Niñas y niños: los olvidados de la política, pese a que proliferan abusos

A pesar de que la protección integral a niños y adolescentes está contemplada en la Constitución, en la ley respectiva y en tratados internacionales, proliferan casos de abuso infantil por parte de adultos, en ocasiones los padres. “La protección a la infancia está acéfala”, es el sombrío pronóstico de una especialista. 

Como no es una bandera política, la protección infantil no es valorada, se queja otro entrevistado. Si supieran los políticos que mantener a los infantes a salvo es una inversión redituable, según estudios de UNICEF, tal vez le darían otra revisada a sus cálculos para el presupuesto. 

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Los números detrás del presupuesto retratan la realidad de esta problemática. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, invirtió sólo mil 72 millones de pesos en la protección de niñas y niños durante los seis años que duró su administración, un monto tres veces menor a lo que costó el avión presidencial (219 millones de dólares o 3 mil millones de pesos al tipo de cambio de 2012) .

A través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno peñista gastó anualmente 4.6 pesos (.23 centavos de dólar) por cada menor de edad que habita en el país. Esta cantidad es inferior a la inversión que el organismo aconseja realizar para atender con cierto nivel de calidad la vulneración de los derechos de las niñas y niños en México, incluyendo violencia en el hogar, violación y abandono.

De acuerdo con los cálculos de UNICEF, se requieren 2 mil 487 millones de pesos anuales para proteger y atender al sector más vulnerable de la población, el 30 por ciento de la población, o 15 mil millones en un sexenio. 

Si el gobierno mexicano hubiera querido invertir en su infancia, tendría que haber destinado 64.9 pesos por cada niño año tras año (UNICEF lo calcula 57.28 pesos por menor de edad), pero aún con las estadísticas que indican que cada dos días un menor es asesinado a manos de su familia, en sus hogares o por maltratos, el gobierno de Peña Nieto invirtió anualmente sólo el 7% de lo sugerido por el organismo internacional. 

Desde ese entonces el gobierno federal carece de programas eficaces para prevenir y atender el maltrato infantil. El Congreso muestra intenciones laxas de fortalecer la ley para proteger a la infancia (existe desde 2014). De Hacienda no sale un presupuesto que mejore el panorama. En los estados tampoco hay interés visible. Mientras tanto, el maltrato infantil afecta, según estimaciones del Instituto Nacional de Pediatría (INP), al menos al 10% de cualquier población pediátrica, y así miles de niños han sido asesinados.  

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Está el caso del padre que deja caer una pesada piedra sobre la cabeza de su hijo de ocho años, mientras duerme. El de la madre que golpea a su niña de un año hasta robarle el aliento, la menor tenía Síndrome de Down. Y la del padrastro que avienta a una alberca a su hijastra de tres años hasta que se ahoga. Todos ellos reportados por la prensa mexicana. 

Las historias se repiten en cada uno de los 32 estados. Está la madre que en Zacatecas le inyectó a su hijo thiner y raticida, el padrastro que violó a su hijastro tantas veces que le causó la muerte en Oaxaca y el padre que asesinó a sus tres hijos a martillazos en Yucatán. 

Infografía: Connectas 

Pese al panorama, en el país no hay acciones preventivas ni operativas que eviten el maltrato contra los menores y tampoco para evitar que éste llegue a su última fase: el homicidio. 

DESINTERÉS POLÍTICO Y ECONÓMICO

Hay al menos un millón 48 mil niñas, niños y adolescentes que son víctimas de agresiones y violencia en el país, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que realizó la Secretaría de Salud Federal en 2016, y que están en riesgo de perder la vida. 

“La violencia infantil no tiene relevancia políticamente y, en consecuencia, tampoco económicamente”, reconoce Ricardo Bucio, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Este desinterés se refleja también en la administración actual. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo los etiquetados para atender a los menores desde la Secretaría de Gobernación –SIPINNA– y la CNDH, mientras que, a la Secretaría de Salud, por medio del DIF, le aumentó menos de un millón de pesos. Esto se traduce en una reducción del 4% del presupuesto para atender la violencia contra la infancia. 

Según las estimaciones de UNICEF, si se logran prevenir o reducir las secuelas de la violencia contra los niños y niñas, aunque fuera en un 30 por ciento, la inversión anual tendría un retorno de más de 200 por ciento, superior a cualquier proyecto de infraestructura en el país. 

Tan solo el Aeropuerto costará 41 veces el presupuesto mínimo para apoyar a la infancia que sugiere UNICEF. El presupuesto en pro de la infancia de este 2019 representa sólo el 6.2% de lo que el organismo internacional aconseja invertir anualmente. 

