El fiscal Gertz da contrato millonario a empresa que monopolizó renta de vehículos con EPN

EMEEQUIS.– La Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, invirtió mil 396 millones de pesos en renta de autos para los próximos cuatro años de su administración.

La empresa ganadora es Casanova Rent Volks S.A. de C.V., una vieja conocida para la dependencia, y que forma parte del Grupo Casanova, el más beneficiado con contratos por renta de vehículos en la administración de Enrique Peña Nieto. 

De acuerdo con información obtenida en Compranet, el contrato millonario tiene como fecha de inicio el 31 de marzo de 2020 y fue una adjudicación directa, como la mayoría de los contratos que el Grupo ha obtenido en los últimos ocho años. 

El contrato es por el servicio de transportación terrestre en la zona metropolitana y con cobertura nacional a través de unidades vehiculares (arrendamiento) y es el segundo que le ha otorgado la FGR en la administración de Gerzt Manero. Ya en abril de 2019 había firmado por el mismo servicio por 241 millones de pesos. 

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Pero su historia con la FGR se extiende años atrás cuando, pese a la movilidad de los titulares de la PGR, por la que desfilaron Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán –encargado de despacho–, lo único que permaneció inmóvil en la era priísta fue la relación con esta empresa. Entre 2013 y 2018 obtuvo contratos por mil 418 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos.

Sin embargo, el monto se queda corto. En esta administración, con dos contratos, superó lo otorgado por la vieja PGR.  

¿DE DONDE SALIÓ CASANOVA RENT VOLKS?

Casanova Rent Volks S.A. de C.V. es una de las cuatro empresas que conforman el Grupo Casanova, cuyos dueños son los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova. Es una empresa que, según la descripción que brindan en su página, se fundó en 1976 “con capital 100% mexicano” con la idea de ofrecer el servicio de arrendamiento de autos.

De acuerdo con el aviso de privacidad de la página de Grupo Casanova, son las empresas Casanova Rent Volks S.A. de C.V., Casanova Chapultepec S.A. de C.V., Casanova Vallejo S.A. de C.V. y Casanova Rent S.A. de C.V. las que lo componen y tienen su domicilio fiscal en Gustavo Baz No.288, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54060 

Un análisis de los contratos que han obtenido estas cuatro empresas con dependencias, organismos descentralizados, universidades y hospitales de la administración pública federal, muestra que en la administración de EPN Grupo Casanova fue el más beneficiado con contrataciones por renta de coches.  

En total obtuvo 7 mil 850 millones de pesos en contratos por la renta de camionetas, motocicletas, automóviles y ambulancias, superando en más del doble a su competidor más cercano, Jet Van Car Rent, S.A. de C.V.

En ese periodo obtuvo al menos 338 contratos con diversas dependencias federales, entre ellas la PGR. Por cada licitación o invitación a tres personas que ganó, la administración pública federal le adjudicaba directamente otros dos contratos.

CUANDO EL RÍO SUENA…

Estas empresas han sido señaladas constantemente por la falta de claridad en la contratación. 

En marzo 2015, por ejemplo, el entonces senador del Partido del Trabajo (PT), David Monreal Ávila (ahora funcionario de la Secretaría de Agricultura), propuso un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comandaba Enrique Ochoa Reza, aclarara los contratos que la dependencia había otorgado a Grupo Casanova. 

Un mes más tarde, 16 senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron directamente a la PGR –que en ese entonces lideraba Arely Gómez González y que también le había otorgado contratos al Grupo– a levantar una denuncia contra la CFE de Ochoa Reza por un presunto fraude en un contrato de adjudicación directa a estas empresas, según reportó Dinero en Imagen, quien también consignó un contrato exprés que Conaculta le otorgó en sólo seis días para renta de vehículos por seis millones de pesos. 

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No pasaron ni 24 horas  después de la denuncia ante la PGR, cuando Héctor de la Cruz, director de administración de la CFE, rechazó que hubiera existido fraude en la entrega de contratos para arrendar 7 mil 164 vehículos.  

Pese a la polémica, la CFE de Manuel Bartlett Díaz le adjudicó de forma directa un contrato a Casanova Vallejo S.A. de C.V. en 2019 por más de 800 millones de pesos para arrendar más de 10 mil vehículos.

FGR, LOS MISMOS PASOS

En noviembre del año pasado, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía estableció en la auditoría 10/2019 que había un posible daño a las finanzas públicas por los contratos de arrendamiento de vehículos otorgados a Casanova Rent Volks S.A. de C.V. entre 2017 y 2019.

La autoridad interna determinó que faltaba la documentación comprobatoria por un importe de 19 millones 969 mil pesos por solicitudes de vehículos adicionales sin justificación. “Falta la evidencia documental del proveedor que compruebe la entrega-recepción de vehículos sustituidos por modelos recientes, según el documento que reveló el reportero Marcos Muedano 

También se señala que pese a los pagos otorgados a Casanova Rent Volks por el arrendamiento, no hay documentación comprobatoria del gasto de 8 millones 913 mil pesos. Para 2019, ya con Gertz Manero al frente, el Órgano de Control Interno también señaló una falta: no se presentaron las cotizaciones por parte de Casanova ni la autorización de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Estos vacíos son contrarios a lo que se indica en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que señala que las adjudicaciones directas deben de estar fundadas y motivadas “en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado”.  

Otra de las cláusulas que estipula la Ley es que para contratar por medio de este procedimiento, si el monto es igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo vigente en la CDMX, es decir más de 40 mil pesos, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones que deben, además, haber sido obtenidas 30 días antes de la adjudicación y deben constar en el expediente.  

En el caso del contrato que otorgó la FGR este 2020 por más de mil 300 millones de pesos –que excede en más de 32 mil veces el monto máximo de la cláusula mencionada en la LAASSP– no es posible determinar si corrigió el rumbo que indicó su mismo órgano interno de control y realizó esta adjudicación con los parámetros establecidos por la ley, pues no han actualizado la información pública de oficio correspondiente al primer trimestre del año. 

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su informe sobre las 700 mil compras públicas que se realizaron entre 2012 y 2017, presentado en 2018, indicó el riesgo de abusar de las adjudicaciones directas que, en ese periodo, significaban el 71% de todas las compras federales. Recordó que el artículo 134 de la Constitución mexicana indica que se tiene que privilegiar la aplicación de las licitaciones públicas. 

Este medio solicitó entrevista con personal de Grupo Casanova y la FGR sin que hasta el momento hayan dado respuesta. 

@AleCrail