Opacos en Covid: 21 estados no transparentan sus contratos de la pandemia

EMEEQUIS.– Con la llegada del Covid-19, el gobierno federal y los estatales abrieron la cartera para atender la emergencia sanitaria, privilegiando las adjudicaciones directas, con el pretexto de la pandemia. Esta premura ha abierto la puerta a irregularidades y posibles actos de corrupción en muchas de las adquisiciones de bienes y servicios.

Apenas un puñado de estados han transparentado las contrataciones que han hecho con motivo de la pandemia: la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas han hecho un esfuerzo por abrir sus contratos. 

De acuerdo con el monitoreo de “Sana Vigilancia” realizado por Transparencia Mexicana y Tojil, organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad, 21 entidades del país se siguen manejando en la opacidad, se trata de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, responde a EMEEQUIS que las entidades con “mayor riesgo de corrupción” por opacidad son las que no publican ninguno de los contratos realizados, como las 21 entidades mencionadas, pero en las 11 que ya publican, también puede haberlo.

Señala que las adjudicaciones directas se han convertido en una práctica, aun cuando no se trate de algo relacionado con emergencia sanitaria

“Aunque las contrataciones de suministros médicos son las que más atención tienen durante la pandemia, hay muchas otras contrataciones de obras y servicios que se están adjudicando de forma directa sin que necesariamente estén vinculadas con la emergencia. Las consecuencias de la opacidad son muchas: sobreprecios, vigilancia limitada en el ejercicio de los recursos, falta de fiscalización de Contralorías y falta de vigilancia del Legislativo”.

Esta revista digital ha dado cuenta de algunas adjudicaciones con irregularidades, incluso en gobiernos que publican sus contratos. En Chihuahua, cuyo gobernador es Javier Corral, se dio el caso de una empresa que cambió de giro para obtener asignaciones: pasó de vender computadoras a insumos médicos, aprovechando la contingencia. O empresas “vetadas” por esta administración, como las farmacéuticas Pisa y Maypo, que siguen obteniendo contratos. 

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Eduardo Bohórquez señala que el riesgo de corrupción es mayor en gobiernos que no publican. Foto: Cuartoscuro.com

SÍ CUMPLEN, PERO A MEDIAS  

Respecto al análisis de los gobiernos que sí hacen públicas las contrataciones de alguna manera, Bohórquez indica que en algunos casos la información es deficiente y confusa.

“Creemos que la mayor debilidad de quienes han iniciado la publicación de contratos es que no existe un estándar común para la publicación de los mismos. Eso significa que algunos estados publican bases de datos (Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Sinaloa), otros publican una relación en formato PDF (Nuevo León, Guanajuato, Puebla) o imágenes no descargables (Zacatecas)”.

Además, la información o datos que se publican sobre los contratos que presentan los estados no son los mismos, por lo que Transparencia Mexicana está trabajando en un estándar de información o datos para que se cumpla cabalmente con lo que establece la Ley General de Transparencia.

“El mecanismo de seguimiento #SusanaVigilancia no califica entidades federativas. Lo deseable es que los gobiernos transparenten sus contrataciones mediante tres formatos: una relación completa de todas las adquisiciones realizadas durante el periodo en una sola base de datos que incluya lo que la Ley General establece como obligación de transparencia; que los datos estén abiertos mediante una API (software); que los contratos completos se publiquen en PDF. Un sistema de contrataciones abiertas incluye los tres formatos”.

NO HAY IMPEDIMENTO

En estos meses se han exhibido contrataciones a empresas que han sido señaladas por presuntos actos de corrupción, como algunas de las farmacéuticas que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, serían vetadas.

Nunca es deseable que una empresa con historial de corrupción sea contratada. Sin embargo, mientras una autoridad no sancione con la inhabilitación una empresa, esta se encuentra en pleno derecho de concursar, resalta Bohórquez.

“Por esto Transparencia Mexicana ha insistido en que la prevención no es suficiente. Si la red de corrupción, que incluye empresas o empresas fantasma, no ha sido plenamente identificada y cada una de esas empresas sancionadas, la red no ha quedado desmantelada”.

Este martes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que destapará a empresas fantasma, también denominadas factureras: “La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más”.

Investigaciones como “La Estafa Maestra” han revelado que recursos fueron desviados a través de contratos a una red de empresas fantasma que operó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Bohórquez exhibe que las adjudicaciones directas, los sobreprecios y hasta las denuncias de posibles malos manejos están ocurriendo en el gobierno federal, pero también en las entidades federativas, y que no hay todavía un gobierno que despunte por una buena aplicación de los recursos durante la pandemia.

“Tardaron semanas en habilitar micrositios especializados y empezar a informar sobre el manejo del dinero público. El problema de legitimidad es que el tan anunciado contraste entre los gobiernos emanados de Morena y el resto de los partidos todavía no llega. El desempeño promedio es deficiente”.

DEUDA Y APOYOS

Transparencia Mexicana y Tojil también están realizando un seguimiento sobre la adquisición de deuda pública y apoyos en cada gobierno estatal, que tiene como objetivo la recuperación económica.

Hasta el momento han encontrado que, en deuda pública, nada más los gobiernos de Jalisco y Guanajuato han publicado datos sobre los recursos, los cuales suman financiamientos por más de 11 mil 550 millones de pesos.

“Muchos estados se están endeudando. El gobierno federal también está contratando deuda. El punto importante para asegurar que los recursos se destinen a ese fin es que el tamaño, objeto y propósito de la deuda sea público y los instrumentos de gasto también. El riesgo de desvío de deuda es mayor cuando no se reconoce su existencia o no se publica en un sitio especializado para seguir la pandemia”.

La combinación de contracción económica, violencia y un proceso electoral para 2021 presenta una ocasión única para un incremento en la corrupción. Hay el mismo número de empresas y menos contratos públicos; discrecionalidad en el manejo del gasto; necesidades enormes por parte de las comunidades; un incremento en la inseguridad y en los retos del Estado para enfrentarla. Es el análisis nada positivo de Transparencia Mexicana.

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“Todos estos son factores que amplían la posibilidad de que la corrupción crezca. Y hay un agravante: pese a los anuncios sobre cambios en el control de la corrupción, todavía no hay una sola sentencia de un juez para los integrantes de una red de corrupción y los activos desviados por estas redes todavía no han sido recuperados. Seguimos donde empezamos este sexenio, pero con muchos más riesgos, derivados del contexto que la crisis económica y la pandemia han generado”.

Por último, sólo cuatro entidades han transparentado los créditos entregados o por entregar a empresas como apoyo económico. Coahuila indica que ha dado alrededor de 800 millones de pesos, Puebla sobre 540 millones, Sonora por 185 millones y Zacatecas unos 70 millones.

@ptcervantes