La lista negra y el Tribunal para los jueces

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Todas las semanas, un general del Ejército, desde Palacio Nacional, se ocupa en denostar a los jueces que se atrevieron a dictar suspensiones o sentencias que no le gustan al presidente López Obrador. 

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien es general de brigada, fue jefe de la Guardia Nacional, pero también mando de importancia en la Sección Cuarta del Estado Mayor Presidencial, se ocupa de embarnecer un listado que tiene por objeto descalificar al Poder Judicial y al mismo tiempo sembrar miedo en sus integrantes.

Es algo que sería inaudito en otra democracia, porque lastima la independencia judicial y la compromete. 

Supongo que el general Rodríguez Bucio sólo sigue instrucciones, pero flaco favor le hace a la institución que pertenece y en la que se formó con valores de lealtad institucional, pero también de defensa al sistema democrático y a la Constitución. 

Hasta antes de diciembre de 2018, los soldados no se hubieran atrevido a cuestionar las determinaciones de otro poder y mucho menos se metían en la grilla política. 

Uno de los costos de estos cinco años, es que el presidente López Obrador no sólo no regresó a los militares a los cuarteles, sino que los convirtió en un poder político y económico de la mayor relevancia. En los hechos, es probable que ya se haya revertido la tradición civilista que tantos afanes ocupó en el periodo de la posrevolución. 

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Pero la lista negra en la que puede caer cualquier juez, magistrado o ministro, solo es la punta de iceberg, pero de la que se puede apreciar el objetivo sustancial: terminar con la independencia judicial. 

De ahí que ahora el presidente anuncie una reforma para crear un Tribunal que sancione a los juzgadores. López Obrador ya no podrá intentar semejante disparate, pero es otra de las tareas que ya le encargó a Claudia Sheinbaum, aunque para lograrlo tendrían que ocurrir dos cosas: que ganen las elecciones presidenciales y que obtengan una mayoría calificada en las cámaras legislativas. 

Como han señalado algunos juristas, sería una especie de tribunal inquisitorial, e implicaría un debilitamiento de la calidad de las sentencias, porque estarían sujetas al capricho del Poder Ejecutivo. 

A ello hay que sumar la pretensión de elegir a los ministros por voto popular, idea rechazada inclusive por Loretta Ortiz, integrante del Pleno de la Suprema Corte que suele coincidir con los criterios promovidos desde la Consejería Jurídica Presidencia. 

Más allá de su evidente ilegalidad, semejantes propuestas son una ilustración de lo que podría ocurrir y de los daños que pueden causar los resultados electorales del próximo año. 

Aunque eso no esté en la boleta, los ciudadanos también van a decidir sobre si quieren mantener la división de poderes o cancelarla. 

A estas alturas debería estar claro que las decisiones de los jueces sólo pueden estar sujetas a control judicial. Es decir, se puede indagar sobre su conducta, pero no sobre sus determinaciones, en la medida en que estas no afecten al debido proceso y se apeguen a los estándares del código de ética y los de respeto a la legalidad.  

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano encargado de indagar las conductas de los jueces y magistrados y cuenta con una comisión de disciplina para hacerlo. 

El CJF funciona y además proviene de un equilibrio en el que tres de sus integrantes son designados por el Pleno de la SCJN, dos por el Senado y uno más por el presidente de la República. Sergio Molina Martínez, Eva Verónica de Gyvés, Bernardo Bátiz, Alejandro González Bernabé y Lilia Mónica López Benítez llegaron al puesto a partir de 2019. 

LAS VÍSPERAS DEL 2024

Samuel García es de nueva cuenta gobernador de Nuevo León. Lo será por tres días, porque en diciembre vuelve a su campaña presidencial. Lo que en realidad pretendía es que el Congreso del estado no nombrara a un interino, o que de plano hubiera dos. Una crisis provocada. Anoche finalmente se designó a Luis Enrique Orozco Suárez. 

Pero en los entretelones de este episodio, García y Movimiento Ciudadano olvidaron bajar los spots de campaña y en estos momentos se está cometiendo una violación grave a le ley, ya que están promoviendo a un servidor público, lo que, como señaló el líder de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, obliga a que el INE actúe de inmediato para sancionar esa conducta.

@jandradej

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