El IMSS rompe la ley al contratar empresas ajenas a la salud

EMEEQUIS.– Es 27 de marzo de 2020 y en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se declaran “acciones extraordinarias” en materia de salubridad general para combatir el SARS-CoV2. 

Así, bajo el respaldo de AMLO, se autorizaron las compras de equipo médico, agentes de diagnóstico, productos higiénicos, material quirúrgico y de curación sin que sea obligatorio realizar una licitación pública ni establecer un límite en los montos contratados. 

En ese contexto, dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comanda Zoé Robledo han apostado por contratar a empresas con giros ajenos al motivo de los contratos, sin experiencia en productos de primera necesidad ante una emergencia sanitaria como la del Covid-19.

“Al no revisar la experiencia, al no revisar el giro de la empresa, los servidores públicos sí están faltando a la ley porque no se están asegurando de que la empresa pueda proveer de los materiales solicitados ni de que tenga experiencia en el campo que se necesita proveer el servicio”, detalla Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

Si no hay una correspondencia de giro –señala el especialista–, la dependencia tiene que justificar muy bien por qué le están dando un contrato a una empresa a la que nunca antes le han comprado algo, de un giro ajeno a la compra, más allá de si fue la cotización más barata que llegó.

El decreto de marzo, detalla Montes, da la libertad a las dependencias como el IMSS, la Secretaría de Salud (SSA), a cargo de Jorge Alcocer Varela, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, de comprar lo necesario para que el país enfrente la pandemia de Covid-19, pero advierte hay “malas señales” de que no se prioriza la capacidad de entrega, la calidad y los buenos precios en las compras. 

Uno de los riesgos en una pandemia como la que se está viviendo en México y en el mundo, advierte, es fallar en la adquisición de los recursos que hoy son de vida o muerte.

RIESGOS DE COMPRAR A INEXPERTOS

Recientemente, EMEEQUIS publicó diversas investigaciones sobre cómo en medio de la emergencia sanitaria el IMSS ha optado por las adjudicaciones directas para enfrentar la crisis y, de paso, adquirir otros productos que no están relacionados a la emergencia sanitaria. 

En los tres primeros meses desde que el Covid-19 llegó a México, gastó más de 31 mil 424 millones de pesos en contratos para garantizar la operación de sus centros hospitalarios. El 80% fueron otorgados por adjudicación directa. 

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“Se entienden las adjudicaciones, más no la opacidad”, advierte Montes. 

La opacidad en las contrataciones públicas está imperando en la era del coronavirus, donde están permeando adjudicaciones directas que benefician a empresas que nunca antes habían sido contratadas en la administración pública, de giros ajenos al motivo de los contratos y que obtienen información sobre los procedimientos antes de que estos sean publicados.

“Durante un periodo de emergencia el riesgo es que se asignen contratos, bajo las excepciones de la ley, no a una empresa con determinado objeto social, sino en condiciones nulas de competencia económica o con evidentes sobreprecios”, refuerza Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la asociación Transparencia Mexicana.

Esta revista digital también ha encontrado que el Instituto apostó por contratar a empresas que nunca antes habían vendido productos médicos, que no formaban parte de su listado de proveedores y que no tenían experiencia como contratistas de la administración pública. 

Esos detalles, explica Montes, son importantes al momento de mirar cómo se está contratando en medio de la pandemia.  

“Ver que los contratos se le dan a una empresa que no tiene un pasado comercial con el gobierno, que su giro comercial no está relacionado a los contratos que se están dando, pudiera afectar, en estos momentos, la vida de las personas y la atención y seguridad que pueden recibir médicos y médicas”, asegura. 

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En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 40 que enmarca cómo se deben llevar a cabo las adjudicaciones directas se especifica que en cualquier caso se elegirán proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, financieros y demás que garanticen el buen cumplimiento del contrato, además de que deberán ser aquellos “cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse”.

Además de que toda adjudicación directa deberá estar acompañada de una investigación de mercado que haya servido para orientar la decisión y al menos tres cotizaciones previas al contrato para elegir al mejor candidato. 

Si bien “la crisis” y el decreto de López Obrador avalan que se interrumpan los tiempos que marca la ley, eso no exime la responsabilidad de las autoridades respecto a la decisión de compra. 

“EL RIESGO DE CORRUPCIÓN ES MUY GRANDE”

Bohórquez asegura que, pese a la emergencia, no todas las adjudicaciones directas están justificadas. “La decisión de no convocar a una licitación pública en muchas ocasiones es arbitraria, pero la aparente urgencia no permite analizarlo. Ese es el verdadero riesgo: que la justificación para realizar adjudicaciones directas sea vaga o imprecisa pero que nadie revise y nadie se de cuenta”.

Además, detalla, así como pasa a nivel federal, está ocurriendo a nivel estatal. Hay al menos 23 estados que no están transparentando en lo más mínimo las compras que están realizando en medio de la pandemia, mientras que los nueve estados que han transparentado información no presentan información completa. 

Bohórquez advierte que si bien, casos como este son relevantes, “el mayor riesgo de corrupción está en los estados que sencillamente no publican nada”. 

El director de Transparencia Mexicana dice que son las contralorías municipales y estatales, junto con los órganos de fiscalización superior, los responsables de vigilar las contrataciones. “En 32 de 33 órganos de fiscalización superior, incluido el federal, no se han iniciado auditorías preventivas alrededor de la contingencia”. Solamente Sonora inició auditorías en tiempo real sobre el gasto público realizado.

Este último punto, advierte Montes, es constante en todos los niveles y se viene arrastrando desde antes del Covid-19. “No se publican las requisiciones de compra ni las solicitudes de cotizaciones, uno se pregunta ¿cómo una empresa que nunca antes había obtenido un contrato y que tiene un giro diferente obtuvo entonces ese contrato?”. Y no se investiga.

“Ahorita no sabemos en dónde se están publicando las solicitudes, en qué tiempo, cómo se entera esta gente y si juntas todas estas piezas, la sospecha y el riesgo de corrupción es muy grande”.

Este es el caso del gobierno de Chihuahua donde, según documentó esta revista digital, el mayor contratista –en el rubro de Covid– es una empresa que tiene como objeto social la venta de productos agrícolas, aunque los últimos años ha figurado como contratista del gobierno de Javier Corral como distribuidor de computadoras. Ante la crisis sanitaria, está apostando por la venta de mascarillas KN95, cubrebocas y overoles para el personal médico.

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Hay un desfase en la publicación de la información en Compranet: sabemos de las compras ya que se consolidaron, pero no de los procedimientos que les anteceden, cómo se tomó la decisión de comprarle a determinada empresa, señala Pablo Montes, del IMCO. 

Y es que –recalca el especialista– sí hay un gran riesgo de que aprovechando esta emergencia haya algún tipo oportunismo para realizar desvíos de recursos. 

“Por ser una emergencia, el gobierno y las instituciones deberían de estar muy interesados en transparentar las compras que están haciendo, demostrarle a la gente que están comprando de una manera responsable y transparente”. 

@AleCrail