú presentara su renuncia el 23 de julio pasado porque, según dijo el exfuncionario: “Tuvimos (él y el presidente Andrés Manuel López Obrador) un diferendo que sólo se da entre hombres libres y con criterio, acerca de la operación de los puertos”.

Este mensaje reveló que, mientras Espriú apostaba porque la SCT siguiera operando los puertos, el presidente de México determinó que estos quedaran bajo la coordinación de la Secretaría de Marina, al descubrir actos de corrupción y determinar que eran zonas de tráfico de drogas.

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SON 12 ÁREAS AUDITADAS

Son, en total, 12 las áreas auditadas por el Órgano de Control Interno de la SCT a inicios de 2019. Ninguna se salvó: todas terminaron con recomendaciones correctivas y preventivas tras lo hallado en las indagatorias. 

Está, por ejemplo, la primera auditoría interna del año, realizada a la Dirección General de Carreteras, que forma parte de la Subsecretaría de Infraestructura y que tiene entre sus objetivos construir, modernizar, reconstruir y conservar la red federal de carreteras, los caminos rurales y alimentadores. 

En la auditoría 01/2019, tras analizar tres contratos del universo de 351 fallos por 6 mil millones de pesos realizados en el último año de Ruiz Esparza al frente de la SCT, se concluyó que esta área ha presentado irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación, que tiene una inadecuada planeación y programación de las obras, que hay pagos anticipados y en exceso, celebran contratos por montos mayores a los autorizados y que las obras terminan siendo de mala calidad y con vicios ocultos. 

Dentro del análisis está la construcción de la caseta de cobro “El Quemado” en Acapulco, Guerrero, cuyo estudio arrojó que esta dirección recurrentemente planea, contrata y presupuesta trabajos sin considerar en los proyectos integrales las obras complementarias y la prioridad de la continuidad de la obra. Las obras de esta caseta de cobro, con un costo ya cubierto de 112 millones de pesos, no han concluido.

Pagos indebidos por material que no se usa, compras no previstas; pagos en exceso de estimaciones, contratos por montos mayores a los autorizados en oficio de modificación de la inversión.

La historia se repite en la auditoría realizada a la Dirección General de Servicios Técnicos, área a la que se le ordenó presentar un informe donde justifique la adjudicación de contratos de obra pública a diversas empresas, pues se detectó que el área no tiene un formato de contrato de prestación de servicios que se apegue a lo establecido en la Ley de Obras Públicas.

Así, desde la Dirección de Servicios Técnicos, pasando por la Unidad de Tecnologías de la Información, hasta llegar a la Dirección General de Puertos y el Instituto Mexicano del Transporte, todas tuvieron señalamientos sobre su desempeño. 

LAS FALLAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Y, así como en las áreas dedicadas a la obra pública, aparece la Dirección General de Comunicación Social, señalada por sus deficiencias en las contrataciones de gastos de comunicación en el Ejercicio Fiscal 2018. 

El motivo: de 84 contratos entregados en el último año de Ruiz Esparza, el 100% se dio por adjudicación directa y más de la mitad de ellos superan los montos permitidos para la adquisición de bienes y servicios. 

El Órgano de Control Interno también determinó que de 49 proveedores contratados por el área, sólo seis recibieron el 59% del presupuesto total de la Dirección General de Comunicación Social en 2018. Los ganones: Grupo Televisa S.A.B. (90 millones de pesos) y Estudios Azteca S.A. de C.V. (25 millones de pesos). 

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El efecto de todos estos síntomas, señala el documento, es que “no se tiene evidencia en los estudios de mercado de haber obtenido las mejores condiciones económicas para la SCT”.

De acuerdo con registros oficiales, los últimos dos años de Ruiz Esparza al frente de la SCT, ésta invirtió 693 millones de pesos en publicidad, casi la mitad de estos recursos fueron adjudicados a televisoras. 

Además, para cierre de 2018, esta Secretaría había elevado casi 50 millones de pesos los gastos por publicidad oficial. Si en 2017 la inversión por la promoción del trabajo de la dependencia en televisión fue de 131 millones de pesos, cerró en 2018 en 180 millones.

FALTA DE EFICIENCIA

En la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte lo que se encontró tras analizar su desempeño fue que el área no opera como lo marca la ley. No planean ni crean políticas públicas para prevenir accidentes –que cuestan vidas– en las vías generales de comunicaciones.

Se encontraron inconsistencias en los exámenes médicos –psicofísicos y toxicológicos– para personas que prestan servicio como operadores del transporte federal. “Deficiente rendición de cuentas, incumplimiento de metas y logro de objetivos”, concluye la auditoría, que muestra cómo parece copiar y pegar los resultados de exámenes y rendimiento reportados desde 2012, cuando Esparza tomó el mando de la dependencia.

Otro foco rojo es la “deficiente participación en la investigación de accidentes”. En 2018 ocurrieron 583 incidentes carreteros, 8 de cada 10 ocurrieron por factores humanos. 

Transporte de servicio de carga, de pasajeros y turismo provocaron accidentes que no fueron investigados por la dependencia.

Las fallas en desempeño no son exclusivas de esta dirección, se presentan también en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, la Dirección General de Autotransporte Federal, el Instituto Mexicano del Transporte y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

@AleCrail