Las banderas de AMLO vueltas leyes: austeridad, educación, seguridad

En su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador utilizó a fondo el músculo de la mayoría morenista para sacar 10 nuevas leyes que le dan rostro a su proyecto de nación. Con ellas creó la Guardia Nacional, definió el futuro de la educación y estableció la Austeridad Republicana. 

Entre marzo y noviembre de 2019 las cámaras aprobaron, entre polémicas y bloqueos, las leyes que regirán los temas que se consideraron prioritarios en este primer año de administración: seguridad, educación y austeridad. 

Por un lado aparecen las leyes que actualmente guían la apuesta del presidente en materia de seguridad: la Guardia Nacional; por el otro, aparece la que rige el uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, la llamada Austeridad Republicana. Y al final las tres leyes secundarias que complementan la nueva Reforma Educativa, con la que Andrés Manuel enterró la anterior. 

AUSTERIDAD REPUBLICANA

Casi en el ocaso del primer año de su administración, Andrés Manuel logró consolidar la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene por objeto cimentar su promesa de usar responsablemente el gasto público federal.

La austeridad republicana es, según la Ley publicada el 19 de noviembre, la “conducta republicana y política de Estado que los entes públicos están obligados a acatar para combatir la desigualdad social, corrupción, avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. 

Esto obliga a que en cada cierre del año fiscal en curso los entes públicos entreguen un “Informe de Austeridad Republicana” en el que presuman los ahorros obtenidos a partir del cumplimiento de la Ley. 

Las dudas en torno a esta Ley se enmarcan en la posibilidad de que se genere una nueva “partida secreta” para el uso discrecional del Presidente, como sucedía en el pasado. En el Artículo 61 se establece que los ahorros obtenidos se deberán destinar a los programas del ejecutor del gasto y, en el caso del Poder Ejecutivo, a los previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que, por medio de un decreto, determine el titular del mismo. Es decir, AMLO. 

GUARDIA NACIONAL: BASE DE LA ESTRATEGIA

Las siguientes leyes prioritarias de esta administración estuvieron enfocadas en la seguridad. El 27 de mayo se aprobaron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.  

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza tiene como fin regular la actuación de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas, una base para la nueva Guardia Nacional propuesta por el presidente, sobre todo cuando se realicen tareas de protección civil que requieran el uso de la fuerza. 

Previo a su publicación, diversas asociaciones y activistas mostraron su preocupación sobre algunos de los temas que se establecen en la ley. Por ejemplo, Artículo 19  señaló que artículos como el 16 y el 27 podrían vulnerar lo relativo a los derechos a la protesta social, libertad de expresión, reunión y asociación. 

La organización se refirió a la redacción que prohíbe el uso de armas de fuego o letales contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. Según señaló Artículo 19, el uso de “objeto lícito” podría vulnerar el derecho de los manifestantes y ponerlos en riesgo al dejar a discreción de la autoridad la interpretación del término. 

La ley dejó fuera el derecho a la indemnización que tendrían las víctimas del uso excesivo de la fuerza y la obligación de tener un seguro para daños colaterales, peticiones que habrían impulsado organismos internacionales y que sí se consideraban en la primera iniciativa, presentada en febrero. 

En este mismo eje, se publicó la Ley de la Guardia Nacional, la nueva “institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. Esta ley establece que los miembros de la Guardia podrán realizar funciones de seguridad pública en entidades federativas y municipios. 

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Sobre este decreto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el poco tiempo de análisis de la ley. “Resulta preocupante la persistencia de deficiencias que representan graves riesgos para los derechos a la vida, la integridad, la libertad de reunión y manifestación y el derecho de acceso a la justicia”, señaló en un comunicado. 

Entre los señalamientos estaban la ambigüedad en la regulación del uso de la fuerza letal, la falta de transparencia, investigación y rendición de cuentas.  

La tercera ley es la del Registro de Detenciones, que busca garantizar el control y seguimiento sobre la forma en la que la autoridad realiza la detención de personas. A partir de esta ley, se creará un portal web que estará disponible los 365 días del año y que contendrá todos los registros de detenciones realizadas por policías y ministerios públicos del país. Será de uso exclusivo de las autoridades. 

Este registro, dice la nueva ley, busca prevenir la violación de derechos humanos de las personas detenidas, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada.  

EDUCACIÓN: EL COCO DE LA 4T

En un estira y afloja, el Congreso logró la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, entre bloqueos y marchas. El 30 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua; la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley General de Educación. 

En la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se establecen los criterios para ocupar las plazas magisteriales. Entre los parámetros de selección se marca la existencia de una mesa con representantes de la Secretaría de Educación Pública y sindicatos que valorarán las aptitudes de los aspirantes, sin exámenes.

Edna Jaime, de la organización México Evalúa, compartió comentarios de la Red Educación y Derechos que señalan que en estas tres leyes no se enmarca la parte presupuestal para consolidar los objetivos, que “se anteponen las demandas sindicales sobre el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes”, y que “se deja al sindicato la decisión más importante del sistema educativo: la carrera de los docentes”.

EXTINCIÓN DE DOMINIO: OTRA QUE PREOCUPA

El 9 de agosto pasado se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que marca la actuación de la autoridad respecto a la incautación de bienes de la delincuencia organizada. Específicamente aquellos que estén relacionados con secuestros, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud, trata de personas, hechos de corrupción, encubrimiento. Los cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.

La extinción de dominio, marca la ley, es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes relacionados con algún delito, a partir de una sentencia de la autoridad judicial.

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Entre los principales críticos de esta ley destacó Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quien dijo que podría usarse contra personas que realicen transacciones legítimas y que podría inhibir la inversión en el país.  

FORMACIÓN DE MARINOS

La primera nueva ley que publicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se expidió el 12 de marzo de este año. Se trata de la Ley de Educación Naval, que busca normar la educación que imparte la Secretaría de Marina, por medio de la Universidad Naval. 

Esta norma señala que la Marina ofrecerá a todos los mexicanos, en igualdad de género, la oportunidad de efectuar sus estudios en este sistema, con el objetivo de crear estudiantes con valores y competencias relacionadas a las funciones de la dependencia.

En materia económica se publicó en el DOF, como cada año, la Ley de Ingresos que aplicará para el próximo año fiscal, 2020. En este sentido, la Federación podrá disponer de 6 billones 107 mil millones de pesos que deberán usarse como lo marca esta ley. 

@AleCrail