Los casos registrados por EMEEQUIS en las entregas anteriores demuestran cómo la falta de interés en los tres niveles de gobierno tienen repercusiones fatales en la vida de menores de edad. 

Desde la omisión ante un pedido de auxilio de la única Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia autónoma para el caso de Landon, pasando por la falta interés y coordinación entre autoridades de dos estados en el caso de Diana Mía, hasta la vulneración sistemática de los derechos de una niña que se vuelve madre y que termina siendo homicida como en la historia de Paloma.

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Esa falta de acción no es casualidad. En el país no hay una institución que tenga la suficiente autonomía, presupuesto y capacidad para atender los casos en los que las niñas y niños ven violados sus derechos, aún con los avances en materia legislativa. 

En 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA) con la que México se compromete a ver a los menores como sujetos de derechos y no de protección. Ahí se estableció que todas las autoridades tienen la responsabilidad de preservar sus vidas de manera digna. Pese a su entrada en vigor, la atención a la problemática no ha sido foco de interés.

Las justificaciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno sobre el desinterés en la infancia van desde la falta de presupuesto, poco personal y cero autonomía, hasta respaldarse bajo la ley que, dicen, no los obliga a actuar (solo los invita).

“Históricamente, a las autoridades no les ha interesado porque los niños no votan y quienes votan son los principales agresores: sus familiares”, asegura Ariel Maldonado, quien aspiraba a convertirse en 2018 en el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF. El abogado especializado en casos de sobrevivientes de abuso sexual, no obtuvo el cargo luego pues revivió el tema de la acusación en su contra por secuestro, de la cual fue absuelto en 2008. 

NADIE ASUME LA RESPONSABILIDAD

Al Hospital Pediátrico Legaria en la CDMX llegó una niña de tres años con una herida grave en la cabeza y la mano derecha completamente carbonizada. La madre afirmó que accidentalmente se le cayó la televisión encima y que, inmediatamente, hubo un corto circuito que le provocó la quemadura en la mano. 

Un agente del Ministerio Público acudió al llamado de los doctores que no encontraron relación entre la versión de la madre y las heridas, sin embargo, el agente determinó que no había maltrato y la menor regresó a casa con su madre. 15 días más tarde la niña volvió al hospital con nuevas heridas. No sobrevivió. 

La historia la narra María Teresa Sotelo, quien era presidenta de Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil, una de las pocas organizaciones que atendían directamente el maltrato y que impulsaban cambios legislativos en pro de los pequeños. Hoy está inactiva por falta de apoyo gubernamental.

Para ella esa historia representa cómo el desinterés y la falta de capacitación en todos los niveles gubernamentales cuesta vidas. 

Durante los 20 años en los que trabajó el tema detectó que había cero pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la atención integral del maltrato infantil, incluyendo capacitación de ministerios públicos y personal de salud. La historia se ha repetido los últimos años. 

“La infancia es un tema desierto, vulnerable. Nadie interviene, todos se lavan las manos, no hay presupuestos, no hay programas, no hay modelos. La infancia está acéfala”. 

En una revisión a los programas de la Secretaría de Bienestar, EMEEQUIS encontró que existe el programa “Pensión para adultos mayores”, el “3X1 para migrantes”, el de “Atención a Jornaleros Agrícolas”, pero ninguno que mire a los menores de edad en el país.

En el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ocurre lo mismo. Es un ente asistencialista que atiende a poblaciones en situación de vulnerabilidad como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, pero en el área de menores de edad no tiene la capacidad de intervenir directamente en casos de maltrato.

Sobre el tema, en el registro histórico de este organismo, solo encontramos que en octubre de 2014 se realizó un simposio llamado “maltrato” donde se reflexionó sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. No más. 

Otro ejemplo es el del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 de la Secretaría de Salud, en donde tampoco se consideró el combate al maltrato ni se apela a la preservación de la vida. El Programa para esta nueva administración aún no ha sido publicado.

PRESUPUESTO A CUENTAGOTAS

Las tres dependencias federales que, según la ley, deben liderar la lucha contra el maltrato a partir de sub áreas comparten las mismas trabas: falta de autonomía y poco presupuesto. 

SIPINNA, que recibe presupuesto de SEGOB, teóricamente debe encargarse de establecer instrumentos de protección a los derechos de este grupo de población, pero los recursos que recibió en tres años fueron solo de 147 millones de pesos, el equivalente al 0.2% del desfalco del priista Javier Duarte a Veracruz. 

