La reinserción del Anexo Transversal Anticorrupción es una realidad

Miguel Ángel Santibáñez y Alejandro Alegría Matus*

EMEEQUIS.– El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) a la Cámara de Diputados, el cual incluye nuevamente el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), un apartado que explica de manera muy clara y puntual qué dependencias ejercen recursos anticorrupción, cuánto ejercen y en qué actividades, lo cual lo convierte en un importante instrumento de transparencia presupuestaria. Sin una herramienta como esta, no teníamos la posibilidad de conocer cuánto invertimos en el combate de la corrupción, ni tampoco la posibilidad de rastrear ese gasto.

En 2020 se conjugaron varios factores que abrieron la posibilidad de reinsertar el ATA en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por un lado, el activismo de sociedad civil para poner el tema en la agenda. Por otro lado, la actividad de algunos integrantes del Poder Legislativo trajo como resultado la inclusión del Artículo Décimo Noveno Transitorio en el decreto de PEF 2020, que ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) analizar la viabilidad de incluir un ATA en el PEF 2021.

Ante ese mandato del Congreso, la SHCP y la SESNA, con el acompañamiento de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, desarrollaron conjuntamente la metodología para la implementación del ATA en el PEF 2021. Como resultado, para 2021 el gasto anticorrupción será rastreable nuevamente. 

El ATA estima que en 2021 se invertirán 3,315 millones de pesos en combatir la corrupción, los cuales serán ejercidos por 10 dependencias, órganos y unidades, entre las que se encuentran la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Consejo de la Judicatura Federal, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA); todos ellos integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, la SHCP participa por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

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Cabe señalar que a diferencia de los 3,315 mdp proyectados para 2021, en 2018 el ATA contó con 10,400 mdp. Sin embargo, la reducción del  monto del gasto anticorrupción no es una mala noticia en sí misma, siempre y cuando dicho monto refleje de manera objetiva el gasto destinado a este rubro y con ello evite la práctica de la simulación. En este sentido, cabe recordar que en 2018 fueron incluidos en el ATA programas que no tenían una relación directa con el combate a la corrupción, como por ejemplo “Servicios de educación y postgrado” de la Secretaría de Educación Pública o el programa “Acciones complementarias para mejorar las Sanidades” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  

El ATA 2021 nos deja ver que 3 dependencias son centrales en el combate de la corrupción, pues concentran el 90% de este gasto: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) participa con 1,504.7 millones de pesos (45% del ATA), seguido por la SFP con 1,116.3 mdp (34% del ATA) y, en tercer lugar, la UIF con 170 mdp (5% del ATA). 

En la versión de 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue la dependencia que acumulaba el mayor porcentaje de participación con el 21%. Sin embargo, en la edición 2021 no fue incluida. Lo que resulta un retroceso, porque buena parte de las denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción son hechas por esta entidad. 

El ATA también mostró el poco presupuesto asignado a  la Fiscalía Anticorrupción (123.5 mdp). Sin una Fiscalía Anticorrupción con personal capacitado y los recursos necesarios para aportar pruebas sólidas sobre delitos de corrupción, la impunidad seguirá siendo una realidad en nuestro país.

Si bien la reinserción del Anexo es una avance en materia de transparencia presupuestaria, es necesario continuar trabajando para fortalecer este importante instrumento. En adelante, se observa que para futuras ediciones del ATA, habrá que incluir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y también a dependencias ajenas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pero que también realizan acciones de combate a la corrupción. Asimismo, es necesario fortalecer su metodología con la inclusión de indicadores de resultados. En el mediano plazo, una gran noticia para todo el país sería replicar el ATA en las Entidades Federativas.

De manera complementaria, será muy importante involucrar al Congreso hasta lograr que se reforme la reforma de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el ATA sea un instrumento presupuestario obligatorio y permanente. 

*Investigadores de finanzas públicas en la Dirección de Desarrollo Económico y Social de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.