Nueve de cada 10 pesos que recibió alcanzaron sólo para pagar las remuneraciones a su personal.

“Aunque sí hay recursos no son suficientes para tener un sistema estadístico completo, para tener las procuradurías de cada municipio o para tener las políticas públicas de atención a la infancia”, reconoce Ricardo Bucio, titular de SIPINNA.

En el caso de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), que tiene entre sus atribuciones defender jurídicamente a los menores que han visto violentados sus derechos, el último presupuesto que le asignó la administración peñista fue de 93 millones de pesos, para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo incrementó un millón de pesos. 

Mientras que la coordinación para atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes de la CNDH pasó de recibir 13 millones en 2018 a sólo 7 millones en el primer año de gobierno de AMLO.

Sobre el tema, Rosalba Valencia (Morena, Veracruz), presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la Cámara de Diputados, dijo que “desafortunadamente las condiciones económicas por las que pasa el país impactan en todas las áreas y ésta es una”.   

Sobre si en las próximas reuniones de la Comisión que preside hay alguna propuesta para que desde la Cámara se impulse el combate al maltrato infantil por medio del fortalecimiento presupuestal, dijo que no tenían ni iniciativas ni puntos de acuerdo ni exhortos contemplados. 

A penas el 2 de octubre pasado, la Cámara aprobó por unanimidad un dictamen que incorpora el concepto de violencia infantil en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. La propuesta provino de Martha Elisa González Estrada del PAN y pasará a manos de la Cámara de Senadores. Sin embargo, este cambio en la Ley no garantiza que el problema se atienda de fondo. 

Asimismo, está pendiente la propuesta de otra diputada panista, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, quien propuso modificar el artículo 423 del Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal. La iniciativa aún no se vota. 

EL OLVIDADO DERECHO A LA JUSTICIA

En el Estado de México, el lugar donde ocurren la mayor cantidad de homicidios de niños a manos de sus familiares, se crearon en 2015 las Agencias del MP para la atención de menores dentro de las Fiscalías Especializadas a la atención de delitos vinculados a la violencia de género. 

Kenya N., perito del área, reconoció que “el personal nunca alcanza para este tipo de temas”, y que desde la agencia han detectado que no hay sistemas de prevención activos, en cambio, en el país se lucha contracorriente para tratar de resolver las consecuencias sociales y salubres que tiene el maltrato. 

A su área de trabajo llegan todos los días niños desnutridos, con niveles de ansiedad extremos, así como pequeños con enfermedades de transmisión sexual: VIH, papiloma humano, hepatitis. 

“Hay niños que vienen con maltrato crónico y mueren a consecuencia de eso, pero también hay quienes con un solo episodio de maltrato terminan muertos. Siempre hay características físicas, psicológicas y sexuales que dejan rastro de la violencia que han vivido”, dice la especialista. 

El sistema judicial en México aún no ha adaptado sus procedimientos de operación para generar mecanismos amigables de acceso a la justicia para menores de edad y tampoco hay una institución que pueda representar y proteger a los niños que ven violentados sus derechos, explica Leonardo Mier, oficial nacional de Protección a la Infancia de UNICEF.

El acceso a la justicia, reconocen los especialistas, es nulo cuando la víctima es menor de edad y es asesinado. 

En la legislación vigente la responsabilidad de defensa recae en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), un modelo que tentativamente debe replicarse en los 32 estados y cada uno de sus municipios. Pero este ente no es autónomo y se limita a intervenir cuando alguna otra dependencia se lo solicita. 

De acuerdo a la respuesta a una solicitud de información, la Procuraduría recibió 857 reportes de maltrato infantil de diversas entidades federativas entre 2016 y el primer semestre de 2018. Sin embargo, aunque la ley marca la obligación del ente de darle seguimiento a los reportes para así garantizar la restitución de derechos a los afectados, dijo que solo canaliza los casos a los DIF locales y estos, a su vez, dan aviso a los Ministerios Públicos de ser necesario. No ha hecho ningún seguimiento. “Cada estado tiene plena autonomía para emitir leyes que regulen sus acto en el ámbito de su competencia”, reportó.

En entrevista con esta revista digital, Martha Yolanda López Bravo, Procuradora, desconoció tener reportes de maltrato hasta el primer semestre de este año. También dijo que no era de su competencia coordinar las medidas de protección con autoridades de todos los niveles cuando hay maltrato en el entorno familiar como lo marca la ley.

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“En materia de acceso a la justicia no giramos medidas de protección porque eso lo hace el Ministerio Público, esa encomienda la tienen ellos”, declaró.

—¿En su administración hay algún interés por investigar la problemática? —se le cuestionó.

—Lo que pasa es que no tenemos ninguna base que nos diga que podemos… Vamos, no podemos investigar nosotros sobre el maltrato —responde la funcionaria. 

—¿Por qué no? 

—Porque no es competencia de nosotros. 

Actualmente en la agenda legislativa de Morena está impulsar un cambio en la Ley para que esta Procuraduría goce de autonomía y pueda defender jurídicamente los intereses de los menores de edad. 

En octubre de 2018 el diputado Marco Antonio González Reyes, de Morena, ingresó una propuesta en este sentido, pero en febrero de 2019, antes de que se analizara, la retiró. La razón, a decir del personal de la oficina del diputado, es que había un impedimento presupuestal para concretarla, pero que planea volver a subirla al pleno antes de que termine el año. 

Legisladores miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez consultados dijeron que los tiempos políticos no favorecen poner el debate en las necesidades de la niñez ni en una Procuraduría autónoma, porque no existen las condiciones en el país para que opere de forma óptima. 

“Lamentablemente la Procuraduría estaba reducida a entregar despensas y a hacer labores de rescate, cuando debería servir  para impulsar que las instituciones habiliten las políticas públicas para atender los derechos de la infancia. Ahora las cosas pueden ser diferentes, parece que hay un interés. Nos toca a nosotros vigilar”, dijo la diputada de Morena Aleida Alavez, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. 

¿POR QUÉ INVERTIR EN LA INFANCIA?

La inversión en la infancia, en específico la prevención y atención al maltrato, previene el desarrollo de otros problemas sociales más graves que también se traducen en gastos al gobierno, estima UNICEF.

Entre esos costos derivados está el brindar la atención médica a los menores a quienes se les han provocado lesiones, así como la atención a largo plazo de las consecuencias físicas y psicológicas –incluyendo enfermedades mentales, depresión, intentos de suicidio y adicciones– que trae consigo el maltrato. 

Pero además, también hay otras consecuencias que tienen repercusiones en el desarrollo de una sociedad como el incremento de la población en situación de calle y la comisión de delitos. 

En el Estudio de factores de riesgo y victimización de Reinserta para adolescentes infractores se establece que las experiencias adversas en la infancia, entre ellas el maltrato, sí tienen una relación con la comisión de delitos: quienes más traumas tienen inician su vida delictiva más jóvenes. 

Como ejemplo, Gael, un joven que cumple una condena de cinco años por un homicidio que cometió a los 17 años. De pequeño vivió golpes y agresiones psicológicas de sus padres, fue abusado durante años por su hermano, quien lo violó cuando cumplió 10. Dejó la escuela y comenzó a robar, luego a consumir drogas. Un día uno de sus amigos intentó violarlo y Gael lo mató a golpes.

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“Al principio yo quería quitármelo de encima, pero era tanto mi coraje, porque él era mi amigo, había mucha confianza, yo le ayudé muchas veces, y yo sentía todo mi cuerpo lleno de coraje, yo sabía que lo estaba matando, no sé cómo explicarlo, no quise parar”, da cuenta el testimonio recopilado por la AC.

El maltrato, dicen los especialistas, no ocurre una sola vez ni para la víctima ni para la sociedad, se replica cual eco generación tras generación con consecuencias para todos. 

Quien sobrevive a él vive con huellas indelebles que afectan todo su entorno de múltiples formas, para quien muere solo hay una certeza: ausencia de justicia, falta de interés, olvido. 

Habría que voltear a ver a otros países que sí abrazan los beneficios de invertir en su infancia, invita Leonardo Mier de UNICEF, entre ellos Cuba, Chile, Inglaterra. “Esto tiene que ser una política nacional”. 

Cuba, uno de los países con menor índice de maltrato infantil, tiene el programa “Educa a tu hijo” con el que el Estado trabaja de la mano con las familias para fortalecer las capacidades parentales y así desarrollar niños saludables. O “Chile crece contigo” con el que personal del Estado hace visitas a las casas para detectar cuando hay un niño en situación de vulnerabilidad e impulsan la crianza positiva.

“Tenemos que darnos cuenta de que la muerte de una niña o un niño es responsabilidad de todos. Cuando uno de ellos es asesinado así, nosotros también somos culpables”, recuerda Esmeralda Bedolla, la abuela de Diana Mía, la niña de cinco años que murió a manos de su padrastro.

@alecrail